18 de febrero de 2022
alcalorpolitico.com
Desde hace más de diez años había habido quejas y protestas por la ampliación del puerto de Veracruz, pero las preocupaciones y los argumentos de oenegés y ciudadanos de a pie cayeron sobre escritorios sordos ante funcionarios mudos. Hasta que se descubrieron las trampas.
Durante ese tiempo – y quizá más – las autoridades federales y estatales dejaron que quienes administran el negocio portuario hicieran lo que querían en nombre de un desarrollo que destruye lo que toca. Limitadas por leyes deficientes que les impiden actuar por iniciativa propia, las instituciones que debían proteger el ambiente del estado y del país hicieron como que hacían y a lo más terminaron invocando la letra de la ley sin pensar en su espíritu. No podían intervenir porque siempre había un fuero o había otro: los problemas ecológicos siempre son asunto de otro.
La ampliación del puerto pone – o puso – en riesgo la existencia de más de doscientas especies de alga, cuarenta y tantas especies de esponjas, ochenta y cuatro especies de corales, trescientas treinta y nueve especies de moluscos y ciento cuarenta especies de crustáceos, doscientas cincuenta y seis especies de peces, diez especies de reptiles y ochenta y un especies de aves. Y a la ciudad misma, que sacrificaría la riqueza de su fauna y su flora marinas a cambio de que llegaran más barcos. Es la historia de siempre.
Pedazos de pinches arrecifes
Erick Manuel Suárez Márquez, que habla como presidiario y fue presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio en Veracruz, aseguró hace diez años que la primera etapa del proyecto de ampliación del puerto iba a crear veinte mil empleos directos y sesenta mil indirectos, además de facilitar la instalación de maquiladoras.
"Los ambientalistas no están viendo que, si no tenemos la ampliación, la ciudad se acaba automáticamente", dijo Suárez Márquez entonces. "Se están peleando por un pedazo de pinche arrecife que, muerto o vivo o moribundo como está, hay que sacrificarlo". Cuatro años después, la ampliación del puerto había logrado crear cuatro mil empleos.
Más que la exageración de las cifras, lo que tendría que preocuparnos es que el proyecto y quienes lo financiaron hicieron una trampa que duró hasta el jueves pasado, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales violentó el derecho a un ambiente sano porque no atendió toda la información científica disponible sobre las consecuencias ecológicas de las obras de ampliación portuaria.
El truco empresarial fue dividir el proyecto en decenas de pequeñas partes, para que se evaluaran los impactos ambientales por separado y no en su totalidad, explica Teresa de Miguel en El País. "Para la ampliación del puerto se presentaron un veintena de manifestaciones diferentes: la construcción del rompeolas, las calles de acceso, la excavación del fondo del mar...".
La historia no termina ahí, no tiene por qué terminar ahí. Habrá nuevos escándalos porque hay escándalo donde hay dinero, y en el puerto (en el que hay y en el que quieren hacer) hay mucho dinero. La secretaría de Medio Ambiente, que dejó pasar los estudios inutilizados por la SCJ, tiene ahora que presentar un estudio de impacto integral, "con la mejor información existente", es decir: hacer lo que no hizo. Los tramposos suspendieron la obra por el momento. Ya seguirán. Lo que está hecho es el daño. Y nadie fue ni es ni será responsable.
Desde el balcón
Desde entonces, parte del mensaje presidencial mañanero a la nación se dedica a descalificar a Loret, piensa uno en el atardecer que tiene brisas de primavera. Que si es esto o es lo otro, que si le paga quién y cuánto, que si fue y que si vino, y que hizo o dejó de hacer tal o cual. Y la cosa no avanza. Al contrario, el encono se hace más intenso y hace más grande al periodista.
La molestia presidencial es intensa. Tanto, que López Obrador cometió el desliz de anunciar que pediría a la secretaría de Hacienda información sobre las finanzas personales de Loret. Eso no se hace, admite uno entibiado por la malta, porque no está a la altura del Ejecutivo de la Nación, y porque quien no piensa como uno no es necesariamente enemigo. Criticar al Presidente no es delito ni atenta contra la seguridad nacional.
Pero no todos somos Loret, como quiere el eslogan. Aunque la solidaridad con el periodista atacado – apunta Jorge Zepeda Patterson – también implica una suerte de identificación con los valores y las actitudes que él defiende, "hay una diferencia sustancial" entre quien critica los abusos de un soberano contra quienes lo critican y quien adopta como suyas las críticas de la oposición.
"Lo dicho, frente a esto no cabe sino rehuir los hashtags todos somos Loret y todos somos Obrador y los que vengan en camino", sugiere el columnista, "y comenzar a pensar en otra vida pública en la que quepan incluso los que no piensan igual que nosotros". Eso sería sano, piensa uno mientras anochece. Pero ya no hay de eso.
