6 de abril de 2026
alcalorpolitico.com
Quienes presumen de conocer bien a Igor Rojí López están desconcertados de que todavía no haya renunciado a la Secretaría de Turismo, como en su momento tomó la determinación de romper con el grupo político-empresarial liderado por el exalcalde priista Juan Manuel Diez Francos, quien lo había hecho presidente municipal en el periodo 2018-2021.
Según una reseña del medio digital E-Consulta.com Veracruz, el 30 de diciembre del 2023, a través de una carta, Rojí López hizo pública su renuncia irrevocable al PRI. En esa carta no solo calificó como un partido al que le faltaba “reestructuración”, sino también, como una fuerza política donde los amigos valían más que el trabajo de la militancia.
En esas fechas –refiere esta versión periodística–, los partidos se encontraban eligiendo a quienes serían sus candidatos a las diputaciones locales, federales, senadurías y su candidato o candidata a la gubernatura. Rojí aspiraba a una candidatura plurinominal que le fue negada. “En los últimos años, el PRI, ante la falta de una total reestructuración, ha dejado de representar las demandas del pueblo y se ha dedicado prácticamente a la repartición de las candidaturas plurinominales ligadas a compadrazgos, amiguismos e intereses económicos dejando a un lado la democracia, participación e inclusión ciudadana”, afirmó en su carta.
Posteriormente, el 2 de enero del 2024, fue visto por primera vez vestido de guinda. A través de redes sociales compartió fotografías con militantes de Morena y, en ese momento, con la candidata del partido a la gubernatura Rocío Nahle. En la publicación anunciaba su bienvenida al partido fundado por Andrés Manuel López Obrador.
Su experiencia dentro de la política se extendía por más de 39 años, pero incursionó como servidor público al ser nombrado secretario del Ayuntamiento de Orizaba entre 2008 y 2010, en la primera administración de Juan Manuel Diez. En el segundo periodo como alcalde de Diez Francos (2014-2017), Rojí asumió el cargo de director de Desarrollo Humano. La relación entre ambos era tan cercana que Diez Francos le “heredó” la presidencia municipal. Si bien, tuvo que participar en una campaña, él tuvo todo el apoyo del entonces alcalde y fue así como gobernó del 2018 al 2021.
En marzo del 2024 fue postulado como candidato de la coalición PVEM-PT-Morena a la diputación local por el Distrito de Orizaba, cargo de elección popular que ganó y ejerció solamente durante cuatro meses, pues de inmediato solicitó licencia para ser nominado a la alcaldía orizabeña. Pero, en estas elecciones, Igor fue ampliamente superado por el priista Hugo Chahín Kuri, quien con el apoyo del alcalde Diez Francos obtuvo 31 mil 203 votos contra 13 mil 68 del diputado Rojí.
Una semana después de retornar a su curul en el Congreso local, cuando apenas se recuperaba anímicamente de su aplastante derrota, volvió a pedir licencia para asumir por invitación de la gobernadora Nahle la Secretaría de Turismo en sustitución de Dulce María “Nena” de la Reguera, madre de la famosa actriz Ana de la Reguera, quien le había expresado a la mandataria que dimitiría “por motivos personales”, decisión que se dio en medio de la polémica por la propuesta de fusionar las secretarías de Turismo y Cultura, y por las severas críticas a su pobre desempeño.
Rojí López lleva escasamente un año al frente de la Sectur, pero hace tres días corrió el rumor de que estaría por dimitir también luego de que, en plena temporada vacacional de Semana Santa y cuando la entidad enfrentaba una intensa campaña mediática por la aparición de chapopote en sus playas, Igor fue visto con maletas en el aeropuerto para viajar acompañado de su esposa.
El nombramiento del diputado con licencia había entusiasmado al empresariado del sector turístico, pero pronto se diluyó cuando vieron que no tenía prácticamente poder de decisión ni carácter para salir en su defensa ante algunas polémicas decisiones y políticas gubernamentales que afectaban la llamada “industria sin chimeneas”.
A principios de enero de este año, por ejemplo, miembros de la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región Cultura y Aventura AC, pidieron una audiencia con la gobernadora Nahle para dialogar sobre el fideicomiso del 2% al hospedaje, ello por el decreto que eliminó el voto del sector empresarial dentro del órgano que administra este recurso. La presidenta de la Unión de Empresarios Hoteleros Región Xalapa, María Xóchitl Guzmán Segundo, declaró que el sector había seguido con atención las declaraciones de la Mandataria estatal por lo que consideró necesario que hubiera un acercamiento con ella para hablar del tema.
