Entre el gremio transportista la cancelación de las fotoinfracciones por parte del gobernador Javier Duarte de Ochoa causó beneplácito, por las afectaciones económicas que representaban para los conductores, sobre todo para quienes se dedican a la prestación del servicio público de pasajeros.
Víctor Murueta Fernández, presidente de la Organización de Trabajadores Transportistas del Estado de Veracruz-CNOP y Miguel Ángel Aguilar Garduño, secretario general de la Federación Revolucionaria de Organizaciones Sindicales del Estado de Veracruz (FROSEV), coincidieron en señalar que es una situación que beneficia a todos los transportistas veracruzanos, pero que deben estar pendientes de que los agremiados acaten las disposiciones establecidas en la materia.
Entrevistados por separado los dirigentes transportistas estatales señalaron que las fotomultas tenían un fin: preservar el que no hubiera accidentes, el que se condujera con más pericia, el que tuvieran más cuidado y no rebasar los límites de velocidad; que eso trae consigo preservar la vida, principalmente, preservar la salud. Y sí, efectivamente, en este tiempo hubo menos accidentes.
“Hay que halagar a la autoridad que tomó la decisión de quitar algo que había nacido para el fracaso, porque estaba afectando la economía de todos, particularmente de los taxistas”, señaló Aguilar Garduño, quien descartó que la medida sea electorera, sino que el Ejecutivo del Estado tomó la decisión al escuchar una exigencia de los ciudadanos, que estaban ya inconformes con la aplicación de esta medida.
Señaló que en Xalapa la gente es más tranquila, pero en Veracruz Puerto vimos que la gente ya estaba pintarrajeando las cámaras y algunas de ellas fueron derribadas en protesta por su aplicación. “Yo creo que era el sentir del pueblo y que fue una decisión bien tomada”, puntualizó.
A su vez, Murueta Fernández mencionó que la finalidad de las fotomultas era buena, pero la forma en que se aplicaba no era la adecuada, específicamente en materia de transporte en la modalidad de taxi.
Explicó el porqué de su aseveración: “a los concesionarios, como obligado solidario, nos hacían responsables del actuar de los choferes, luego entonces, qué es lo que pasaba, los choferes eran los que cometían las infracciones y los concesionarios las pagaban”.
¿Cuál era la sanción que se le aplicaba al chofer?, se preguntó.
“Única y nada más, por parte del concesionario, exigirle o pedirle el pago de su fotoinfracción. Muchas veces en lugar de pagarla abandonaban la unidad, dejaban el trabajo, o simplemente renunciaban a su actividad como choferes de taxi”.
Ante esta situación, el único recurso que quedaba a los concesionarios, es que a través del programa de Registro Estatal de Conductores (REC), creada por la Secretaría de Seguridad Pública, se subía al sistema boletinando el chofer que no pagó su infracción, que se fue y abandonó su trabajo, para que en el momento de realizar un trámite de renovación o canje de licencia ante la Dependencia de inmediato fuera detectado y se le reservara el derecho de realizar dicho trámite.
Insistió en que la aplicación de las fotomultas era buena, porque preservaba la cordura en cuanto al manejo y por consiguiente que bajara el índice de accidentes automovilísticos.
Ahora, indicó por último, se tendría que analizar en una mesa de trabajo, al menos en materia de transporte público, implantar programas de capacitación a los choferes para que les puntualicen y tengan plena conciencia qué es lo que pueden provocar al manejar en exceso de velocidad.