El pasado viernes 6 de enero, día de los Santos Reyes, tanto el personal que continuaba laborando como las decenas de trabajadores que fueron despedidos y que tomaron oficinas y se plantaron en la Plaza Lerdo para reclamar su reinstalación en el Régimen Estatal de Protección Social en Salud –conocido como Seguro Popular–, recibieron de “regalo” un decretazo firmado por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares que legalmente extingue ese organismo público descentralizado, el cual había sido creado por el entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán desde el 6 de febrero de 2008 y que su sucesor, Javier Duarte de Ochoa, reactivó mediante el Acuerdo de Coordinación para la Ejecución de dicho sistema de seguridad social, que el ahora ex gobernante prófugo firmó con el Ejecutivo Federal, representado por la Secretaría de Salud, el 17 de marzo de 2015.
 
Para la toma de esta decisión, Yunes Linares se amparó en la fracción I del artículo 8 de la Ley Número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, la cual dispone, entre otras atribuciones del Titular del Poder Ejecutivo, la supresión de los órganos que requieran las dependencias centralizadas; así como en el último párrafo del artículo 45 de la citada Ley Orgánica, que refiere que cuando algún organismo descentralizado deje de cumplir sus fines u objeto, o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista económico o del interés público, éste se podrá extinguir.
 
Sorprende la acción asumida por el gobernador panista, ya que el 4 de junio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los Títulos Tercero Bis y Décimo Octavo de la Ley General de Salud, mediante el cual se perfiló homogeneizar las bases legales de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud de las entidades federativas. Y el 17 de diciembre de 2014 el Gobierno de la República publicó también otro Decreto que define que los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud son las estructuras administrativas que proveerán las acciones en esa materia a la población beneficiaria, y que dependerán o serán coordinadas por la encargada de conducir la política en materia de salud en cada entidad federativa.
 

Sin embargo, en su decretazo, Yunes aduce que el funcionamiento del actual Organismo Público Descentralizado “no resulta conveniente al interés público ya que su figura jurídica y administrativa está rebasada para atender a la población beneficiaria del Sistema de Protección Social en Salud, porque no se ajusta en su actividad a las reformas expuestas en la Ley General de Salud y su Reglamento en materia de Protección Social en Salud, así como lo pactado por el Ejecutivo del Estado en la cláusula Segunda del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud”, celebrado entre el gobierno del estado y la Federación en marzo de 2015.
 
Según explicó el gobernador panista, el OPD de esta entidad federativa “no alcanzó las metas programadas en el Anexo II del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, pese a existir personas susceptibles de ser afiliadas y reafiliadas, dejándolas en condiciones de vulnerabilidad al no tener acceso a la protección de su salud. Lo anterior implicó que no se cumplan los fines del Organismo, ya que no obstante de contar con disponibilidad presupuestaria y de existir población susceptible de ser afiliada y reafiliada, no logró acceder a los recursos financieros”.
 
La extinción de este OPD preocupa porque de acuerdo con las cifras estadísticas citadas en este mismo Decreto, en Veracruz 1 millón 736 mil 300 personas tienen carencia por acceso a los servicios de salud, según datos obtenidos en 2014 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), lo que implica que aproximadamente el 21% de los veracruzanos no tiene garantizado su derecho a la salud.
 

Otro argumento para desaparecerlo es que supuestamente “no cuenta con una definición clara de mecanismos sobre transparencia y rendición de cuentas respecto de los recursos que recibe para la ejecución de las acciones del Sistema de Protección Social en Salud”.
 
Como el Decreto se hizo al vapor, sólo estipula en su artículo segundo que “los recursos materiales y financieros asignados, adscritos y adquiridos, por cualquier medio, por el ahora extinto Organismo Público Descentralizado (…), así como los trámites administrativos y legales que se encuentran en proceso a la fecha de la emisión del presente Decreto, se transferirán íntegramente al órgano que requiera la dependencia encargada de conducir la política en materia de salud en la entidad federativa, para que dé continuidad a los objetivos y programas institucionales en materia de protección del derecho a la salud.” Igualmente consigna en su artículo tercero que “la transferencia (…) estará a cargo del representante legal que designe el titular de la instancia encargada de conducir la política en materia de salud en la entidad federativa”, bajo la vigilancia de la Contraloría del Estado.
 
Y en sus artículos transitorios, concretamente en el cuarto, se establece que “es innecesario designar liquidador alguno del recurso humano, toda vez que el vínculo que existía con la entidad por tiempo determinado feneció el 31 de diciembre de 2016”.
 

Por eso la gran interrogante es si la Secretaría de Salud del estado podrá con el paquete de la OPD extinguida o si sólo se trata de un plan con maña para deshacerse de todos los empleados y contratar a más panistas y perredistas, algunos procedentes de Puebla y Tlaxcala, con los que Yunes tiene pendientes compromisos de campaña.