Detalló que si bien es un impuesto que se cobra al huésped, en muchos casos son los propios hoteleros quienes absorben el costo y lo trasladan como parte del pago fiscal: “Creemos que sería muy importante que la Gobernadora nos reciba para platicar sobre los temas que ella tiene en mente y cómo aprovechar al máximo este recurso que generamos los hoteleros”, expuso.
Remarcó que el gremio no busca confrontarse con el gobierno estatal, sino sumar esfuerzos para mejorar la promoción turística, puesto que los beneficios impactan tanto al estado como al sector turístico. “Si le va bien al estado, nos va bien a todos. Si le va bien a la Gobernadora, nos va bien a todos. Nosotros siempre estamos dispuestos a apoyar y a trabajar para que Veracruz crezca”, afirmó.
Asimismo, expuso que este momento podía ser importante para construir acuerdos y aprovechar oportunidades, incluso cuando existan discrepancias.
“No tenemos que jalar cada quien para su lado. Tenemos que unirnos, aprovechar este momento y sentarnos a la mesa para hacer coincidir los puntos que tenemos en común”, puntualizó.
Sin embargo, en vez de recibirlos y escucharlos, la Gobernadora les respondió a través de una conferencia de prensa que el impuesto del 2% al hospedaje se había desvirtuado en administraciones anteriores, al devolverse a empresarios del ramo turístico, quienes decidían su uso. “Se había desvirtuado porque se les regresaba a los hoteleros y ellos hacían sus viajes. Yo no diré si estaba bien o mal la promoción turística, porque teníamos reportes de los primeros 10 a 15 años”, dijo Nahle, quien les advirtió que, a partir de este año, el recurso sería administrado directamente por el gobierno estatal y se destinaría de manera íntegra a promoción turística e infraestructura.
Ante esto, el sector hotelero pidió un diálogo directo con la Gobernadora para abordar el tema y escuchar la voz del gremio empresarial. Pero se desencantaron de Rojí como interlocutor, quien no sólo ha sido desautorizado públicamente por su jefa para firmar y recibir peticiones de apoyos económicos, sino hasta ser maltratado también por los miembros del cuerpo de seguridad de la Mandataria durante la Cumbre Tajín en marzo pasado.
Uno de los incidentes más bochornoso ocurrió en octubre de 2025, tras las inundaciones, durante los festejos por los 500 años de la fundación de La Antigua. Ahí, según los videos que fueron difundidos en las redes sociales, Nahle le advirtió a su secretario de Turismo que no podía firmar documentos sin su previa autorización: “No puedo repartir dinero... ya se repartió mucho en el estado... Tú no puedes firmarle a nadie si no te lo autorizo, porque si no se va a hacer aquí un relajo. Para poner orden”, le soltó la Mandataria ante la mirada atónita de asistentes y medios. En ese ejercicio fiscal, el presupuesto anual de la Secretaría de Turismo aprobado por el Congreso local fue de 509 millones 811 mil pesos.
Sus malquerientes dudan que Rojí presente su renuncia y que la Gobernadora se la acepte, pues argumentan que carga sobre sus espaldas dos pesados expedientes. Uno, es el de los pendientes que le observó el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) a su administración municipal. En 2019, le detectó presuntas irregularidades por 18 millones 525 mil 195 pesos; en 2020, el monto sin justificar según la Cuenta Pública, fue de 10 millones 59 mil 329 pesos; y en 2021 el monto observado fue de 14 millones 50 mil 329 pesos, según documentó la reportera Isabel Ortega, del portal la Silla Rota Veracruz, quien señaló que a diferencia de otros ayuntamientos y exalcaldes no existía una denuncia penal en contra de Rojí por su bronca financiera de 42 millones 634 mil 853 pesos.
Pero el otro expediente que le ventilaron en la campaña pasada por la presidencia municipal es mucho más delicado, motivo por el que, aunque su trabajo como alcalde del 2018 al 2021 le sigue siendo reconocido por los orizabeños, en esta última elección ya no le refrendaron su apoyo al ahora Secretario de Turismo. Sus contrincantes le recordaron su pasado priista y refiriéndole la existencia de una denuncia que lo involucra con un “Cártel Inmobiliario”.
Rojí López, según sus detractores, fue denunciado en el 2022 ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por presunta apropiación ilegal de un inmueble, en complicidad con otros exfuncionarios municipales, durante su gestión.
