Como parte de la reforma educativa que el gobierno intenta implantar (ahora ya con varios moches y mochadas), se pretende darle «capacitación y actualización» a poco más de un millón de maestros, con un costo aproximado de mil ochocientos millones de pesos.
 
Después de aplicarles una evaluación de escritorio, la SEP llegó a la feliz conclusión de que, con ese número de maestros y con esa inversión multimillonaria, México ya tendrá los suficientes y necesarios profesores de educación básica y bachillerato para que nuestro sistema educativo se coloque entre los mejores del mundo, eso sí, cumpliendo las normas que le fueron dictadas por la OCDE, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
 
Que los maestros se capaciten no es solo una conveniencia, sino una urgencia. Es exactamente lo que sucede con los médicos, los abogados, los arquitectos, los ingenieros, los contadores, etc., etc., (y también los políticos que aún viven en la época de la caverna y creen que a garrotazos se arreglan los problemas sociales).
 

Hasta ahí las cosas tienen lógica. Lo interesante de este asunto es que, a semejanza del programa de rehabilitación de las escuelas que ahora ha sido colocado en bandeja de plata en las manos de los empresarios de la construcción (recuérdese que se trata de una cantidad aproximada de 600 mil millones de pesos), ahora los beneficiados con este otro programa son los empresarios de la educación, en concreto, el Tecnológico de Monterrey.
 
En febrero de este año, la SEP firmó con esa empresa educativa regiomontana, representada por su vicepresidente de Relaciones y Desarrollo, ingeniero Carlos Cruz Limón, este muy provechoso acuerdo en el que se iniciará capacitando (¿en qué, cómo, dónde, cuándo, por quiénes?) a sesenta mil docentes. Esto es solo el principio. La meta, en palabras del empresario educativo, será la cifra de más de un millón de maestros de todo el país. Cierto, no será el Tec la única empresa particular a quien se le entregará este ambicioso proyecto. Habrá otras instituciones privadas que compartan el provecho. Pero existe el bien fundado presentimiento de que sucederá exactamente lo mismo que aconteció en el sexenio calderonista, cuando terminó siendo el Tec quien acaparó a los miles de maestros de Bachillerato que fueron obligados a «capacitarse» también, programa que resultó un fiasco para los capacitados, mas no para los capacitadores que cobraron cerca de treinta mil pesos a cada docente. A ese desastroso programa fueron incorporados obligatoriamente, con amenaza de no ser «certificados» ni ellos ni las escuelas donde laboraban, docentes en su inmensa mayoría de escuelas particulares, pues en las oficiales debía ser el proprio gobierno quien asumiera el costo, y eso simplemente no sucedió.
 
En aquella ocasión, el favorecer a empresas particulares de la educación (muy especialmente al Tec), se justificó por razón de que se requería una infraestructura con tecnologías de la comunicación que eran inexistentes o poco apropiadas en instituciones oficiales (en Veracruz participó la UV, pero en forma muy limitada, pues su plataforma tecnológica y los escasos docentes que se inscribieron como capacitadores impidieron que fuera más extenso y eficaz). De hecho, sucedió que, incluso con los capacitadores del Tec, los resultados fueron pésimos, no solo por la metodología utilizada (un rimero de documentos para leer y resumir y la evaluación hecha mediante entrevista vía skype), sino porque la mayoría de los mismos capacitadores, aunque requerían su propia certificación, no resultaron los profesionistas capacitados que se prometió. Muchos fueron improvisados. Una prueba es la calificación que otorgaban a los trabajos de los maestros que debían «subirse» a la plataforma informática, pues pronto se descubrió que todos los trabajos de todos los maestros aparecían con la misma apreciación, es decir, todos los trabajos estaban bien en todo, prueba irrefutable de que se calificaba a vuelapluma.
 

El temor, obviamente, es que la experiencia se repita, y más ahora tratándose de una cantidad nada despreciable de maestros que deberán capacitarse y actualizarse a fuerza, so riesgo de ser despedidos o al menos vetados de su trabajo magisterial. A más de que ahora el cobro estará garantizado, pues se hará con cargo a los impuestos de todos los mexicanos.
 
Luis Hernández Navarro, en su artículo La conexión regia de la reforma educativa, lo dice muy claramente: «En este engarce se condensan los intereses de los señores del dinero por hacer de la enseñanza pública su negocio particular, su pretensión de legitimar sus instituciones educativas (creadas para tener ganancias para ellos) como si fueran de vocación pública y la captura de los puestos claves de la SEP con sus cuadros» (http://www.jornada.unam.mx/2016/08/23).
 
En la firma del acuerdo, el empresario del Tec descubrió la verdadera intención del gobierno federal: «En el fondo se trata de que instituciones privadas como el Tec tengan un rol cada vez más importante en la educación en México». Él mismo lo dijo.
 

Poderosa razón, sin duda, para imponer a como dé lugar, esta (insisto, esta) reforma educativa.
 
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