LA DEUDA DE AMLO ES DE NIVELES HISTÓRICOS
Pese a la promesa de tener finanzas responsables, el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador adquirió deuda que coloca al país en niveles históricos. De ahí que cada mexicano debe 131 mil 738 pesos, esto es 17.5 % más que en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Se trata de una de las herencias de López Obrador a la presidenta Claudia Sheinbaum y con la que tendrá que lidiar en los siguientes años, así lo revela el informe Lecciones del Sexenio elaborado por la organización México Evalúa. Además, el costo de las megaobras, prioridades de AMLO, forman parte del mal manejo presupuestal, toda vez que el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles y la Refinería Dos Bocas terminaron con un sobrecosto de 673 mil millones de pesos.

El informe presentado a principios del mes de marzo explica que el sexenio de AMLO cerró con el mayor monto de deuda pública desde que se tiene registro público por parte de Hacienda, al alcanzar los 17.4 billones de pesos, equivalente a 51.4 % de la economía. Esto indica que el tamaño de la deuda que ha adquirido el Gobierno representa un poco más de la mitad del ingreso total que generó la economía durante el año 2024.
Al compararlo con la deuda pública que dejó Enrique Peña Nieto, se observa que la deuda pública se incrementó en 23% (3.2 billones de pesos) respecto a 2018. El aumento de la deuda se debe a que el Gobierno pidió más préstamos en moneda nacional, elevándose en un 45.5% (4.1 billones de pesos) frente a lo que dejó EPN en 2018.
Al hacer el ejercicio de dividir el total de la deuda pública entre la población, cada mexicano debe 131 mil 738 pesos por concepto de la deuda pública. Esto es 17.5% (19 mil 596 pesos) superior a lo que debíamos los mexicanos al cierre del sexenio de Peña Nieto, cuando se debían 112 mil 141 pesos por persona.
Publicidad: “AMLO sí endeudó al país y debilitó aún más las finanzas del Gobierno, llegando incluso a pedir más dinero prestado en el último año de su sexenio que las cuatro administraciones pasadas. Pero salió ileso: pateó el explosivo de su deuda hacia la nueva administración de Sheinbaum”, advierte el estudio presentado por la directora de México Evalúa, Mariana Campos y el investigador Jorge Cano.
Los expertos aclararon que el endeudamiento no es malo, sino que lo importante es para qué se usa. Un candado es el artículo 73 de la Constitución que obliga a que todo aquel financiamiento que solicite el Gobierno debe ser destinado a la ejecución de obras que produzcan directamente un incremento en los ingresos públicos.
Sin embargo, al comparar el déficit público al cierre de 2024 respecto al gasto de inversión física (en infraestructura) que realizó el Estado, se tiene que de cada 100 pesos de endeudamiento 53 se destinaron a la inversión física, mientras que los restantes 47 pesos a otros tipos de gasto como pueden ser el pago de intereses de la deuda o financiar programas sociales: “El sexenio de AMLO no solo estará marcado por ser uno de los que incurrió en mayores déficits o niveles de endeudamiento, sino por el mal uso que hizo del mismo, de acuerdo con el anterior principio económico. Durante todo su sexenio el gasto de inversión física fue inferior al déficit público en el que incurrió, y a medida que crecía más el endeudamiento, destinó menor proporción al gasto de inversión”, agrega el estudio.

Esto significa que el expresidente no sólo se endeudó de manera histórica, sino que al no gastar de manera proporcional en la construcción de infraestructura y ampliar las capacidades productivas del país, “sólo generó una mayor deuda con tasas de interés muy altas que ahora deberá pagar la nueva administración. Esto, a costa de frenar el gasto en sectores prioritarios y con ello arriesgar la garantía de los bienes y servicios públicos”. Como dicen los respetables analistas políticos: Ahí tienen, disfruten lo votado.
¿SE CLAVARÁN LAS AFORES?
Con respecto a la interrogante pueden suceder las dos cosas. El riesgo principal no es que se invierta en infraestructura —algo que ya ocurre—, sino que se haga sin garantías, sin consentimiento claro de los ahorradores y en proyectos cuya rentabilidad no está plenamente demostrada.
En ese escenario, el costo no lo pagará el gobierno ni los promotores de las obras, sino millones de trabajadores que podrían ver comprometido el patrimonio que construyeron durante toda su vida laboral. En México, el debate sobre el uso de los recursos de las Afores ha cobrado una nueva intensidad tras la aprobación de la llamada Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica, que permite que el gobierno le meta la mano al 30% del cajón de las Afores para financiar obras públicas.
Aunque el discurso oficial sostiene que se trata de un mecanismo para impulsar el desarrollo, la preocupación central radica en una pregunta de fondo: ¿qué sucede cuando el Estado utiliza el dinero del retiro de millones de trabajadores para financiar proyectos cuya viabilidad es altamente cuestionada?
La Suprema Corte no sólo ha dado un cheque en blanco al gobierno, sino que también podría haber abierto la puerta a la discrecionalidad y la corrupción que acompaña a las obras insignia del gobierno morenista.

