Nunca, que se recuerde, un Presidente de la República había enfrentado tantos conflictos tan estridentes a la vez, no sólo domésticos –con grupos políticos hasta de su propio partido y, mucho menos por el heredado trato de “abrazos y no balazos” a las organizaciones criminales–, sino también con potencias extranjeras aliadas, como actualmente ocurre con Estados Unidos, el principal socio comercial que está por incluir restricciones a las exportaciones de México como parte de la actual revisión del T-MEC.
Claudia Sheinbaum ha tenido que gobernar con esta crítica coyuntura que no es accidental, sino producto de sus ataduras ideológicas, complicidades políticas y otros tipos de compromisos contraídos con los factores reales de poder en la complicada construcción de su candidatura presidencial de 2022 a 2024. Ello explica, en parte, su defensa a ultranza del gobernador morenista de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, cuya extradición solicitada por el Departamento de Justicia de EU se niega todavía a conceder pese a que desde la elección estatal en 2021 fue denunciado por la oposición ante diversos organismos internacionales por su burda colusión con el cártel que, codirigido por Ismael “El Mayo” Zambada y los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán –todos recluidos en prisiones norteamericanas–, lo llevaron al poder “haiga sido como haiga sido”.
El nuevo caso que se le salió de control fue el de Mauro Alberto Núñez Ojeda, (a) El Jando, quien tripuló la aeronave en la que “El Mayo” Zambada, traicionado por su ahijado Joaquín Guzmán López, hijo de Guzmán Loera, fue secuestrado y entregado al FBI en territorio estadounidense el 25 de julio de 2024. Anteayer, la Fiscalía General de la República (FGR) tuvo que reconocer que hasta 10 meses después de que el gabinete de seguridad federal lo entregó a EU encontró los primeros indicios de que se trataba del piloto que había participado en ese acto que habría violado la soberanía nacional.
El “Jando”, señalado como hombre de confianza de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder cofundador de Los Chapitos tras la detención de su padre, fue enviado a Estados Unidos el 13 de agosto de 2025 como parte del traslado de 26 presuntos delincuentes de alta peligrosidad, apenas seis meses después de su captura por el Ejército y la Guardia Nacional, el 8 de febrero de ese año.
Como si el horno no estuviera para bollos, la presidenta Sheinbaum debe lidiar ahora con las facciones de su partido, Morena, y del PT y PVEM, aliados de la 4T, por la disputa de las gubernaturas de los 17 estados que se elegirán el año entrante, lo que ha provocado fuertes choques entre los principales grupos de poder en entidades como Baja California, en el que han salpicado hasta al expresidente López Obrador.


El exgobernador Jaime Bonilla, actual comisionado político nacional del Partido del Trabajo en esa entidad, aseguró que su sucesora Marina del Pilar Ávila “se encuentra en medio de una crisis de pánico debido a las investigaciones que se le siguen por narcoterrorismo en Estados Unidos y a que sabe perfectamente que Monserrat Caballero (impulsada por el PT) será la próxima gobernadora”.
El exmandatario bajacaliforniano, quien acompañó a Caballero a inscribirse en la contienda interna de Morena y sus aliados, rechazó haber sido quien contactó a Ávila Olmeda con presuntos agentes estadunidenses para resolver la cancelación de su visa y haber grabado las conversaciones, como ella afirmó en conferencia de prensa. “Es ilógico que a quien ha señalado como su peor enemigo, a quien ha perseguido política y penalmente, pueda participar en eventos tan sensibles y confidenciales de la gobernadora”, señaló.
“Marina está sumamente angustiada porque ya también perdió el control político del estado; los perfiles para las coordinaciones ya no se reportan con ella, los liderazgos de Morena la ignoran y nuestra coordinadora, Monserrat Caballero, la pone muy nerviosa, porque sabe que, si llega a la gubernatura, no habrá tregua para sus fechorías”, advirtió. En entrevista telefónica con un medio de comunicación nacional, Bonilla consideró que la Cuarta Transformación está “protegiendo” a Ávila Olmeda “porque no quieren que se les venga abajo la elección del próximo año”.
Pero lo más grave es que relató que cuando era senador se reunió con el entonces presidente López Obrador para decirle: “tienes que voltear a Baja California: el crimen organizado controla todo allá”. Y reveló que el Presidente le dijo: “tú eres mi amigo y has sido mi amigo por muchos años, pero ella es mi gobernadora y la tengo que proteger”.
El exgobernador aseguró que como pruebas le llevó a AMLO cuatro expedientes de funcionarios públicos estatales que se encontraban detenidos: dos de la Fiscalía General del Estado y dos de la Policía Estatal Preventiva, denominados “Los Pepos”.
Pero la Fiscalía General de la República (FGR), que es la instancia que debería investigar esta denuncia mediática hecha por el exgobernador bajacaliforniano de la 4T, no sólo está en entredicho por el desliz de la entrega a Estados Unidos del piloto aviador de Los Chapitos sino que, hasta ahora, no ha explicado a la opinión pública los verdaderos motivos de las súbitas renuncias de dos relevantes fiscales.

