Hace poco más de un mes, el 7 de septiembre pasado, el coordinador del grupo legislativo del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, informó que había planteado ante la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva de la Cámara baja del Congreso de la Unión que se constituyera una comisión especial que les diera seguimiento a las investigaciones ministeriales sobre las muertes de tres compañeros legisladores: su correligionario Héctor Melesio Cuén, asesinado el 25 de julio de 2024 en Sinaloa; Benito Aguas Atlampa, del PVEM, acribillado el 9 de diciembre de ese mismo año en la sierra de Zongolica; y el deceso del morenista Zenyazen Escobar, del distrito de Córdoba, que aparentemente se habría “suicidado” tres días atrás.
El líder de los diputados priistas dijo que se le pidió presentar formalmente la propuesta por escrito y anunció que lo haría en las próximas horas. Sin embargo, tanto la Junta de Coordinación Política como la Mesa Directiva se la rechazaron. Como parte de sus acuerdos, la Junta determinó que en la sesión del martes 8, la mesa directiva hiciera un pronunciamiento alusivo a la muerte de Escobar, y que en la sesión del miércoles siguiente se le rindiera un minuto de silencio y que cada grupo parlamentario tuviera una intervención de hasta por un minuto para referirse al caso del diputado cordobés de Morena. Moreira insistió que la Cámara siguiera las investigaciones ministeriales, pues recordó que Benito Aguas fue asesinado en Tepenacatla, comunidad de Zongolica, por dos personas que viajaban en motocicleta y que desde diciembre de 2024 “ya no se supo nada” de la investigación.
El exgobernador de Coahuila refirió también que se requería seguir la indagatoria del homicidio del diputado federal recién electo por el PRI, Héctor Melesio Cuén, pues la Fiscalía de Sinaloa realizó un montaje para aparentar que el hecho había ocurrido en un supuesto asalto en una gasolinería y no en el rancho donde Los Chapitos secuestraron a Ismael “El Mayo” Zambada.
El diputado coahuilense dijo que, como exsecretario de Salud y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Melesio Cuén ya tenía asignadas tareas por parte de la bancada del PRI para las comisiones de Salud y de Educación. Y comentó que inclusive ya había acudido a la plenaria del tricolor y tenía su constancia como diputado federal.
“Ahora, el viernes (4) ocurrió el deceso de Zenyazen Escobar y la Cámara no puede quedar ajena a tres muertes violentas de sus integrantes, dos de ellos de Veracruz”, dijo Moreira. Al concluir la reunión de la Junta de Coordinación, el presidente de esa instancia legislativa, Ricardo Monreal, fue entrevistado sobre la propuesta de Moreira. “Lo propuso el PRI. Vamos a esperar la investigación de la Fiscalía General de la República. No se aceptó en este momento”, respondió el legislador zacatecano.
En el caso de Benito Aguas al menos ya hay un detenido. En febrero de 2025 la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Federal en el Estado de Veracruz, obtuvo la vinculación a proceso de Guillermo “N”, señalado como presunto responsable de los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas en hechos ocurridos el 9 de diciembre de 2024 en la localidad de Tepenacaxtla, municipio de Zongolica.

Pero en cuanto a la muerte de Melesio Cuen todavía no hay mayor avance debido al blindaje político del que hasta ahora goza el gobernador morenista con licencia, Rubén Rocha Moya. La Fiscalía estatal de Sinaloa y la FGR han congelado las investigaciones pese a las presiones de Estados Unidos que ya tiene preso al “Mayo” Zambada, uno de los testigos presenciales del crimen del exrector de la UAS en la reunión a la que asistiría también Rocha Moya.
Y respecto a Zenyazen Escobar, hace un mes la FGR emitió un comunicado en el que estableció que “las principales líneas de investigación avanzan, coinciden y apuntan en el sentido de haberse tratado de una muerte por suicidio”. Sin embargo, la institución que encabeza Ernestina Godoy señaló que “no obstante (los avances de que señalan un posible suicidio) las investigaciones continuarán, sin descartar eventualmente la posibilidad de otros móviles o ejes, para alcanzar el esclarecimiento pleno de los hechos”.
¿Alguien sabe por qué hasta ahora ni la familia ni los amigos íntimos de Zenyazen exigen esclarecer cabalmente su sospechosa muerte? La FGR debería darle celeridad para frenar los rumores que han comenzado a propalarse tras la detención, hace apenas una semana, de Iván Cazarín Molina, (a) El Tanque, el poderoso capo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operó impunemente en Veracruz todo el sexenio anterior, y el cual pretendió extorsionar al empresario tabasqueño Amílcar Olán, el socio principal de “Andy” López Beltrán que explotaba el balastro en la zona de Los Tuxtlas para las vías férreas del Tren Maya y el Interoceánico. Y es que una de las perversas versiones que circulan es que el jefe criminal habría intentado hacer lo mismo con el diputado federal de Morena, quien según la plataforma digital Latinus, del periodista Carlos Loret de Mola, se hizo a través de una maniobra política-empresarial de la concesión del relleno sanitario “Los Colorines”, en Nogales, Veracruz, que recibe al día entre 2 mil y 2,500 toneladas de desechos sólidos de 40 municipios, la mayoría veracruzanos –entre ellos los de Orizaba, Córdoba, Fortín y Río Blanco–, y otros de los estados de Oaxaca y Puebla.
La concesión, de acuerdo con la investigación periodística, fue otorgada en 2022 por 15 años a la empresa Materiales Oconit, representada por Sidny Darian Escobar López, la hija de Zenyazen, cuyos ingresos ascenderían a 300 millones de pesos al año, pues el vertedero cobra a cada ayuntamiento alrededor de 350 pesos por tonelada de basura depositada.
Citando documentos del Registro Público de Comercio, Latinus expuso que la hija del difunto legislador morenista obtuvo en enero de 2025 un poder general dentro de Materiales Oconit, mientras que su pareja, Emilio Vanegas Fernández, había ingresado previamente como socio y administrador de la empresa.
Tras la muerte del legislador de Morena, trascendió que la concesión a la empresa de la hija de Zenyazen le fue asignada mediante adjudicación directa cuando debía otorgarse por licitación, y que antes de concesionarse a Materiales Oconit, el ayuntamiento de Nogales había entregado el manejo del basurero a Desarrolladora de Proyectos Loto, administrada entonces por Emilio Vanegas, quien posteriormente ingresó como socio de la empresa de su pareja.

El reportaje de Latinus refería que, en enero de 2021, el Ayuntamiento de Nogales denunció irregularidades en la operación del relleno sanitario y que la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, que entonces estaba a cargo del experredista Sergio Rodríguez Cortés, amigo y aliado político de Zenyazen, ordenó cerrarlo temporalmente. Tras la clausura, la autoridad municipal celebró un convenio con Desarrolladora de Proyectos Loto para que operara el basurero, pese a que –según la investigación periodística– carecía de experiencia en el manejo de residuos porque se dedicaba al mantenimiento eléctrico y la construcción. Empero, esta empresa sólo administró el vertedero durante un año, aproximadamente, ya que meses después el Cabildo lo concesionó por 15 años a Materiales Oconit, constituida legalmente desde 2007 para ofrecer servicios administrativos y renta de maquinaria y equipo de cómputo.