1 de febrero de 2024
alcalorpolitico.com
En su edición impresa del jueves 23 de marzo de 2023 –fecha en que se conmemoró el 29 aniversario del asesinato del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta–, el diario La Jornada, el medio más afín al obradorismo, publicó una pequeña nota informativa perdida en la página 11, titulada “La FGR revisa el caso Aburto por acusaciones de tortura”, en la que refería que un grupo especial de agentes de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos revisaba 560 tomos de la indagatoria original para determinar si fue torturado Mario Aburto Martínez, homicida confeso del abanderado priista asesinado en la colonia Lomas Taurinas, de Tijuana, en 1994.
La revisión del caso partió, 29 años después, de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), según informaron fuentes judiciales a Gustavo Castillo García, reportero del diario capitalino, quienes le explicaron que, si se llegara a determinar que Aburto fue torturado, habrá acción penal contra los responsables, pero seguirán “vivas” las pruebas que acreditan su responsabilidad.
De acuerdo con la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Aburto declaró voluntariamente haber disparado contra Colosio. Dos días después fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Desde entonces ha permanecido en reclusorios federales, cumpliendo la sentencia de 45 años de prisión por homicidio calificado. Sin embargo, su caso entró a revisión para cumplir la recomendación de la CNDH en 2021 y subsanar las deficiencias que se hubieran presentado.
Dos años antes, en 2021, la CNDH había determinado que elementos de la entonces la Policía Judicial Federal, adscritos a la PGR, así como agentes del Ministerio Público Federal que intervinieron tanto en la detención como en las primeras diligencias ministeriales y en el traslado de Aburto al Cefereso mexiquense, incurrieron en actos de tortura en su contra, y que los médicos que intervinieron en los hechos “actuaron de forma irregular al pretender ocultar o tolerar dichos actos”.
El jueves 23 de marzo de 2023, a través de unos audios revelados por la periodista Laura Sánchez Ley, del diario Milenio, Aburto Martínez afirmó que esa noche del magnicidio había sido torturado por Manlio Fabio Beltrones, a la sazón gobernador de Sonora, y agentes de la extinta PGR.
Manlio, quien la tarde del crimen se encontraba de gira en Hermosillo, se trasladó a Tijuana por instrucción del presidente en funciones, Carlos Salinas de Gortari. Según el testimonio de Aburto, el entonces mandatario sonorense se encontró con él en persona y lo torturó en la zona del río a altas horas de la madrugada, junto con el comandante Raúl Loza Parra.
Esta revelación se dio casualmente dos meses después de que Beltrones reapareciera en el Estado de México, donde su partido, coaligado con el PAN, PRD y el local Nueva Alianza, libraba una intensa batalla contra Morena por la gubernatura. El sonorense, exdirigente nacional priista, exlíder del Senado y de la Cámara de Diputados había asistido el 28 de enero de 2023 a la Reunión Plenaria de los Grupos Parlamentarios del PRD celebrada en Ixtapan de la Sal, donde acompañado de Alejandra del Moral, entonces precandidata de la Alianza Va por México a la gubernatura, habló de los gobiernos de coalición para enfrentar al presidencialismo.
Al sonorense se le atribuyó, aliado con el dirigente priista Alejandro “Alito” Moreno, la destitución del coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, cuyos incondicionales, entre ellos la diputada local de Veracruz, Anilú Ingram Vallines, renunciaron recientemente al partido tricolor para apoyar a Morena en la sucesión presidencial y gubernatura. El golpe al exsecretario de Gobernación del expresidente Enrique Peña Nieto –de cuyo grupo, encabezado por el gobernador Alfredo del Mazo, se rumoraba que había negociado con el obradorismo la elección mexiquense–
se consumó la noche del miércoles 22 de marzo de 2023, con la complicidad de siete de los 13 legisladores que aún poseía el tricolor, entre ellos Sylvana Beltrones, la hija de Manlio, y su compadre Manuel Añorve, el senador y exalcalde de Acapulco que sustituyó al hidalguense.
Coincidentemente, dos semanas después de su reaparición, la periodista Laura Sánchez Ley, del diario Milenio, publicó que la Fiscalía General de la República (FGR) había reabierto una indagatoria en contra de Beltrones por su presunta participación en el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.