El expediente fue interpuesto por familiares del finado Ángel Pascual Bautista Bello, quienes acusan que el predio ubicado en la calle Poniente 24 colonia Santa María Tlachichilco les fue arrebatado de forma indebida mediante una red de abusos, tráfico de influencias y complicidades institucionales.
La denunciante, que es la legítima heredera tras el fallecimiento de su madre en diciembre de 2022, refirió que, al acudir en 2024 a verificar la propiedad, encontró la barda demolida y obras de reconstrucción en curso. Se supo que el cuidador de confianza, Alberto Girón Miranda, había sido desalojado violentamente por personas que se identificaron como actuarios del Juzgado Segundo de Primera Instancia, en un operativo que data de diciembre de 2021.
En este caso fueron involucrados funcionarios del sistema judicial y de seguridad pública. Entre los señalados figuran: Esthefani Campos Flores, actuaria del juzgado; Mario Arturo Guzmán García, enlace jurídico de la policía estatal; e Iván Emmanuel Diz Pérez, el juez que dictó la sentencia cuestionada. También fueron denunciados Carlos José Díaz Corrales, Arturo Jiménez Romero, Antonia Muñoz Aguilar y Rojí López.
La gravedad de la acusación no reside únicamente en el despojo individual, sino en lo que parece ser una red bien estructurada de corrupción judicial y administrativa. El abogado de la denunciante descubrió que en los juicios civiles 2894/2021 y 649/2022 se utilizaron simulaciones, incluyendo la presentación de una persona fallecida como albacea legal, lo que habría facilitado el traspaso fraudulento del inmueble.
Este modus operandi –que combina falsedades legales, abuso de autoridad y violencia– ha llevado a la denunciante a hablar de un posible cártel inmobiliario que opera en Orizaba, con conexiones en el poder político local.
En particular, señaló la posible participación de la familia Sosa Luna, cercanos al exalcalde Rojí. La exregidora Rocío Sosa Luna –que estuvo en la administración 2018-2021– fue mencionada como pieza clave en esta red. De acuerdo al expediente, se expone que los delitos imputados van desde el fraude procesal y despojo, hasta amenazas, abuso de autoridad y uso indebido de funciones públicas. La denunciante exigió una investigación profunda y transparente, por lo que advirtió que la impunidad en este caso sentaría un grave precedente sobre el uso del aparato judicial como herramienta de despojo patrimonial.
¿Procederán contra Rojí, quien actualmente no tiene fuero legislativo por haber solicitado licencia a su cargo de diputado local? ¿Terminará de “turista” en “Pacho Viejo beach”?
Según una reseña del medio digital E-Consulta.com Veracruz, el 30 de diciembre del 2023, a través de una carta, Rojí López hizo pública su renuncia irrevocable al PRI. En esa carta no solo calificó como un partido al que le faltaba “reestructuración”, sino también, como una fuerza política donde los amigos valían más que el trabajo de la militancia.
En esas fechas –refiere esta versión periodística–, los partidos se encontraban eligiendo a quienes serían sus candidatos a las diputaciones locales, federales, senadurías y su candidato o candidata a la gubernatura. Rojí aspiraba a una candidatura plurinominal que le fue negada. “En los últimos años, el PRI, ante la falta de una total reestructuración, ha dejado de representar las demandas del pueblo y se ha dedicado prácticamente a la repartición de las candidaturas plurinominales ligadas a compadrazgos, amiguismos e intereses económicos dejando a un lado la democracia, participación e inclusión ciudadana”, afirmó en su carta.
Posteriormente, el 2 de enero del 2024, fue visto por primera vez vestido de guinda. A través de redes sociales compartió fotografías con militantes de Morena y, en ese momento, con la candidata del partido a la gubernatura Rocío Nahle. En la publicación anunciaba su bienvenida al partido fundado por Andrés Manuel López Obrador.
Su experiencia dentro de la política se extendía por más de 39 años, pero incursionó como servidor público al ser nombrado secretario del Ayuntamiento de Orizaba entre 2008 y 2010, en la primera administración de Juan Manuel Diez. En el segundo periodo como alcalde de Diez Francos (2014-2017), Rojí asumió el cargo de director de Desarrollo Humano. La relación entre ambos era tan cercana que Diez Francos le “heredó” la presidencia municipal. Si bien, tuvo que participar en una campaña, él tuvo todo el apoyo del entonces alcalde y fue así como gobernó del 2018 al 2021.