Durante ese tiempo – y quizá más – las autoridades federales y estatales dejaron que quienes administran el negocio portuario hicieran lo que querían en nombre de un desarrollo que destruye lo que toca. Limitadas por leyes deficientes que les impiden actuar por iniciativa propia, las instituciones que debían proteger el ambiente del estado y del país hicieron como que hacían y a lo más terminaron invocando la letra de la ley sin pensar en su espíritu. No podían intervenir porque siempre había un fuero o había otro: los problemas ecológicos siempre son asunto de otro.
La ampliación del puerto pone – o puso – en riesgo la existencia de más de doscientas especies de alga, cuarenta y tantas especies de esponjas, ochenta y cuatro especies de corales, trescientas treinta y nueve especies de moluscos y ciento cuarenta especies de crustáceos, doscientas cincuenta y seis especies de peces, diez especies de reptiles y ochenta y un especies de aves. Y a la ciudad misma, que sacrificaría la riqueza de su fauna y su flora marinas a cambio de que llegaran más barcos. Es la historia de siempre.
Pedazos de pinches arrecifes
Erick Manuel Suárez Márquez, que habla como presidiario y fue presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio en Veracruz, aseguró hace diez años que la primera etapa del proyecto de ampliación del puerto iba a crear veinte mil empleos directos y sesenta mil indirectos, además de facilitar la instalación de maquiladoras.
"Los ambientalistas no están viendo que, si no tenemos la ampliación, la ciudad se acaba automáticamente", dijo Suárez Márquez entonces. "Se están peleando por un pedazo de pinche arrecife que, muerto o vivo o moribundo como está, hay que sacrificarlo". Cuatro años después, la ampliación del puerto había logrado crear cuatro mil empleos.
Más que la exageración de las cifras, lo que tendría que preocuparnos es que el proyecto y quienes lo financiaron hicieron una trampa que duró hasta el jueves pasado, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales violentó el derecho a un ambiente sano porque no atendió toda la información científica disponible sobre las consecuencias ecológicas de las obras de ampliación portuaria.
El truco empresarial fue dividir el proyecto en decenas de pequeñas partes, para que se evaluaran los impactos ambientales por separado y no en su totalidad, explica Teresa de Miguel en El País. "Para la ampliación del puerto se presentaron un veintena de manifestaciones diferentes: la construcción del rompeolas, las calles de acceso, la excavación del fondo del mar...".
La historia no termina ahí, no tiene por qué terminar ahí. Habrá nuevos escándalos porque hay escándalo donde hay dinero, y en el puerto (en el que hay y en el que quieren hacer) hay mucho dinero. La secretaría de Medio Ambiente, que dejó pasar los estudios inutilizados por la SCJ, tiene ahora que presentar un estudio de impacto integral, "con la mejor información existente", es decir: hacer lo que no hizo. Los tramposos suspendieron la obra por el momento. Ya seguirán. Lo que está hecho es el daño. Y nadie fue ni es ni será responsable.
Desde el balcón
Desde entonces, parte del mensaje presidencial mañanero a la nación se dedica a descalificar a Loret, piensa uno en el atardecer que tiene brisas de primavera. Que si es esto o es lo otro, que si le paga quién y cuánto, que si fue y que si vino, y que hizo o dejó de hacer tal o cual. Y la cosa no avanza. Al contrario, el encono se hace más intenso y hace más grande al periodista.
La molestia presidencial es intensa. Tanto, que López Obrador cometió el desliz de anunciar que pediría a la secretaría de Hacienda información sobre las finanzas personales de Loret. Eso no se hace, admite uno entibiado por la malta, porque no está a la altura del Ejecutivo de la Nación, y porque quien no piensa como uno no es necesariamente enemigo. Criticar al Presidente no es delito ni atenta contra la seguridad nacional.
Pero no todos somos Loret, como quiere el eslogan. Aunque la solidaridad con el periodista atacado – apunta Jorge Zepeda Patterson – también implica una suerte de identificación con los valores y las actitudes que él defiende, "hay una diferencia sustancial" entre quien critica los abusos de un soberano contra quienes lo critican y quien adopta como suyas las críticas de la oposición.
"Lo dicho, frente a esto no cabe sino rehuir los hashtags todos somos Loret y todos somos Obrador y los que vengan en camino", sugiere el columnista, "y comenzar a pensar en otra vida pública en la que quepan incluso los que no piensan igual que nosotros". Eso sería sano, piensa uno mientras anochece. Pero ya no hay de eso.