13 de febrero de 2017
alcalorpolitico.com
Con el operativo conjunto de instituciones federales y estatales de seguridad contra uno de los cárteles más violentos y peligrosos, el de los Beltrán Leyva que opera en el norte del país, se logró diezmar su fuerzas, en una clara demostración militar de que sí se puede contra la delincuencia organizada.
Y no es que se ponga en duda la labor que desarrollan el Ejército, Marina, PGR, Cisen y otras instituciones federales, incluidas las corporaciones estatales y municipales de seguridad pública, sino la forma que finalmente es fondo, cuando realizan su labor.
Los militares, encargados de la seguridad nacional, Ejército y Marina, históricamente han sido ejércitos de paz y a partir del mandato de Felipe Calderón, ex presidente de la República, que tomó la decisión de que estas instituciones salieran a la calles del país a tratar de mantener y sostener la seguridad de los mexicanos con los tropas nacionales.
Desde más o menos 2008, el Ejército patrulla y sustituye las labores de las policías en los estados, la incursión militar fue bien recibida por los ciudadanos que aun y a pesar de que la seguridad y violencia no disminuye, continúan dando el voto de confianza a la milicia nacional.
Cabe mencionar que los militares están en las ciudades, realizando operativos de seguridad a la población, esto es vigilancia, retenes, patrullaje y presencia para inhibir el enfrentamiento de las bandas delincuenciales, esos grupos sí están en guerra, disputándose las plazas para el trasiego, venta y consumo de drogas.
Esto es lo que ha recrudecido las vendettas entre grupos antagónicos y la labor de los militares, principalmente, es evitar que la población civil sea víctima de estos enfrentamientos violentos y perturbadores por la saña con la que luchan por el control de las plazas.
El objetivo del gobierno no es combatir el crimen organizado sino la violencia que éste genera, para ello se ha implementado el uso de la fuerza pública federal, pero, ésta en su aplicación sufre conflictos de colaboración con las fuerzas del orden estatales, ya rebasadas por la delincuencia organizada.
Recordemos que el Ejército resguarda e interviene en los conflictos de seguridad nacional, principalmente, por ello la labor de seguridad pública se percibe más lenta debido a que las acciones e investigación y persecución del delito permanecen en la jurisdicción de las policías ministeriales, estatales y municipales.
El descrédito del combate gubernamental contra el crimen organizado se alimenta de la debilidad institucional, lo cual se evidencia en la incapacidad para hacer valer el Estado de derecho, lo que permite altos niveles de impunidad.
La ausencia de políticas públicas que no enfrentan las causas del crimen organizado como la pobreza y la falta de oportunidades para la clase media; y las constantes discusiones entre las fuerzas políticas nacionales que impiden la definición de una estrategia definitiva de ataque directo contra la delincuencia organizada fortalece más las fuerzas del crimen y debilita la imagen de la procuración de justicia.
Pero, por ejemplo, cuando vemos acciones coordinadas entre la Fiscalías Generales de los Estados, como el evento reciente en Nayarit, con la Marina, donde se logró abatir a, por lo menos, a dos miembros importantes de la organización delictiva de los Beltrán Leyva y 19 delincuentes más, en dos enfrentamientos, surge la esperanza de que el Ejército y la Marina sí pueden acabar con los criminales, pero, si les dan la orden de actuar (decisión política).
Recientemente, se acaba de firmar un acuerdo de colaboración el Grupo de Coordinación Veracruz y las autoridades de Tabasco acordaron realizar las siguientes acciones:
Intercambiar permanentemente información entre instituciones de seguridad y de procuración de justicia de ambos estados y el CISEN.
Garantizar la seguridad en carreteras federales, autopistas y otras vías de comunicación.
Y la más importante, desde nuestra óptica, definir estrategias comunes de prevención del delito y de persecución de los delincuentes, mientras esto no llegue serán buenos deseos y el crimen seguirá aumentando.
El compromiso del Estado Mexicano es enfrentar a la delincuencia con valor, con firmeza y con estrategias que permitan abatir el creciente índice delictivo y garantizar a la población su seguridad, dijeron y eso ya urge.
[email protected]
Y no es que se ponga en duda la labor que desarrollan el Ejército, Marina, PGR, Cisen y otras instituciones federales, incluidas las corporaciones estatales y municipales de seguridad pública, sino la forma que finalmente es fondo, cuando realizan su labor.
Los militares, encargados de la seguridad nacional, Ejército y Marina, históricamente han sido ejércitos de paz y a partir del mandato de Felipe Calderón, ex presidente de la República, que tomó la decisión de que estas instituciones salieran a la calles del país a tratar de mantener y sostener la seguridad de los mexicanos con los tropas nacionales.
Desde más o menos 2008, el Ejército patrulla y sustituye las labores de las policías en los estados, la incursión militar fue bien recibida por los ciudadanos que aun y a pesar de que la seguridad y violencia no disminuye, continúan dando el voto de confianza a la milicia nacional.
Cabe mencionar que los militares están en las ciudades, realizando operativos de seguridad a la población, esto es vigilancia, retenes, patrullaje y presencia para inhibir el enfrentamiento de las bandas delincuenciales, esos grupos sí están en guerra, disputándose las plazas para el trasiego, venta y consumo de drogas.
Esto es lo que ha recrudecido las vendettas entre grupos antagónicos y la labor de los militares, principalmente, es evitar que la población civil sea víctima de estos enfrentamientos violentos y perturbadores por la saña con la que luchan por el control de las plazas.
El objetivo del gobierno no es combatir el crimen organizado sino la violencia que éste genera, para ello se ha implementado el uso de la fuerza pública federal, pero, ésta en su aplicación sufre conflictos de colaboración con las fuerzas del orden estatales, ya rebasadas por la delincuencia organizada.
Recordemos que el Ejército resguarda e interviene en los conflictos de seguridad nacional, principalmente, por ello la labor de seguridad pública se percibe más lenta debido a que las acciones e investigación y persecución del delito permanecen en la jurisdicción de las policías ministeriales, estatales y municipales.
El descrédito del combate gubernamental contra el crimen organizado se alimenta de la debilidad institucional, lo cual se evidencia en la incapacidad para hacer valer el Estado de derecho, lo que permite altos niveles de impunidad.
La ausencia de políticas públicas que no enfrentan las causas del crimen organizado como la pobreza y la falta de oportunidades para la clase media; y las constantes discusiones entre las fuerzas políticas nacionales que impiden la definición de una estrategia definitiva de ataque directo contra la delincuencia organizada fortalece más las fuerzas del crimen y debilita la imagen de la procuración de justicia.
Pero, por ejemplo, cuando vemos acciones coordinadas entre la Fiscalías Generales de los Estados, como el evento reciente en Nayarit, con la Marina, donde se logró abatir a, por lo menos, a dos miembros importantes de la organización delictiva de los Beltrán Leyva y 19 delincuentes más, en dos enfrentamientos, surge la esperanza de que el Ejército y la Marina sí pueden acabar con los criminales, pero, si les dan la orden de actuar (decisión política).
Recientemente, se acaba de firmar un acuerdo de colaboración el Grupo de Coordinación Veracruz y las autoridades de Tabasco acordaron realizar las siguientes acciones:
Intercambiar permanentemente información entre instituciones de seguridad y de procuración de justicia de ambos estados y el CISEN.
Garantizar la seguridad en carreteras federales, autopistas y otras vías de comunicación.
Y la más importante, desde nuestra óptica, definir estrategias comunes de prevención del delito y de persecución de los delincuentes, mientras esto no llegue serán buenos deseos y el crimen seguirá aumentando.
El compromiso del Estado Mexicano es enfrentar a la delincuencia con valor, con firmeza y con estrategias que permitan abatir el creciente índice delictivo y garantizar a la población su seguridad, dijeron y eso ya urge.
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