La Unidad para la Transformación de los Congresos (UTRAC) de Transparencia Mexicana acaba de publicar un informe preliminar en el que consigna que el 84 por ciento de los mil 739 legisladores del país, de un total de mil 741 –pues al momento del análisis solamente había dos vacantes: uno en el Senado y otro en el Congreso de Oaxaca– no publicó, testó, ocultó o reservó ilegalmente su declaración de intereses, lo que impidió conocer si participan en empresas, organizaciones sindicales o tienen clientes en el sector público o privado.

De acuerdo con este reporte, a nivel nacional no existe un solo órgano legislativo federal o estatal en el que el 100 por ciento de sus integrantes cumplan con este ordenamiento legal.
El Congreso de Aguascalientes, con 41 por ciento de sus legisladores, es el que más cumple con la declaración de intereses. Le siguen la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (33%) y el Congreso de Quintana Roo (24%).

En contraste, en 18 Poderes Legislativos –Veracruz, Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quinta Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas– no fue posible conocer los intereses de sus miembros, aun cuando Transparencia Mexicana revisó las cuatro plataformas habilitadas para obtener esa información: Plataforma Nacional de Transparencia, Plataforma Digital Nacional, el sitio oficial de cada Congreso y la Plataforma Digital Estatal, en los casos que cuentan con una.


Transparencia Mexicana advierte que lo anterior es violatorio de la ley, ya que fija el 31 de mayo como fecha límite para que presenten o publiquen su declaración patrimonial y de intereses. Además, puntualiza que cuando no se hace pública información que permita conocer si un legislador participa en empresas, sociedades, fideicomisos, organizaciones sindicales o tiene clientes en el sector público o privado, se incrementa el riesgo de conflicto de interés durante su mandato.

La organización invitó a los órganos de gobierno de los congresos federal y locales a contribuir para que se presente, publique y abra este tipo de información, como lo instruye el marco legal vigente.

“En democracia, es indispensable saber si un legislador está defendiendo su interés personal, o el de un grupo de interés, o el interés de la ciudadanía. Para saber si las y los legisladores tomarán una decisión poniendo por delante el interés público o su interés personal, es indispensable que se presente y publique un listado exhaustivo de sus intereses. Este es el mecanismo mínimo para poder prevenir y evitar potenciales conflictos de interés en las decisiones públicas del país”, sostuvo.


Conocer los intereses de los diputados locales es relevante porque casualmente en Veracruz, entre marzo de 2021 y octubre de 2022, se dio una fuerte confrontación pública entre el líder del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, y la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, que se tambaleó al ventilarse que presuntamente favorecía a uno de los despachos de auditores externos que pertenece a un familiar político cercano.

Primero, el coordinador del grupo legislativo de Morena acusó de corrupción a los auditores del ORFIS que fiscalizan las cuentas públicas de los ayuntamientos, pero seis meses después, el 7 de septiembre de 2021, durante la sesión foránea en Córdoba, Gómez Cazarín insistió en el tema. “Desafortunadamente abajo hay empleados que te puedo decir que tienen un sueldo de 20 mil pesos y tú los ves con carros de medio millón de pesos, de 600 mil pesos; es imposible”, soltó el diputado oriundo de Hueyapan de Ocampo.

“Lo que pasa es que se aprovechan de esta temporada para limpiar a municipios y hacer acuerdos y luego les dejan toda esta tierra a los diputados y es totalmente falso”, declaró el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local.


La maestra González Cobos respondió que compartía la preocupación de Gómez Cazarín pero negó tajantemente que existieran prácticas deliberadas de corrupción en el ORFIS.

“Que nos digan cuáles son y nosotros vamos a investigar directamente. Cada vez que yo he recibido alguna queja, alguna denuncia, cada vez que me dicen de algo irregular que está haciendo el personal, yo misma, yo directamente estoy atenta a eso: a que no se preste a ninguna mala interpretación y que no se realice ninguna conducta indebida y que por supuesto cualquier situación que nosotros detectemos nosotros presentemos las denuncias a que haya lugar”, afirmó.
 
Posteriormente, entrevistada durante una sesión solemne del Congreso local, la titular del ORFIS declaró que el señalamiento de la supuesta corrupción en contra de sus auditores podría ser un asunto imaginario. “Eso no lo hace el ORFIS, eso es parte de la imaginación de algunas personas, pero no ocurre”, sostuvo.


La confrontación escaló cuando se filtró un audio que circuló en redes sociales, en el que presuntamente se escuchaba a Gómez Cazarín amenazar a la presidenta municipal de San Andrés Tuxtla, María Elena Solana Calzada, con una auditoría por supuestamente no darle obras a sus constructoras.
 
El diputado negó su autenticidad. “Por mucho que quieran imitar mi voz, no les va a dar, y si les da miedo que se les estén supervisando bien las cuentas, como debe de ser, no nos vamos a parar. Como ya lo dije, no somos ‘tapadera’ de nadie y de parte de Juan Javier Gómez Cazarín no se va a votar a favor de la Cuenta Pública con la que hay mucho malestar del pueblo”, dijo.

Y, en efecto, a mediados de octubre pasado, la Comisión de Vigilancia del Congreso local, presidida por el diputado de San Andrés Tuxtla, Rafael Gustavo Fararoni Magaña –un joven de 28 años de edad, muy cercano a Gómez Cazarín, su paisano– determinó que no era procedente la aprobación de la Cuenta Pública del 2021, argumentando que no había elementos suficientes para avalar la revisión que hizo el ORFIS, que en total reportó un presunto daño patrimonial de 3 mil 299 millones 356 mil 229.83 pesos.