Si bien en teoría estas inversiones deben cumplir criterios de rentabilidad y riesgo, en la práctica se abre un amplio margen para decisiones políticas. Por supuesto que estos mecanismos podrían permitir el uso discrecional de recursos privados sin que el Estado asuma plenamente las pérdidas en caso de fracaso.
El problema no es menor: se trata del ahorro de toda una vida laboral, cuya finalidad es garantizar una pensión digna, no financiar apuestas gubernamentales. Y esconde tras de sí uno peor: el gobierno ya no tiene dinero para seguir construyendo carreteras, hospitales, escuelas, aeropuertos, ferrocarriles, etcétera.
El riesgo central son los proyectos no rentables. Y esto debería apanicar a cualquiera. La posibilidad de que estos recursos se canalicen hacia obras cuya rentabilidad ha sido ampliamente cuestionada, como el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es casi una certeza. Especialistas advierten que, en estos casos, los rendimientos podrían ser bajos o incluso inexistentes, trasladando el costo directamente a los ahorradores. Esto implica un cambio estructural en la lógica del sistema de pensiones: el riesgo deja de ser del Estado o del inversionista institucional y recae en el trabajador.
El diseño de estos esquemas financieros plantea un problema crítico: el gobierno impulsa los proyectos, pero no necesariamente garantiza su éxito... ni se hace responsable de su fracaso.
Si una obra resulta inviable o genera pérdidas, el impacto no se absorbe en el presupuesto público, sino en los rendimientos de las Afores. En otras palabras, se socializan las pérdidas entre los trabajadores, sin responsabilidad para el gobierno.
Otro de los riesgos más delicados es la ausencia de consentimiento directo por parte de los ahorradores. A nadie le han pedido opinión si pueden usar su dinero para eso.

Aunque las Afores operan bajo regulación financiera, los trabajadores no eligen de manera individual en qué proyectos específicos se invierte su dinero. La experiencia reciente en megaproyectos ha estado marcada por cuestionamientos en materia de transparencia, sobrecostos y decisiones políticas por encima de criterios técnicos.
El dilema no es ideológico, sino técnico y ético: ¿debe el ahorro privado de los trabajadores convertirse en un instrumento para financiar proyectos públicos, especialmente cuando su viabilidad es incierta?
Parece que sí, nos volverán a saquear...
UN TEXTO INÉDITO DE ACOSTA LAGUNES
En su columna “Al Estilo Mathey”, el periodista y analista político Gustavo Cadena Mathey, nos comparte el texto de un escrito que le confió el gobernador Agustín Acosta Lagunes, el cual el periodista mantenía oculto por razones que solo él sabe. Sin embargo ayer lo hizo público y como se trata del comportamiento de un gobernador de Veracruz, de sus aspiraciones personales y de su visión de lo que es el ejercicio del poder, nosotros lo reproducimos en este espacio con el reconocimiento al compañero Gustavo Cadena por su trabajo periodístico.
Antes de entregar el poder a Fernando Gutiérrez Barrios, en noviembre de 1986, sabedor que hacía historia Acosta Lagunes me confió un texto escrito de su puño y letra, explica el periodista y pasa al texto:

“Al Palacio de Gobierno llegué con el anhelo de convertir a Veracruz en granero y yunque de la Nación. Si es cierto que para algunos políticos la lujuria es el poder, en mi caso esa lujuria ha sido, es y seguirá siendo el trabajo. Para mí, si el poder no se traduce en trabajo creador, el poder se convierte en fuerza corruptora y destructiva. El poder siempre debe ser para poder hacer mucho en beneficio de los demás.”
Y añadía:
“Si la palabra empuja, el ejemplo arrastra. Si un gobernador se construye un palacio, sus colaboradores edifican mansiones. Por eso me excedí, tal vez, en la austeridad. Quería que la voz de mi conducta fuera la guía del orden de mi administración.”
Kilométrica la diferencia entre los de antes, los del pasado y los de hoy...

REFLEXIÓN

“No vamos a permitir que en México un cartel se haga pasar por gobierno”; Marco Rubio.

Escríbanos a [email protected] | [email protected]