En marzo del 2024 fue postulado como candidato de la coalición PVEM-PT-Morena a la diputación local por el Distrito de Orizaba, cargo de elección popular que ganó y ejerció solamente durante cuatro meses, pues de inmediato solicitó licencia para ser nominado a la alcaldía orizabeña. Pero, en estas elecciones, Igor fue ampliamente superado por el priista Hugo Chahín Kuri, quien con el apoyo del alcalde Diez Francos obtuvo 31 mil 203 votos contra 13 mil 68 del diputado Rojí.
Una semana después de retornar a su curul en el Congreso local, cuando apenas se recuperaba anímicamente de su aplastante derrota, volvió a pedir licencia para asumir por invitación de la gobernadora Nahle la Secretaría de Turismo en sustitución de Dulce María “Nena” de la Reguera, madre de la famosa actriz Ana de la Reguera, quien le había expresado a la mandataria que dimitiría “por motivos personales”, decisión que se dio en medio de la polémica por la propuesta de fusionar las secretarías de Turismo y Cultura, y por las severas críticas a su pobre desempeño.
Rojí López lleva escasamente un año al frente de la Sectur, pero hace tres días corrió el rumor de que estaría por dimitir también luego de que, en plena temporada vacacional de Semana Santa y cuando la entidad enfrentaba una intensa campaña mediática por la aparición de chapopote en sus playas, Igor fue visto con maletas en el aeropuerto para viajar acompañado de su esposa.
El nombramiento del diputado con licencia había entusiasmado al empresariado del sector turístico, pero pronto se diluyó cuando vieron que no tenía prácticamente poder de decisión ni carácter para salir en su defensa ante algunas polémicas decisiones y políticas gubernamentales que afectaban la llamada “industria sin chimeneas”.
A principios de enero de este año, por ejemplo, miembros de la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región Cultura y Aventura AC, pidieron una audiencia con la gobernadora Nahle para dialogar sobre el fideicomiso del 2% al hospedaje, ello por el decreto que eliminó el voto del sector empresarial dentro del órgano que administra este recurso. La presidenta de la Unión de Empresarios Hoteleros Región Xalapa, María Xóchitl Guzmán Segundo, declaró que el sector había seguido con atención las declaraciones de la Mandataria estatal por lo que consideró necesario que hubiera un acercamiento con ella para hablar del tema.
Detalló que si bien es un impuesto que se cobra al huésped, en muchos casos son los propios hoteleros quienes absorben el costo y lo trasladan como parte del pago fiscal: “Creemos que sería muy importante que la Gobernadora nos reciba para platicar sobre los temas que ella tiene en mente y cómo aprovechar al máximo este recurso que generamos los hoteleros”, expuso.
Remarcó que el gremio no busca confrontarse con el gobierno estatal, sino sumar esfuerzos para mejorar la promoción turística, puesto que los beneficios impactan tanto al estado como al sector turístico. “Si le va bien al estado, nos va bien a todos. Si le va bien a la Gobernadora, nos va bien a todos. Nosotros siempre estamos dispuestos a apoyar y a trabajar para que Veracruz crezca”, afirmó.
Asimismo, expuso que este momento podía ser importante para construir acuerdos y aprovechar oportunidades, incluso cuando existan discrepancias.
“No tenemos que jalar cada quien para su lado. Tenemos que unirnos, aprovechar este momento y sentarnos a la mesa para hacer coincidir los puntos que tenemos en común”, puntualizó.
Sin embargo, en vez de recibirlos y escucharlos, la Gobernadora les respondió a través de una conferencia de prensa que el impuesto del 2% al hospedaje se había desvirtuado en administraciones anteriores, al devolverse a empresarios del ramo turístico, quienes decidían su uso. “Se había desvirtuado porque se les regresaba a los hoteleros y ellos hacían sus viajes. Yo no diré si estaba bien o mal la promoción turística, porque teníamos reportes de los primeros 10 a 15 años”, dijo Nahle, quien les advirtió que, a partir de este año, el recurso sería administrado directamente por el gobierno estatal y se destinaría de manera íntegra a promoción turística e infraestructura.
Ante esto, el sector hotelero pidió un diálogo directo con la Gobernadora para abordar el tema y escuchar la voz del gremio empresarial. Pero se desencantaron de Rojí como interlocutor, quien no sólo ha sido desautorizado públicamente por su jefa para firmar y recibir peticiones de apoyos económicos, sino hasta ser maltratado también por los miembros del cuerpo de seguridad de la Mandataria durante la Cumbre Tajín en marzo pasado.