La reportera refirió que desde el 8 de julio de 2022 la FGR había informado sobre la integración de un equipo especial de investigación y litigación para reabrir este caso y que la nueva fiscalía encargada de investigar el magnicidio estaba indagando la participación del exgobernador sonorense, muy cercano del extinto político veracruzano Fernando Gutiérrez Barrios, a cuyo lado se desempeñó como subsecretario en la Secretaría de Gobernación de 1988 a 1991, durante el salinato.
Según Sánchez Ley, cuatro testigos y abogados que fueron llamados a declarar aseguraban que las preguntas que les hicieron tendían a conocer a detalle la participación de Beltrones y su jefe de escoltas durante la presentación del supuesto homicida Mario Aburto en las oficinas de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) hacía 29 años.
No era la primera vez que la FGR presionaba a Beltrones. Ya en marzo de 2021, tres meses antes de la elección de gobernador en Sonora –que ganó el morenista Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad de Andrés Manuel López Obrador y quien como presidente del Consejo Nacional de Morena operó la designación de Claudia Sheinbaum como precandidata presidencial–, el exdirigente priista, su esposa Sylvia Sánchez y su hija, la senadora Sylvana Beltrones, fueron investigados por una supuesta cuenta de 10.4 millones de dólares en la Banca Privada de Andorra, en la que coincidentemente el exmandatario tricolor del Estado de México, Alfredo del Mazo, fue exhibido también hace cinco años por haber ocultado en 2012 una cuenta con 1.5 millones de euros en ese pequeño principado ubicado entre Francia y España.
El año antepasado, Beltrones aclaró al diario Reforma que “mi esposa y yo no tenemos cuenta bancaria alguna en Andorra” y que “jamás he depositado, transferido y/o invertido recurso alguno en ese país que, por cierto, tampoco conocemos”.
“Tengo más de 40 años de privilegio de servir públicamente. Cuando uno está en política es inevitable que le investiguen. He pasado por varias investigaciones. Sin problema. He salido de ellas con la frente en alto. No me preocupa. Cada vez que un Gobierno inicia un combate político, hay una investigación. No será la primera vez ni la última que se investiga a un político”, dijo en aquella ocasión.
Y finalizó escribiendo que investigaciones como esa, “podrían obedecer a otras intenciones en tiempos electorales”.
Ahora, para su fortuna, un juez acaba de frenar por el momento el intento de la FGR que, en año electoral, pretende revivir la teoría del “complot” y va por el “segundo tirador” en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, un ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) identificado como Jorge Antonio Sánchez Ortega, quien fue liberado por presuntas gestiones de Jorge Tello Peón y Genaro García Luna, sus jefes superiores en la citada agencia de inteligencia civil del gobierno federal.
Este lunes, en respuesta a dicha versión publicada por el diario Reforma, Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente municipal de Monterrey, le pidió a López Obrador que indulte al asesino confeso de su padre, pues señaló que “este asunto ha estado muy manoseado y no es justo para la gente, incluida la familia, que estén dando... no quiero decir falsas esperanzas, pero que estén reciclando el tema con tal de sacar una raja política”.
Y aunque apeló “a la compasión del Presidente” para que “mejor indulte a Mario Aburto” y “dé un carpetazo final, que permite que tanto mi familia como México sanemos” –pues dijo que “lo que pido es que se haga justicia, pero si no se puede hacer justicia, mínimo que se empiece con el perdón”–, el mandatario rechazó tajante conceder el indulto.
“Aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo que me pide que yo indulte (a Mario Aburto). Quiero contestar que no puedo hacerlo, sé que él ya no quiere, sus familiares, saber nada de esto que fue terrible, pero se trata de un asunto de Estado y que yo quiero, en lo que a mí corresponde, que no se deje de investigar”, expresó López Obrador durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional.
¿Acaso el tabasqueño todavía le guarda resentimiento a Beltrones porque el sonorense, como senador del PRI electo por la vía plurinominal, se negó el 1 de diciembre de 2006 a su petición de que no se presentaran los legisladores del tricolor a la toma de posesión del panista Felipe Calderón, como presidente “espurio”?
