Causa revuelo nueva red de empresas “fantasma” en Veracruz; usaron a personas humildes

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiga a una empresa “fantasma” denominada Blunderbuss que se constituyó utilizando a personas de escasos recursos en Poza Rica, Veracruz, y que está relacionada a sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y a la red de prestanombres que creó el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

Según revela una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador retomó una investigación contra Blunderbuss que quedó trunca durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Dicha empresa fantasma fue utilizada por Odebrecht “para triangular 6 millones 112 mil dólares entre bancos de Panamá, la isla de Antigua, Estados Unidos y México”.



Además, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga a otras 11 empresas “fantasma” registradas en Poza Rica y en Naranjos, relacionadas con Blunderbuss con la que compartían socios, representantes y apoderados legales.

Los “socios”, “fundadores” y “accionistas” de estas empresas son en realidad prestanombres, personas de escasos recursos que trabajan como empleados de gasolineras y viven en casas humildes, en calles sin pavimentar.

De hecho, una visita de campo a Poza Rica, por parte del SAT, que ejecuta dicha indagatoria de la mano de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que el domicilio de Blunderbuss es inexistente. Además, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad halló vínculos de dicha compañía con prestanombres ligados al Gobierno de Veracruz, en ese entonces con Javier Duarte al frente.

El primer indicio del fraude lo trazó la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León, que envió al domicilio de Blunderbuss la notificación de que la empresa había sido incluida en una simulación de operaciones, dándole 30 días para responder. Al no existir respuesta el SAT la boletinó dentro del listado de empresas “fantasma”.

Lo anterior, aún cuando en 2017, Blunderbuss cobró una transferencia de 3 millones 754 mil dólares provenientes de dos empresas offshore, que Odebrecht utilizó para el pago de sobornos.

Blunderbuss comenzó a recibir recursos desde 2009, cuando se transfirieron 2 millones 358 mil dólares a través de la panameña Constructora Internacional del Sur, y que Odebrecht usaba para ocultar sobornos con la intermediación de Banorte y Credicorp de Panamá y The Bank of New York.

Entre 2010 y 2011 Blunderbuss recibió 2 millones 3 mil 918 dólares y 1 millón 750 mil dólares, con el uso de otra empresa fachada: Research Engineering and Development, con la triangulacion de Credicorp, Monex y Meinl Bank Antigua.

Aunque en el gobierno de Enrique Peña Nieto se abrió una investigación, esta quedó trunca.

Esto pese a que el SAT obtuvo una relación de los movimientos financieros de Blunderbuss con las empresas arriba citadas, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores elaboró un informe de la cuenta alojada en BBVA Bancomer con el número 172268949, además de los testimonios de irregularidades de Blunderbuss con el Seguro Social y la Unidad de Análisis Financiero.

Con el nuevo Gobierno, Hacienda desempolvó la indagatoria y localizó en Poza Rica un domicilio de Blunderbuss y de una empresa ficticia ligada a dicha compañía. De acuerdo con la investigación, Blunderbuss “opera” desde una calle sin pavimentar, banquetas destruidas y con amplios traspatios en la colonia.

Ambas empresas cuentan en común con apoderados legales, socios e inversores.

Es el caso de Plinio Roldan Lecona Arguelles, apoderado de Blunderbuss, y a su vez es el supuesto socio de Accelerator Company de México, y en el mismo caso, la hermana de Plinio: Aender Lecona, propietaria de Damorsa Company de México.

Plinio además es comisario en el acta constitutiva de Outsized Co. de México, otra incluida en la lista de empresas fachada. Además de Aender, Clorinda Idania e Ivanhoe, todos hermanos de Plinio que se incluyeron como accionistas en las actas constitutivas de Adding Machine, Bathymetru Co., Minesweeper Company y Outsized Company de México. Todas identificadas en la red de simulación de operaciones.

Sin embargo, los hermanos Lecona no son potentados o inversionistas, sino que todos son de escasos recursos y residen en la lejana colonia Las Valentinas, en Poza Rica.

Además, Plinio Roldán, fuera de las actas constitutivas, es en realidad empleado en una estación de gasolina. Su “socio” en Blunderbuss es un vendedor de Seguros en Papantla, de nombre Santiago Castellanos Estrada.

Lo peor del escándalo, es el uso de palabras en inglés de grado peyorativo para bautizar a las empresas.

Castellanos Estrada, es dueño en actas constitutivas de Taskmistress Company. "Taskmistress" es una mujer que impone una carga de trabajo a otra persona.

En Taskmistress, también es socio Omar Gaytán Hernández, que es vecino de los Lecuona en Las Valentinas.

Otra de las empresas fantasma con nombres hilarantes es Bloodsuckers Company de México S.A. de C.V., que se traduce como "Chupasangres". La compañía de papel es propiedad de Omar Gaytán y de su vecino Miguel Ángel Rivera Pérez. Los dos con domicilio en Las Valentinas.

Una empresa más es PLC Servicios, incluida en la lista negra del SAT, y que tiene como accionista a al contador público Enrique del Carmen Pacheco Orta, que a su vez, es representante legal de tres de las empresas ligadas a Blunderbuss.

Mientras que "otro" representante legal de Blunderbuss es José Raúl Terán Medina, que a su vez es apoderado de SWT de México y IECL de México, que igual ocupan puestos en la lista de empresas fachadas.

Con sus dueños en lo más pobre de Poza Rica, en cuya colonia carecen de asfaltado y drenaje, cuatro de las empresas citadas recibieron pagos por 192 millones 597 mil pesos entre 2013 y 2018 por concepto de limpieza de inmuebles.

El mayor contrato lo asignó el ya investido Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, el 28 de diciembre de 2017, por 140 millones de pesos, a PCL Servicios.

En mayo y agosto de 2018, se otorgaron tres ampliaciones a dicho contrato por 31 millones 334 mil pesos adicionales para sumar 172 millones 302 mil pesos.

La licitación que dio ganador a PCL no estuvo nada complicada, ya que otro de los concursantes fue de IECL, que también forma parte de la red de corrupción.

Además de que contrató empresas fantasma, la Comisión federal de Electricidad pagó servicios fantasma a Adding Machine, IECL y SWT, por siete contratos con un monto de 13 millones 283 mil pesos entre 2015 y 2018.

La auditoría reveló que los servicios de supervisión de limpieza en instalaciones de la CFE jamás se ejecutaron.

Ni siquiera el SAT se salvó de la red de empresas fantasma: en 2013, el 13 de diciembre, pagó 3.7 millones de pesos por servicios de limpieza a PLC Servicios, arriba citada y en la lista negra de empresas fachada.