El próximo 5 de junio, además de día de elecciones en 13 entidades, se cumplirán ya 7 años de la peor tragedia infantil en nuestro país: el incendio en la Guardería ABC donde fallecieron 49 niños y niñas y 75 más resultaron lesionados, muchos de ellos de por vida. A unos días de esta conmemoración, y con el paso ya de tres gobernadores —Eduardo Bours (PRI), Guillermo Padrés (PAN) y la actual, Claudia Pavlovich (PRI)—, el viernes pasado se dio un paso mínimo para hacer justicia por este doloroso hecho.

El juez primero de Distrito, Raúl Martínez Martínez, dictó sentencia contra 19 de los 22 implicados en este proceso judicial, por el delito de homicidio culposo —ojo, no doloso— contra los menores fallecidos y las lesiones provocadas a los niños sobrevivientes.

Sandra Lucía Téllez Nieves y Antonio Salido Suárez, representante legal y secretario del Consejo de Administración de la Guardería ABC, respectivamente (dos de los dueños), fueron sentenciados a 28 años de cárcel, pago de multa y reparación del daño. Igual que Arturo Leyva Lizárraga, entonces delegado estatal del IMSS.

A Noemí López Sánchez, jefa del Departamento de Guarderías dependientes de la Dirección de Prestaciones Económicas y sociales del IMSS, se le dictó un año más: 29, multa y reparación del daño.

A Roberto Copado Gutiérrrez, director de Protección Civil de Hermosillo; Martín Lugo Portillo, director de Bomberos de Hermosillo; Jesús Davis Osuna, director de Inspección y Vigilancia de Hermosillo, así como a Arturo Dávila Pacheco, jefe de Departamento adscrito a la unidad de Bomberos de esa ciudad, se les sentenció a cada uno a 28 años de cárcel y pago de multa y reparación del daño.

Para Willebaldo Alatriste Candiani, ex director estatal de Protección Civil, la sentencia fue de 28 años de cárcel, pago de multa y reparación del daño.


A empleados y al subdirector de la oficina de Control Vehicular, Agencia Fiscal, director de Recaudación de la Secretaría de Hacienda estatal, 20 años de cárcel y pago de multa y reparación del daño.

Ni Eduardo Bours, que era gobernador cuando se registró este incendio, ni el ex presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara, aparecen entre los sentenciados, algo que han criticado los padres. En este país, para variar, todo es “culpa” de los funcionarios menores. O como hiciera la crítica el GIEI de Ayotzinapa, en México parece que las culpas se extinguen, misteriosamente, al tratar de adjudicar responsabilidad alguna a altos funcionarios (eso sí, ellos mismos no dudan en atribuirse todos los logros, aunque éstos sean realizados por funcionarios menores, pero “en su gestión”).

Los acusados aún pueden apelar esta sentencia, es su derecho. Los padres de niños lesionados y fallecidos en la Guardería ABC defenderán la decisión del juez.


Hoy, tanto la organización Manos Unidas como el grupo de legisladores federales que dan seguimiento al caso, se reunirán con la procuradora Arely Gómez para conocer el avance de las investigaciones.

Pero así como puede haber “buenas” noticias en materia de impartición de justicia, también puede haber (muy) malas. Adalid Abriz Landa, magistrado del Sexto Tribunal Unitario Penal con sede en el Estado de México, ordenó la liberación de tres militares que estaban acusados de participar en el “enfrentamiento” registrado el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, donde murieron 22 personas.

La razón por la que salen indigna más: el magistrado consideró que el Ministerio Público federal, la PGR, no presentó pruebas necesarias para que Leobardo Hernández Leonides, Roberto Acevedo López y Fernando Quintero Millán fueran juzgados por los delitos de homicidio, modificación de la escena de los hechos y encubrimiento. Ojo, los otros 4 militares que participaron en ese operativo también fueron absueltos el año pasado, con lo que ahora no hay ningún elemento del Ejército en proceso.


La PGR ya dijo que presentará (otra vez) pruebas que demuestren la responsabilidad de los hoy liberados. A ver si sí.
Por cierto, ¿a alguien le preocupa o es solo a mí que esto pase con muchos de los detenidos en el caso Ayotzinapa? ¿Que el Libro Blanco acabe siendo el “Libro en Blanco”?

De acuerdo con la recomendación emitida en octubre de 2014 por la CNDH, presentada por Raúl Plascencia, se comprobó que 12 de estas personas habrían sido ejecutadas extrajudicialmente cuando el enfrentamiento ya había finalizado. Organizaciones defensoras de derechos humanos como el Centro Pro incluso aportaron pruebas como comunicaciones militares, fechadas el 11 de junio de 2014, donde se recomendaba a los militares de la Base de Operaciones “San Antonio Del Rosario”, donde se indicaba que “las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”.

¿Recuerda la entonces polémica por el uso del verbo “abatir”?

 
Y hablando del ex ombudsman nacional, resulta que el gobierno de Coahuila, que encabeza Rubén Moreira, firmó dos contratos con el Instituto Iberoamericano de Justicia para tareas de asesoramiento en esa materia. Curiosamente, ese organismo lo preside Raúl Plascencia, ex presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estos convenios fueron para los periodos del 2 de julio al 31 de diciembre de 2015 y uno más del 18 de enero al 18 de julio.
La bronca está en que Plascencia no respetó la fracción XII del artículo 8 de la Ley de Responsabilidades Administrativas la cual estipula que deberá pasar hasta un año después de dejar su cargo, de aceptar o recibir beneficios “de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto”. Mmm.
 
Uno más en Veracruz. El nombre de Manuel Torres González se suma a la larga lista de periodistas que han sido asesinados en Veracruz durante la gestión de Javier Duarte. El homicidio se registró el sábado pasado en Poza Rica. De acuerdo con Artículo 19 capítulo México, en la gestión de Javidú han sido asesinados 16 periodistas y 3 permanecen desaparecidos.


Eso sí, en el caso de Torres González, el fiscal estatal ya dijo que este caso se “investigará hasta esclarecerlo”.
Bueno, quizás la inseguridad en esa entidad no esta tan mal. En lo que la autoridades investigan, en Xapala, los policías estatales son utilizados para realizar mudanzas en camiones oficiales, descargando muebles en una casa particular.
 
Ellos lo escribieron:
--En las elecciones se percibe el tufo del narco...el narco es implacable y descarado: la Arquidiócesis Primada de México, vía su editorial en el seminario “Desde la Fe”.
 

Él lo dijo:
--Yo soy católico y veo que él (Javier Duarte) de repente va a misa y lleva a fotógrafos y camarógrafos para que lo vea la gente; pero él debe pensar seriamente si de verdad cree en Dios y si cree que después de esta vida hay otra que te recompensa o te sanciona la buena o la mala conducta, tiene que pensar que va a ir al infierno. Los años que le quedan vivirá en el infierno: Miguel Ángel Yunes, candidato del PAN a la gubernatura de Veracruz.
 

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