Cabildos deben sesionar abiertos al público, al menos una vez bimestralmente

Debido al incumplimiento de los Ayuntamientos a algunas de las disposiciones establecidas en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, ahora ya están obligados a celebrar, por lo menos, una sesión de Cabildo Abierto bimestralmente en los términos que dispone el referido ordenamiento legal.

Y en un plazo de 10 días siguientes de haberse celebrado, tendrán que remitir a la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, Gestoría y Quejas del Congreso del Estado, una copia digitalizada de las actas levantadas para que se lleve un registro interno de las mismas.

Dicho registro será con la finalidad de tener un respaldo o una fuente informativa de las sesiones de Cabildo Abierto que se realizan, sin que ello implique la intromisión o vulneración a las facultades constitucionales del municipio libre, o que se interprete como un medio coercitivo para el cumplimiento de los acuerdos que se levanten en las respectivas sesiones.



Este fin de semana entró en vigor la reforma a los artículos 29 y 30 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, con la finalidad de armonizarla con la Ley Estatal de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto.

Por lo que en un plazo no mayor a los 60 días naturales, los Ayuntamientos deberán realizar las adecuaciones a sus Reglamentos Municipales.

La reforma se sustenta en que en la Ley Estatal de Participación y el Gobierno Abierto se encuentran reconocidos como mecanismos de participación ciudadana: la audiencia pública, el Cabildo en sesión abierta, y la asamblea vecinal. Asimismo, la citada Ley dispone diversas obligaciones a los Ayuntamientos para hacer efectiva la implementación de estos mecanismos; sin embargo, actualmente las y los Ediles no están cumpliendo con lo dispuesto en este ordenamiento legal.



Con las nuevas disposiciones se podrá fomentar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto y de esa manera, contribuir a garantizar que los ciudadanos expresen, manifiesten y debatan sus ideas e inconformidades ante sus representantes populares y formen parte de la toma de decisiones en sus respectivos municipios.