Elementos de la Policía Federal detuvieron a Héctor Manuel Oyarzabal Hernández, alias "El Héctor", presunto integrante de la "Familia Michoacana" y encargado de las plazas de Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco y Ozumba en el Estado de México.
En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal informó que los hechos ocurrieron la víspera en las inmediaciones de la calle Francisco I. Madero, colonia Casco San Juan, Municipio de Chalco, donde se detectó la presencia de gente armada, por lo que se procedió a realizar un operativo.
En ese lugar además de Manuel Oyarzabal fueron detenidos sus cómplices Marco Vinicio Díaz Ramírez, la "Bruja" ; Rogelio Andrés Peñaloza Solórzano, el "Roger"; Reyez Quiroz Miranda, el "Gafe" , Ignacio Rodríguez Velázquez, José Camacho Solorio, Galberto Pérez Sánchez y Cristobal Espejel Soto.
Estos sujetos se encargaban de suministrar droga al narcomenudeo, realizaban secuestros y extorsiones a los comerciantes de la zona y algunos de ellos se desempeñaban como sicarios al mando de Oyarzabal Hernández.
A los detenidos se les decomisaron nueve armas largas, tres cortas, dos escopetas, cargadores de diversos calibres, cientos de cartuchos para diferentes armas, cinco vehículos, dos motocicletas y dos juegos de placas entre otras cosas.
De acuerdo con las investigaciones, "El Héctor" es presunto integrante de la organización delictiva denominada "La Familia Michoacana" y era el jefe de las plazas de los municipios de Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco y Ozumba en el estado de México.
De acuerdo con los primeros reportes, la captura de los siete sicarios se efectuó sin realizar un sólo disparo, luego de que agentes federales implementaron un operativo al detectarse la presencia de hombres armados.
Los detenidos y todo lo asegurado fueron trasladados a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en la ciudad de México, para integrar la averiguación previa correspondiente y deslindar responsabilidades.
En las próximas horas, el agente del Ministerio Público Federal tomará declaración a los ocho detenidos y determinará su situación jurídica, por lo que podrían ser arraigados o bien consignados a diferentes penales.