Y es que ahora, para colmo, Manlio Fabio hará campaña en Sonora como candidato a senador por el frente opositor PRI-PAN-PRD, acompañado en la fórmula ni más ni menos que por Lilly Téllez, quien llegó al Senado en 2018 invitada personalmente por López Obrador, pero decepcionada terminó renunciando a Morena para sumarse a la bancada del partido blanquiazul. Hoy es una de las principales antiobradoristas que apoya a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez.
La revisión del caso partió, 29 años después, de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), según informaron fuentes judiciales a Gustavo Castillo García, reportero del diario capitalino, quienes le explicaron que, si se llegara a determinar que Aburto fue torturado, habrá acción penal contra los responsables, pero seguirán “vivas” las pruebas que acreditan su responsabilidad.
De acuerdo con la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Aburto declaró voluntariamente haber disparado contra Colosio. Dos días después fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Desde entonces ha permanecido en reclusorios federales, cumpliendo la sentencia de 45 años de prisión por homicidio calificado. Sin embargo, su caso entró a revisión para cumplir la recomendación de la CNDH en 2021 y subsanar las deficiencias que se hubieran presentado.
Dos años antes, en 2021, la CNDH había determinado que elementos de la entonces la Policía Judicial Federal, adscritos a la PGR, así como agentes del Ministerio Público Federal que intervinieron tanto en la detención como en las primeras diligencias ministeriales y en el traslado de Aburto al Cefereso mexiquense, incurrieron en actos de tortura en su contra, y que los médicos que intervinieron en los hechos “actuaron de forma irregular al pretender ocultar o tolerar dichos actos”.
El jueves 23 de marzo de 2023, a través de unos audios revelados por la periodista Laura Sánchez Ley, del diario Milenio, Aburto Martínez afirmó que esa noche del magnicidio había sido torturado por Manlio Fabio Beltrones, a la sazón gobernador de Sonora, y agentes de la extinta PGR.
Manlio, quien la tarde del crimen se encontraba de gira en Hermosillo, se trasladó a Tijuana por instrucción del presidente en funciones, Carlos Salinas de Gortari. Según el testimonio de Aburto, el entonces mandatario sonorense se encontró con él en persona y lo torturó en la zona del río a altas horas de la madrugada, junto con el comandante Raúl Loza Parra.
Esta revelación se dio casualmente dos meses después de que Beltrones reapareciera en el Estado de México, donde su partido, coaligado con el PAN, PRD y el local Nueva Alianza, libraba una intensa batalla contra Morena por la gubernatura. El sonorense, exdirigente nacional priista, exlíder del Senado y de la Cámara de Diputados había asistido el 28 de enero de 2023 a la Reunión Plenaria de los Grupos Parlamentarios del PRD celebrada en Ixtapan de la Sal, donde acompañado de Alejandra del Moral, entonces precandidata de la Alianza Va por México a la gubernatura, habló de los gobiernos de coalición para enfrentar al presidencialismo.
Al sonorense se le atribuyó, aliado con el dirigente priista Alejandro “Alito” Moreno, la destitución del coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, cuyos incondicionales, entre ellos la diputada local de Veracruz, Anilú Ingram Vallines, renunciaron recientemente al partido tricolor para apoyar a Morena en la sucesión presidencial y gubernatura. El golpe al exsecretario de Gobernación del expresidente Enrique Peña Nieto –de cuyo grupo, encabezado por el gobernador Alfredo del Mazo, se rumoraba que había negociado con el obradorismo la elección mexiquense–
se consumó la noche del miércoles 22 de marzo de 2023, con la complicidad de siete de los 13 legisladores que aún poseía el tricolor, entre ellos Sylvana Beltrones, la hija de Manlio, y su compadre Manuel Añorve, el senador y exalcalde de Acapulco que sustituyó al hidalguense.
Coincidentemente, dos semanas después de su reaparición, la periodista Laura Sánchez Ley, del diario Milenio, publicó que la Fiscalía General de la República (FGR) había reabierto una indagatoria en contra de Beltrones por su presunta participación en el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.
La reportera refirió que desde el 8 de julio de 2022 la FGR había informado sobre la integración de un equipo especial de investigación y litigación para reabrir este caso y que la nueva fiscalía encargada de investigar el magnicidio estaba indagando la participación del exgobernador sonorense, muy cercano del extinto político veracruzano Fernando Gutiérrez Barrios, a cuyo lado se desempeñó como subsecretario en la Secretaría de Gobernación de 1988 a 1991, durante el salinato.
