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Sección: Estado de Veracruz

Colectivos reprochan a ayuntamiento de Orizaba criminalización de Araceli Salcedo

En boletín de prensa del municipio se afirma que la Policía Federal no reconoce el servicio de protección personal de la activista

Roc?o Arroyo C?rdoba, Ver. 07/05/2016

alcalorpolitico.com

Colectivos de Familiares de Desaparecidos y organizaciones observadoras de la Brigada Nacional de Búsqueda de Familiares, reprocharon la criminalización y revictimización de la activista Araceli Salcedo, en el comunicado difundido por el ayuntamiento de Orizaba, respecto a la intervención de elementos de la Policía Municipal denunciada como acto de hostigamiento.

Y es que en el boletín de prensa del gobierno orizabeño, no sólo se describe la revisión realizada por los elementos, sino también se afirma que la Policía Federal, así como la Secretaria de Gobernación, no tienen identificado, no reconocen el servicio de protección personal, señalamientos que son calificados como falsos por las organizaciones de activistas.

En un comunicado dirigido al presidente municipal de Orizaba, Juan Manuel Díez, las organizaciones recriminaron “se hace público el esquema de protección de la defensora indicada y, se añaden hechos falsos, como la supuesta portación de armas largas por parte de sus acompañantes”.



Araceli Salcedo, integrante de la Red de Enlaces Nacionales, madre de la joven Fernanda Rubí, desaparecida, tiene medidas de protección ministeriales federales, a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación federal, otorgadas conforme a los procedimientos correspondientes, previstos en la normatividad aplicable, en cuyo caso no es obligación de la beneficiaria comunicar a ninguna instancia tales medidas.

Ante esta situación, las organizaciones observadoras hicieron un llamado a las autoridades federales para verificar la información difundida por el ayuntamiento de Orizaba, pero también a cesar las revisiones “rutinarias” que violan las disposiciones convencionales constitucionales y no se apegan a los protocolario en la materia, así como a los derechos humanos de los ciudadanos.