El escándalo de la semana pasada es ahora distinto. Hasta donde se sabe –por declaraciones del secretario federal de Salud José Narro– no se han encontrado pruebas de que en Veracruz se hayan usado medicamentos falsos para tratar a niños con cáncer. Tampoco hay información sobre muertes causadas por uso de tales medicamentos falsificados. Pero la investigación no ha terminado.
 
Quedan cosas por explicar. Las once toneladas de medicamentos caducos que están en las bodegas de la secretaría estatal de Salud y las cuarenta y tantas mil pruebas para detectar VIH/Sida que al parecer no tienen registro sanitario y son – por decir lo menos– ilegales. No es poca cosa.
 
También habría que buscar una explicación a la denuncia que hizo el gobernador Miguel Ángel Yunes el viernes de la semana pasada. Habló de casos y dijo que hubo niños con cáncer que recibían agua destilada en vez de tratamiento adecuado, dio nombres y señales, y enardeció la opinión pública. Pero no ofreció pruebas.
 

Y eso es lo que no ha logrado encontrar el equipo de expertos de la secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Previsión contra Riesgos Sanitarios. Lo único que se ha encontrado hasta el momento son las toneladas de medicina vieja y el cargamento de pruebas para detectar VIH/Sida.
 
Tal vez ahora sea conveniente dejar que razón someta a las pasiones. Hay que saber si esas once toneladas de medicamentos caducos son de una zona específica, o si vienen de varias regiones, y quién las va a destruir, y cuándo y cómo.
 
Pero también hay que saber que en 2016 se recogieron solamente en farmacias veracruzanas y se destruyeron más de quince toneladas de medicinas vencidas, una ínfima parte de los desechos médicos que tiene el estado. Lo que encontraron no llenaría un contenedor, aunque sea excesivo y represente dinero perdido.
 

En el caso de las pruebas de VIH/Sida, como dijo Narro, hay que determinar si se usaron y cuántas se usaron. Pero también hay que establecer cómo funcionaba o funciona la cadena de adquisiciones de la secretaría estatal de Salud. Hay que conseguir documentos internos y externos, rastrear declaraciones, dar fundamento firme a los casos... Y entonces, sólo entonces, denunciar, dar nombres y señales.
 
El mal fue cosa de muchos y dañó a muchos. Es imposible imaginar el dolor de quien pierde a su hijo con cáncer, es imposible sentir el agobio o el alivio de quien se entera qué padece, pero uno sabe que desde el viernes hay quienes tienen la duda, se aguantan la pregunta, y sufren porque no pueden confiar –ya no pueden confiar– en lo que dicen las autoridades.
 
El poder de la palabra
 

Lo que dice un gobernante se toma en serio, tiene consecuencias políticas y económicas, y repercute en el ánimo de la gente. El riesgo es que se confunda la lectura y se piense que a los veracruzanos les importa más el desquite que la esperanza de una vida tranquila.
 
Después de todo, si Javier Duarte pisa la cárcel, los problemas de Veracruz no van a desaparecer. Duarte merece castigo: los hechos, la fuga, los cómplices lo condenan. En casos como este, la sanción nunca podrá resarcir el daño. Pero también es importante sentar las bases para que las cosas se hagan de otra manera.
 
El Estado tiene herramientas para provocar cambios. El escándalo no es una de ellas.