Es tan sano como importante en un primer momento definir a la planeación, pues el desconocimiento de ello lo que origina la verborrea y la demagogia de las que tanto echan mano los políticos. Así pues la planeación es un instrumento de carácter técnico, que se erige como el garante del cumplimiento de la racionalidad técnica (productividad y competitividad) y económica (respecto a la búsqueda de niveles crecientes de rentabilidad), con miras al incremento de la ganancia, cuya única restricción es la magnitud del capital individual disponible.

 

Como ya he mencionado en ocasiones anteriores, en la lógica neoliberal circunscrita a su vez en la dinámica capitalista según la cual cada agente económico (o capital individual) es el único responsable de su posición dentro de un mercado, entonces ¿Qué sentido tiene que el gobierno formule un Plan de Desarrollo? ¿Son acaso diametralmente opuestas la planificación en la empresa privada y la planificación en el ámbito estatal?

 

En ambas, lo que se busca es la optimización de los recursos, solo que en la gestión privada es en base a la racionalidad económica capitalista que tiende a la aspiración de incrementar el nivel de rentabilidad; por su parte el Estado debe optimizar los recursos que la sociedad ha depositado en sus manos para atender las necesidades básicas de la población (educación, salud, vivienda, empleo, etc.), en suma, generar mejoras continuas y crecientes en los niveles de vida de la sociedad.

 

Sin embargo, en el ánimo de que el Estado funja como el interlocutor de la sociedad y al mismo tiempo como facilitador de la operatividad del capital, se puede argüir que ambas son genéricamente iguales en tanto existe una misma intencionalidad (optimización de los recursos), solo que las soluciones son estrictamente diferentes; en sustancia no hay disimilitud.

 

En ese entendido no debe existir un antagonismo entre estas dos modalidades de planificación; así, el Estado puede ser legítimamente una entidad planificadora en tanto agente de la gestión social política y económica de su propia actividad, pero de ninguna forma como agente rector de la economía en ninguno de sus órdenes de gobierno, puesto que cada capital (o agente económico) es soberano en la toma de sus decisiones.

 

En ese orden de ideas la visión latinoamericana difundida por la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) a finales de los sesentas llegó para quedarse, puesto que heredó un vasto bagaje teórico que permeo en países como México para institucionalizar la “planificación del desarrollo”; en ella el Estado orquesta el ritmo de crecimiento y es a su vez el instrumento idóneo para superar la condición de subdesarrollo.

 

Sin embargo y dada la evidencia empírica, ésta se constituyó más en un instrumento legitimador de la clase política, pues que no eran compatibles las realidades de los países desarrollados de las que se copiaba la estrategia con la realidad del subdesarrollo en la región, y menos en una dinámica capitalista rudimentaria como la de Latinoamérica, puesto que aún en ésta cada agente planea su actividad, y el Estado como agente de cambio estructural pierde toda fuerza operativa

 

En el caso mexicano podemos percibir que en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, de la que se deriva la Ley Nacional de Planeación, se encuentra expresada entre líneas una importantísima reminiscencia cepalina, es decir, un Estado que no solo planea su quehacer sino que además intenta planear la dinámica de los demás agentes económicos, muestra de ello es el discurso plasmado en los planes nacionales y estatales de desarrollo de los últimos sexenios.

 

En ese sentido la planificación queda condicionada y acotada en un primer plano, al interior del agente y/o capital por sus condiciones de adaptabilidad y tamaño, y en segundo plano al exterior, por la madurez de las relaciones de intercambio con los demás agentes; por lo que el Estado puede constituirse como agente planificador pero en todo caso, solo como promotor e impulsor de las condiciones que hacen propicia la operatividad eficiente del mercado. De esa manera el Estado ya no tiene injerencia en los agentes, pues la dinámica de mercado es tan tímida que no soportaría (y de facto no la soporta) tal presión.

 

En el ánimo de que el Estado sea un agente promotor, impulsor, proactivo y eje del llamado “cambio estructural” me parece, debería dejar de lado la conducta obcecada de pretender ser la “entidad suprema planificadora”, el rector de la economía y el cauce de su comportamiento, pues como vimos, en una economía de mercado, basada en las relaciones de intercambio que a su vez descansan en la expectativa de obtener una ganancia, no es un ente supremo totalizador el que mejor toma las decisiones de racionalidad técnica (referente a la productividad y competitividad) y económica (niveles crecientes de rentabilidad).

 

En suma, no se puede planear para los demás, solo podemos planear para nosotros mismos y según nuestras expectativas, pues, es en el seno de cada agente y/o capital individual, en donde pueden tomarse esas decisiones de la mejor manera; más aun, el Estado no puede planear para los demás agentes, pues en el ámbito de una dinámica capitalista (economía de mercado), cada agente sabe mejor lo que le convendrá, pues de ello depende su supervivencia en el mercado.