Colegio de Abogados de Orizaba pide reactivar juzgados, pese a pandemia

De manera formal el Colegio de Abogados de Orizaba Altas Montañas, pidió a la presidenta del Consejo de la Judicatura, Sofía Martínez Huerta, que se reactive por etapas la actividad en los juzgados pues no se está tomando como esencial la impartición de justicia.

A través de un escrito, los litigantes que pertenecen a este colegio, afirmaron que con suma preocupación aprecian la inactividad jurisdiccional, sin dejar de considerar el riesgo que corren tanto los empleados como quienes acuden a los tribunales.



Y aun cuando no se está dando el trato de función esencial a la impartición de justicia, es evidente que esta obligación del Estado en términos de los artículos 1, 5, 8 y 17 constitucional debe atenderse como tal, a efecto de mantener la estabilidad y paz social.

Por lo cual los abogados expresaron que con el objeto de restablecer el orden jurídico, en cuanto la contingencia lo permita y tomando las medidas necesarias de sanitización, en forma paulatina, se propone como una primera etapa que se reinicien las actividades en los juzgados y tribunales a puerta cerrada con el objetivo de abatir el rezago.

En una segunda etapa, reactivar la intervención de los justiciables, ejercitando acciones o impulsando los procesos ya radicados. En una tercera etapa se consideraría la celebración de audiencias programadas, atendiendo a la naturaleza e importancia del proceso a efecto de mantener el menor número de personas en los juzgados.



De igual forma exponen que en una cuarta etapa se reactive la función jurisdiccional en forma ordinaria.

Y es que externaron la necesidad de que en cada juzgado operen dos secretarias de acuerdos: una par y otra non como en otros estados, a efecto de agilizar los procesos y evitar el rezago.

Así como impulsar las plataformas digitales, con el propósito de que aquellos procesos que así lo ameriten puedan ser gestionados por esta vía sin dejar atrás la digitalización de los expedientes con el cual se evitarían aglomeraciones en los juzgados.



Finalmente los litigantes dejaron en claro a través de ese escrito, que el ejercicio profesional de los abogados como cualquier otra actividad productiva, está atravesando por una situación económica deplorable, por lo que con la oportuna intervención, independientemente de que se cumpla con la función de los poderes que representa, permitiría al gremio soslayar los problemas sociales que se avecinan.