Primero, la tarde del pasado martes 14, la FGR informó que Ulises Lara López, quien se desempeñaba como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la institución, había presentado su renuncia “por motivos personales”, aunque fuentes federales consultadas por el diario Reforma aseguraron que había dimitido desde el viernes anterior. Lara López, quien fue esposo de la llamada “Ministra del Pueblo” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, era el responsable de la carpeta de investigación del caso Rocha Moya y de la situación del piloto de “Los Chapitos”, que el gobierno mexicano detuvo y envió a EU sin interrogarlo.

Y ayer, en menos de 48 horas, se dio una segunda baja en la FGR: la de Óscar Langlet González, quien se desempeñaba como Fiscal Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia, quien de acuerdo con versiones extraoficiales fue removido del cargo luego de que se rehusó a archivar una indagatoria por instrucciones de sus superiores jerárquicos.
Dicha área se encarga de investigar ilícitos atribuidos a funcionarios federales. A Langlet González, quien es esposo de la Ministra de la SCJN, Sara Irene Herrerías, le fue solicitada su renuncia tras reincorporarse a sus funciones, luego de permanecer ausente por una cirugía mayor, publicó el diario Reforma.
En medio de este caótico escenario, la FGR asestó un golpe espectacular de índole político-judicial con la sorpresiva detención del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien en 1989 fue el primer mandatario estatal en el país surgido de la oposición. A Ruffo Appel le imputan cargos por contrabando de combustible (huachicol fiscal) y delincuencia organizada.
Su aprehensión no sólo generó críticas de la oposición, principalmente del nuevo partido político Somos México, de cuyo Consejo Consultivo Ciudadano es miembro el exmandatario bajacaliforniano, sino que también desconcertó a prominentes personajes de la 4T, entre ellos al exgobernador expanista de Chihuahua y actual senador de Morena, Javier Corral Jurado, quien preside la Comisión de Justicia de la Cámara alta del Congreso de la Unión.

“Me sorprende enormemente la detención de @RuffoAppel, de quien –discrepancias aparte–, siempre he tenido la concepción de un apersona honesta, íntegra, un hombre de bien. No conozco la causa que lo imputa, ni siquiera sabía de una investigación en su contra. No podría pronunciarme sobre su culpabilidad o inocencia. Confío en que el ministerio público federal ha hecho valer pruebas contundentes para solicitar la orden de aprehensión. Un supuesto contrario sería autodestructivo para el sistema institucional. Por la relevancia de la biografía personal de Ernesto Ruffo, así como el ambiente político en Baja California, dominado por la escalada de contradicciones absurdos y mentiras que se propalan por su actual gobernadora y los graves señalamientos de su antecesor, es muy importante que se expliquen las acusaciones y los elementos que sustentan su detención”, publicó el senador Corral en su cuenta de X, antes Twitter.