La crisis del Instituto de Pensiones de Veracruz es cosa seria. Hasta el momento, poco más de veintiocho mil personas reciben pagos de retiro y cerca de cien mil pagan mensualmente cuotas y aportaciones. No alcanza. El año pasado sólo hubo dinero suficiente para pagar pensiones y sueldos en agosto y en noviembre.
 
La crisis no es reciente, ni es exclusiva de Veracruz, ni de México. Los sistemas tradicionales de pensiones no funcionan ya en varias partes del mundo. En países como Uruguay se cambió a un sistema mixto cuando la proporción de trabajadores llegó a tres cotizantes por cada diez pensionados a principios de los noventa. Más o menos como en Veracruz hoy.
 
Sería un error pensar que sólo el gobierno tiene la solución a ese problema apremiante, y que los únicos derechos de los jubilados son protestar y esperar que les depositen sus pensiones. Los pensionados tienen el conocimiento y la experiencia – y tal vez el tiempo – para informarse y proponer un sistema que funcione para todos.
 

Es evidente que la estructura del IPE no funciona. No logró impedir el saqueo del instituto ni tuvo valor para denunciar lo que estaba pasando, ni representó los intereses de los trabajadores. Terminaron perdiendo miles de millones que eran patrimonio de otros. No dieron explicaciones públicas convincentes.
 
Aunque tal vez las cosas se hicieron de manera que no hubiera delito, la mano de la ley no tocó a nadie, la sombra de la justicia no se cruzó en su camino (perdón por las metáforas, es que hace frío). No pasó nada, y eso que hacen falta muchos bolsillos para llevarse miles de millones de pesos.
 
Tal vez algo se lograría si la institución se entrega a cosas institucionales (investigaciones, informes, denuncias, procesos y otras cosas, además de mantener vivo al IPE), mientras los jubilados y otras personas inician una conversación sobre lo que está pasando, sobre lo que se necesita, sobre lo que hay que hacer. Mantener el mismo esquema del IPE no es una opción.
 

Pero cualquier modelo necesita un manejo ejemplar, a prueba de todo, transparente. Por el momento, parece que vender hoteles y otras propiedades del IPE serviría para resolver los problemas de hoy, aunque otros tendrán que resolver los de mañana, como suele suceder en nuestro triste México.
 
El escándalo y las acusaciones
 
El escándalo tiene que aclararse, o comenzar a aclararse, de inmediato. Dar agua destilada a niños que necesitaban medicina contra el cáncer es un delito mayor, y los autores directos y quienes los protegieron por interés (o callaron sin razón) tienen que responder a la ley. Ojalá sus juicios sean públicos.
 

Tienen que ser muchas – o cuando menos varias – personas, porque las medicinas falsas no se compran por cajita en la farmacia, sino por un sistema de adquisiciones que se puede consultar para ver quién hizo qué, quién autorizó qué (y quién ocultó qué), y quién alteró y quién verificó y quién calló, y a quién le tocó cuánto. O dónde falta información y dónde está la información que falta. Y de ahí en adelante, hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados.
 
Por lo pronto sólo hay acusaciones. Eso. Acusaciones.