Uno de los incidentes más bochornoso ocurrió en octubre de 2025, tras las inundaciones, durante los festejos por los 500 años de la fundación de La Antigua. Ahí, según los videos que fueron difundidos en las redes sociales, Nahle le advirtió a su secretario de Turismo que no podía firmar documentos sin su previa autorización: “No puedo repartir dinero... ya se repartió mucho en el estado... Tú no puedes firmarle a nadie si no te lo autorizo, porque si no se va a hacer aquí un relajo. Para poner orden”, le soltó la Mandataria ante la mirada atónita de asistentes y medios. En ese ejercicio fiscal, el presupuesto anual de la Secretaría de Turismo aprobado por el Congreso local fue de 509 millones 811 mil pesos.
Sus malquerientes dudan que Rojí presente su renuncia y que la Gobernadora se la acepte, pues argumentan que carga sobre sus espaldas dos pesados expedientes. Uno, es el de los pendientes que le observó el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) a su administración municipal. En 2019, le detectó presuntas irregularidades por 18 millones 525 mil 195 pesos; en 2020, el monto sin justificar según la Cuenta Pública, fue de 10 millones 59 mil 329 pesos; y en 2021 el monto observado fue de 14 millones 50 mil 329 pesos, según documentó la reportera Isabel Ortega, del portal la Silla Rota Veracruz, quien señaló que a diferencia de otros ayuntamientos y exalcaldes no existía una denuncia penal en contra de Rojí por su bronca financiera de 42 millones 634 mil 853 pesos.
Pero el otro expediente que le ventilaron en la campaña pasada por la presidencia municipal es mucho más delicado, motivo por el que, aunque su trabajo como alcalde del 2018 al 2021 le sigue siendo reconocido por los orizabeños, en esta última elección ya no le refrendaron su apoyo al ahora Secretario de Turismo. Sus contrincantes le recordaron su pasado priista y refiriéndole la existencia de una denuncia que lo involucra con un “Cártel Inmobiliario”.
Rojí López, según sus detractores, fue denunciado en el 2022 ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por presunta apropiación ilegal de un inmueble, en complicidad con otros exfuncionarios municipales, durante su gestión.
El expediente fue interpuesto por familiares del finado Ángel Pascual Bautista Bello, quienes acusan que el predio ubicado en la calle Poniente 24 colonia Santa María Tlachichilco les fue arrebatado de forma indebida mediante una red de abusos, tráfico de influencias y complicidades institucionales.
La denunciante, que es la legítima heredera tras el fallecimiento de su madre en diciembre de 2022, refirió que, al acudir en 2024 a verificar la propiedad, encontró la barda demolida y obras de reconstrucción en curso. Se supo que el cuidador de confianza, Alberto Girón Miranda, había sido desalojado violentamente por personas que se identificaron como actuarios del Juzgado Segundo de Primera Instancia, en un operativo que data de diciembre de 2021.
En este caso fueron involucrados funcionarios del sistema judicial y de seguridad pública. Entre los señalados figuran: Esthefani Campos Flores, actuaria del juzgado; Mario Arturo Guzmán García, enlace jurídico de la policía estatal; e Iván Emmanuel Diz Pérez, el juez que dictó la sentencia cuestionada. También fueron denunciados Carlos José Díaz Corrales, Arturo Jiménez Romero, Antonia Muñoz Aguilar y Rojí López.
La gravedad de la acusación no reside únicamente en el despojo individual, sino en lo que parece ser una red bien estructurada de corrupción judicial y administrativa. El abogado de la denunciante descubrió que en los juicios civiles 2894/2021 y 649/2022 se utilizaron simulaciones, incluyendo la presentación de una persona fallecida como albacea legal, lo que habría facilitado el traspaso fraudulento del inmueble.
Este modus operandi –que combina falsedades legales, abuso de autoridad y violencia– ha llevado a la denunciante a hablar de un posible cártel inmobiliario que opera en Orizaba, con conexiones en el poder político local.
En particular, señaló la posible participación de la familia Sosa Luna, cercanos al exalcalde Rojí. La exregidora Rocío Sosa Luna –que estuvo en la administración 2018-2021– fue mencionada como pieza clave en esta red. De acuerdo al expediente, se expone que los delitos imputados van desde el fraude procesal y despojo, hasta amenazas, abuso de autoridad y uso indebido de funciones públicas. La denunciante exigió una investigación profunda y transparente, por lo que advirtió que la impunidad en este caso sentaría un grave precedente sobre el uso del aparato judicial como herramienta de despojo patrimonial.
¿Procederán contra Rojí, quien actualmente no tiene fuero legislativo por haber solicitado licencia a su cargo de diputado local? ¿Terminará de “turista” en “Pacho Viejo beach”?