Caso contra Jueza Angélica es débil, no podrán mantenerla presa, advierten

La titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), Jaqueline Sáenz Andujo, afirmó que el proceso penal 297/2023 carece de elementos para mantener a la jueza Angélica “N” con prisión preventiva.

Al señalar arbitrariedades en la detención de la autoridad jurisdiccional local, la funcionaria federal alertó “de un uso faccioso del sistema”.

“La orden se libera alrededor de las 2 y media de la mañana y a las 7 y media de la mañana ya se está ejecutando. Esto nos habla de una carpeta de investigación que se armó en pocos días y además con muy poco sustento por lo que hemos podido tener de información y que además preocupa (…) Hay toda una serie de eventos no investigados, gravísimos, de feminicidios, de desapariciones, de muchos delitos más y digamos todas las fuerzas institucionales están dedicadas a perseguir a la jueza de la manera más expedita posible”, criticó.



Mencionó que la Jueza sí tenía un amparo que impedía su aprehensión, lo que fue pasado por alto el pasado viernes por los elementos que la privaron de la libertad en la Ciudad de México.

“Antes de ejecutar la orden de aprehensión va el Ministerio Público y solicita al juez una orden de aprehensión señalando que no han localizado en su domicilio a la jueza, que no acudió a comparecer a una citación que tuvo el 12 de junio y refiriendo que además sabían que estaba en la Ciudad de México. Básicamente lo que aduce el Ministerio Público es que hay un riesgo de fuga”, detalló.

No hay pruebas de “moches”



Añadió que la Fiscalía General del Estado (FGE) no pudo probar que la jueza Angélica “N” haya recibido “moches” de parte de Itiel “N”, como lo afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la acusación actual en su contra se basa en haber citado mal el número de otro amparo que el “Compa Playa” ya había obtenido para ser liberado.

La titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos afirmó que el proceso penal 297/2023 carece de elementos para mantener a la jueza Angélica “N” con prisión preventiva.

Lo anterior, al revelar que en la audiencia del pasado viernes la Fiscalía citó como base para la acusación penal el procedimiento administrativo que el Consejo de la Judicatura le inició a la ahora acusada, argumentando que su “falta grave” fue citar mal un amparo que había conseguido Itiel “N” contra la retención de la que estaba siendo objeto en el penal de Ramos Arizpe, Coahuila.



En entrevista, Sáenz Andujo recordó que dictar un auto de no vinculación a proceso conlleva como consecuencia la libertad inmediata y sin dilación de ningún tipo. En el caso de Itiel “N”, alias “Compa Playa”, reveló que la propia Jueza hizo hincapié en la audiencia del 3 de junio que este contaba con una suspensión de plano contra la retención de la que estaba siendo objeto, por lo que no podían seguirlo manteniendo preso.

“Significa que cuando tú presentas ese amparo, con una serie de elementos te otorgan una suspensión que significa que hagan cumplir esa orden y que te den tu libertad. Entonces tenían estas 2 vías, por un lado, la no vinculación y por otro el amparo del propio imputado.

“La Jueza hace constar esta situación. Dice que es el 623/2023 y en realidad es el 627/2023, es decir, es un error de citación y lo que la Fiscalía dice es que en realidad ella hizo esta actuación de dar fe de algo que no era y que eso le conlleva a pensar que presionar tanto por la libertad de Itiel ‘N’ es un tráfico de influencias”, enfatizó.



Es decir, las mismas acusaciones “graves” que contiene el expediente administrativo iniciado por el TSJ es lo que contiene la carpeta de investigación, al no haberse encontrado elementos de que hubiera recibido dinero de parte de la defensa de “Compa Playa”, como lo acusó García Jiménez.

“El Gobernador ha insistido en esta parte, lo ha hecho con comentarios al aire. Eso tampoco está en las imputaciones que le hacen –a la Jueza– y me parece de la mayor gravedad que se atreva a hacer estas aseveraciones que son muy graves para una honorabilidad de la juez.

“Es una cuestión que no está ni mínimamente presente ni de manera indiciaria este supuesto acto de corrupción, este supuesto soborno que pudo hacer pasado. En realidad la Jueza actuó en cumplimiento de esos mandamientos y todo está documentado”, dijo.



Hay arbitrariedades

Sáenz Andujo recalcó el señalamiento de diversas arbitrariedades en la detención de la autoridad jurisdiccional local y alertó “de un uso faccioso del sistema”.

“La orden se libera alrededor de las 2 y media de la mañana y a las 7 y media de la mañana ya se está ejecutando. Esto nos habla de una carpeta de investigación que se armó en pocos días y además con muy poco sustento por lo que hemos podido tener de información y que además preocupa (…) Hay toda una serie de eventos no investigados, gravísimos de feminicidios, de desapariciones, de muchos delitos más y digamos todas las fuerzas institucionales están dedicadas a perseguir a la jueza de la manera más expedita posible”, criticó.



Mencionó que la jueza sí tenía un amparo que impedía su aprehensión, lo que fue pasado por alto el pasado viernes por los elementos que la privaron de la libertad en la Ciudad de México.

“Antes de ejecutar la orden de aprehensión va el Ministerio Público y solicita al juez una orden de aprehensión señalando que no han localizado en su domicilio a la jueza, que no acudió a comparecer a una citación que tuvo el 12 de junio y refiriendo que además sabían que estaba en la Ciudad de México. Básicamente lo que aduce el Ministerio Público es que hay un riesgo de fuga”, añadió.

La jurista alertó sobre el asedio del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la fiscal Verónica Hernández Giadáns y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre para obligar a los jueces veracruzanos a no cumplir con los amparos de juzgadores federales, lo que quedó evidenciado no sólo en el caso del otorgado a Itiel “N”, sino a la propia Jueza, que al tener la protección federal no podía ser detenida y, sin embargo, ahora está en prisión.



“Tan es así que en violación a una suspensión de una orden federal de amparo también es que la privan de la libertad y no respetan la suspensión que protegía su libertad. Lo que vemos es un asedio judicial muy fuerte y una preocupación de verdad respecto a la independencia judicial pero también respecto a lo que valen las decisiones institucionales de los jueces federales”, enfatizó.

Finalmente, agregó que hasta el momento, únicamente han sido los abogados de la juzgadora los que han podido tener contacto con ella, no así su familia a quienes advirtieron que la podrán ver hasta dentro de unos 20 días, al ser de nuevo ingreso.

“Es un derecho y en la medida que son visitadas también se evitan actos de otras arbitrariedades, es importante la visita también por eso”, dijo.