Ciudades Judiciales salieron “carísimas” a Veracruz; ORFIS critica proyecto

Para la titular del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), los contratos de Asociación Público Privadas (APP) que realizó el Poder Judicial para la Construcción de las Ciudades Judiciales son “extremadamente caros” y por ello deben de ser renegociados, además que para la revisión de las Cuentas Públicas de 2021 ya están “descalificados” por esta razón.

La auditora general Delia González Cobos afirmó que la revisión de los contratos comenzará en 2022, ya que este año comenzaron a pagarse dichas obras, las cuales calificó de “onerosas y carisísimas”.

“Lo que sí es que la verdad de entrada hay una descalificación para esto que vimos que estaba ahí la cuestión del recurso; yo creo que eso es muy oneroso para el estado, es todo un tema el de las ciudades judiciales.

“Ya están ahí los contratos elaborados y habría que ver, tendría que hacerse una modificación a la Ley para que modifiquen a la vez esos contratos, pero sí, el Poder Judicial es tema que va a dar mucho todavía”, adelantó la Auditora General en una reunión con integrantes de la organización Otero Ciudadano.

Hay que recordar que el pasado 27 de julio la propia magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Isabel Romero Cruz, solicitó al Congreso del Estado su autorización para modificar los contratos de Asociación Público Privada de las ciudades judiciales.

Se pudo corroborar que en algunos casos la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura plantea aumentar o incluso reducir los plazos de dichos contratos que fueron autorizados por la pasada LXIV Legislatura.

Este viernes la Auditora General explicó que las ciudades se construyeron a partir de la Ley de Asociaciones Público Privadas, lo que permite a quienes elaboran los edificios mostrar que “aparentemente están cumpliendo”.

“O sea, la Ley estuvo hecha y qué pena que esto haya ocurrido, la Ley estuvo hecha para que esto se hiciera de esta manera: un costo elevadísimo de unos edificios que albergaron los juzgados carisísimos porque las ciudades se construyen sin que el gobierno dé un peso; el gobierno empieza a pagar ya una vez que están entregados estos edificios.

“Eso resulta extremadamente caro, este año empiezan a pagarse esas ciudades judiciales y lo vamos a revisar el próximo año a ver cómo están pagando”, adelantó.

En la LXIV Legislatura de Veracruz se autorizó al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, entonces presidido por Edel Álvarez Peña, la construcción de 17 ciudades judiciales mediante APP.

Los contratos podrían ascender hasta los mil 301 millones 622 mil pesos, más IVA, en un plazo de 300 meses. Desde entonces, distintas observaciones el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) determinó que, si bien se avaló la construcción de 17 ciudades judiciales, el Poder Judicial se autorizó por su cuenta 21 proyectos en total.

En su Cuenta Pública de 2019 el órgano también detectó anomalías por 85 millones 514 mil 709.98 en el gasto del fideicomiso maestro de los proyectos.

Incluso el pasado 03 de agosto el presidente, Andrés Manuel López Obrador dijo que se debe investigar los contratos de Asociación Público Privada para la construcción de las ciudades judiciales considerando que en gobiernos anteriores se caracterizaba por comprometer el presupuesto con la iniciativa privada mediante contratos “leoninos”.