Según Sánchez Ley, cuatro testigos y abogados que fueron llamados a declarar aseguraban que las preguntas que les hicieron tendían a conocer a detalle la participación de Beltrones y su jefe de escoltas durante la presentación del supuesto homicida Mario Aburto en las oficinas de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) hacía 29 años.
No era la primera vez que la FGR presionaba a Beltrones. Ya en marzo de 2021, tres meses antes de la elección de gobernador en Sonora –que ganó el morenista Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad de Andrés Manuel López Obrador y quien como presidente del Consejo Nacional de Morena operó la designación de Claudia Sheinbaum como precandidata presidencial–, el exdirigente priista, su esposa Sylvia Sánchez y su hija, la senadora Sylvana Beltrones, fueron investigados por una supuesta cuenta de 10.4 millones de dólares en la Banca Privada de Andorra, en la que coincidentemente el exmandatario tricolor del Estado de México, Alfredo del Mazo, fue exhibido también hace cinco años por haber ocultado en 2012 una cuenta con 1.5 millones de euros en ese pequeño principado ubicado entre Francia y España.
El año antepasado, Beltrones aclaró al diario Reforma que “mi esposa y yo no tenemos cuenta bancaria alguna en Andorra” y que “jamás he depositado, transferido y/o invertido recurso alguno en ese país que, por cierto, tampoco conocemos”.
“Tengo más de 40 años de privilegio de servir públicamente. Cuando uno está en política es inevitable que le investiguen. He pasado por varias investigaciones. Sin problema. He salido de ellas con la frente en alto. No me preocupa. Cada vez que un Gobierno inicia un combate político, hay una investigación. No será la primera vez ni la última que se investiga a un político”, dijo en aquella ocasión.
Y finalizó escribiendo que investigaciones como esa, “podrían obedecer a otras intenciones en tiempos electorales”.
Ahora, para su fortuna, un juez acaba de frenar por el momento el intento de la FGR que, en año electoral, pretende revivir la teoría del “complot” y va por el “segundo tirador” en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, un ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) identificado como Jorge Antonio Sánchez Ortega, quien fue liberado por presuntas gestiones de Jorge Tello Peón y Genaro García Luna, sus jefes superiores en la citada agencia de inteligencia civil del gobierno federal.
Este lunes, en respuesta a dicha versión publicada por el diario Reforma, Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente municipal de Monterrey, le pidió a López Obrador que indulte al asesino confeso de su padre, pues señaló que “este asunto ha estado muy manoseado y no es justo para la gente, incluida la familia, que estén dando... no quiero decir falsas esperanzas, pero que estén reciclando el tema con tal de sacar una raja política”.
Y aunque apeló “a la compasión del Presidente” para que “mejor indulte a Mario Aburto” y “dé un carpetazo final, que permite que tanto mi familia como México sanemos” –pues dijo que “lo que pido es que se haga justicia, pero si no se puede hacer justicia, mínimo que se empiece con el perdón”–, el mandatario rechazó tajante conceder el indulto.
“Aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo que me pide que yo indulte (a Mario Aburto). Quiero contestar que no puedo hacerlo, sé que él ya no quiere, sus familiares, saber nada de esto que fue terrible, pero se trata de un asunto de Estado y que yo quiero, en lo que a mí corresponde, que no se deje de investigar”, expresó López Obrador durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional.
¿Acaso el tabasqueño todavía le guarda resentimiento a Beltrones porque el sonorense, como senador del PRI electo por la vía plurinominal, se negó el 1 de diciembre de 2006 a su petición de que no se presentaran los legisladores del tricolor a la toma de posesión del panista Felipe Calderón, como presidente “espurio”?
Y es que ahora, para colmo, Manlio Fabio hará campaña en Sonora como candidato a senador por el frente opositor PRI-PAN-PRD, acompañado en la fórmula ni más ni menos que por Lilly Téllez, quien llegó al Senado en 2018 invitada personalmente por López Obrador, pero decepcionada terminó renunciando a Morena para sumarse a la bancada del partido blanquiazul. Hoy es una de las principales antiobradoristas que apoya a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez.