Desde hace casi tres años, a raíz de la ejecución en marzo de 2020 de la periodista María Elena Ferral Hernández cuando salía de una notaría de Papantla, debieron encenderse las alertas en Palacio de Gobierno por la presencia del crimen organizado en la región del Totonacapan. Sin embargo –quisiéramos creer que por negligencia y no por complicidad–, las autoridades estatales y federales se han visto omisas para actuar.

Ferral había informado personalmente a funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) del despojo de ranchos y terrenos que en esa región del centro-norte de Veracruz venían realizando miembros de grupos criminales en contubernio con fedatarios de esa circunscripción.

Inclusive, el 6 de abril de ese año, al comparecer en calidad de “testigo” Pedro Manuel Martínez Castillo, delegado de la Fuerza Civil de la cuarta región con sede en Papantla, ante el Fiscal Especializado en Delitos Electorales y en Delitos Contra la Libertad de Expresión, Lauro Ramos Olmos, el jefe policiaco refirió precisamente que en una ocasión la periodista lo llevó a Tecolutla con unas personas a las que les habían quitado sus ranchos, y que una de ellas –cuyo nombre no pudo recordar– le mostró la que fue su propiedad.
 

“Nos dijo ‘ese rancho era mío, pero un abogado junto a un Notario me lo quitó y nos tienen amenazados’. Pero es la forma de operar en aquella zona, falsifican papeles con un Notario y se quedan con los ranchos”, declaró el funcionario de la SSP.
 
Hace menos de tres semanas, el viernes 23 de diciembre pasado, fue “levantado” en un centro comercial de Poza Rica el comandante de la Policía Municipal de Espinal, Luis Quinto Lorenzo, cuyo cadáver apareció desmembrado ocho días después. ¿En ese lapso no pudieron dar con su paradero y rescatarlo con vida?

Dos días antes, la madrugada del miércoles 21 de diciembre, desconocidos ingresaron al área de Tajín Chico e incendiaron la membrana geotextil que cubría el edificio de los murales, causando un daño irreparable al Patrimonio Cultural de la Humanidad, reconocido así por la Unesco desde 1992. La zona arqueológica es custodiada por un destacamento de la Guardia Nacional, cuyos elementos no se percataron del ingreso de los criminales que prendieron fuego al material plástico que quedó derretido sobre las pinturas elaboradas por los totonacas.


Y ayer, el diario La Jornada –el más afín al obradorismo– publicó un texto firmado por su corresponsal Eirinet Gómez, titulado “La mano del crimen organizado, hasta en los tamales”, en el que se consigna que “la compraventa de hoja de maíz, en torno a la cual gira la economía de los municipios indígenas de Coxquihui, Coyutla, Chumatlán, Espinal y Filomeno Mata, entre otros ubicados en la sierra del Totonacapan, en el norte de Veracruz, se ha convertido en los dos años recientes en una fuente de ingresos para la delincuencia organizada”.

Según investigó la periodista, “a cada comercializador del producto le exigen una cuota de 70 mil pesos por cosecha y un impuesto adicional de mil 500 pesos por cada tonelada que vendan a la semana”.

Precisó que tan sólo en el municipio de Espinal, la principal actividad agrícola es la siembra del maíz hojero que abarca 5 mil 670 hectáreas. Le siguen la naranja, con mil 35 hectáreas, y el limón, con 519, según registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2019.