16 de marzo de 2017
alcalorpolitico.com
«Veracruz es un ejemplo emblemático de los desafíos que enfrenta el país en su conjunto». Tal aserto se asienta en un informe del International Crisis Grup, organismo no gubernamental dedicado a refrenar la violencia en más de 70 regiones del mundo, y en el cual analiza de forma muy bien documentada, crítica y propositiva la situación que se vive en el Estado de Veracruz.
En el Resumen Ejecutivo del documento, de circulación aún muy restringida pero que puede consultarse en inglés en su página oficial (http://ww.crisisgroup.org/) o en el resumen que publica Animal Político (http://www.animalpolitico.com/2017/02/rescatar-veracruz-violencia-corrupcion/) se señala con toda severidad: «Considerado en su momento un eje secundario de la economía criminal de México, Veracruz hoy se enfrenta a las devastadoras verdades de más de una década de violencia y corrupción a gran escala. Se cree que al menos 2 750 personas han desaparecido en un estado cuyo exgobernador es buscado por numerosos casos de malversación». Y a continuación hace una descripción clara, detallada y precisa de cada uno de los factores que tienen postrada a esta entidad federativa mexicana, cuyas riquezas naturales y humanas podrían ser suficientes para ser un ejemplo de progreso y bienestar. Mas no es así. Todos los que vivimos en estas latitudes estamos sorprendidos y desconcertados ante tanto terror, tanta degradación moral, tanta criminalidad, tanta desvergüenza y tanta impunidad de quienes son los responsables de esta debacle.
«Con la aceptación de que Veracruz se ha convertido en sede de crímenes de lesa humanidad —añade el documento—, el nuevo gobierno estatal impuso un quiebre radical con el pasado reciente. En su conjunto, las arcas vacías del estado, el breve mandato del gobernador, la puja por las elecciones presidenciales y la amenaza que parece presentar un gobierno estadounidense poco ortodoxo, representan una serie de obstáculos y distracciones que no se debería permitir que impidan a Veracruz salir del silencio y el terror». Con esta salvedad, propone dieciséis medidas: ocho al gobierno veracruzano, cinco al federal, dos a gobiernos internacionales, especialmente a EEUU, y una a las organizaciones internacionales, en particular la OEA y la ONU, y la sociedad civil internacional.
Como es imposible reproducir todas, y también porque ya se sabe que al gobierno federal solo le interesa sostener su precario equilibrio en el poder, se anota lo sugerido al gobierno estatal: 1) Admitir e investigar minuciosamente la participación del estado en crímenes de lesa humanidad, tales como las desapariciones forzadas; 2) Fortalecer la autonomía de la nueva Comisión de la Verdad, y brindar a los actores de la sociedad civil el derecho a asociarse con las autoridades judiciales estatales para iniciar investigaciones de delitos graves; 3) Honrar la independencia y abstenerse de interferir políticamente en el trabajo de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, en especial en lo relativo a las acusaciones de malversación de fondos públicos; 4) Iniciar de forma justa y transparente la remoción de funcionarios corruptos y cómplices del crimen de las instituciones estatales; 5) Sentar las bases de la reforma policial mediante el apoyo a la profesionalización, la mejora del nivel de vida de los agentes, y la restauración del sentido de dignidad en relación a las condiciones de servicio público; 6) Introducir mecanismos eficaces de control financiero, comenzando por la divulgación voluntaria de la asignación y uso de los fondos públicos; 7) Demostrar el compromiso con la libertad de expresión divulgando plenamente cómo se asignan los fondos públicos a las empresas mediáticas, y reformar y fortalecer los mecanismos de protección existentes para periodistas y activistas de derechos humanos; 8) Mejorar la coordinación con el gobierno federal en áreas fundamentales para brindar mejoras duraderas en la situación de seguridad.
Respecto al gobierno federal, solo se reproduce la decimotercera: «Esforzarse por evitar que el estado de Veracruz caiga en bancarrota para no agravar los conflictos locales en el corto plazo».
Son recomendaciones justísimas, pero… y lamentablemente como lo que señala el informe: «Las voces mexicanas que exigen una respuesta nacional más enérgica están maniatadas por la extrema impopularidad de los líderes políticos y el distanciamiento público del gobierno. La corrupción y la percepción de complicidad criminal han menoscabado la legitimidad del gobierno mexicano a todos los niveles, en especial de los 31 estados regionales del país. Bautizados “virreyes” debido a los poderes extraordinarios que se les concedieron durante la transición de México de régimen de partido único a democracia multipartidista, los gobernadores de estado también se han convertido en unas de las autoridades públicas de peor reputación. Desde 2010, once gobernadores de estado han sido investigados por corrupción».
¡Y vaya que no es poco decir! Ahora falta que los responsables hagan lo que deben hacer.
[email protected]
(Tiempo de lectura: 4 min)
En el Resumen Ejecutivo del documento, de circulación aún muy restringida pero que puede consultarse en inglés en su página oficial (http://ww.crisisgroup.org/) o en el resumen que publica Animal Político (http://www.animalpolitico.com/2017/02/rescatar-veracruz-violencia-corrupcion/) se señala con toda severidad: «Considerado en su momento un eje secundario de la economía criminal de México, Veracruz hoy se enfrenta a las devastadoras verdades de más de una década de violencia y corrupción a gran escala. Se cree que al menos 2 750 personas han desaparecido en un estado cuyo exgobernador es buscado por numerosos casos de malversación». Y a continuación hace una descripción clara, detallada y precisa de cada uno de los factores que tienen postrada a esta entidad federativa mexicana, cuyas riquezas naturales y humanas podrían ser suficientes para ser un ejemplo de progreso y bienestar. Mas no es así. Todos los que vivimos en estas latitudes estamos sorprendidos y desconcertados ante tanto terror, tanta degradación moral, tanta criminalidad, tanta desvergüenza y tanta impunidad de quienes son los responsables de esta debacle.
«Con la aceptación de que Veracruz se ha convertido en sede de crímenes de lesa humanidad —añade el documento—, el nuevo gobierno estatal impuso un quiebre radical con el pasado reciente. En su conjunto, las arcas vacías del estado, el breve mandato del gobernador, la puja por las elecciones presidenciales y la amenaza que parece presentar un gobierno estadounidense poco ortodoxo, representan una serie de obstáculos y distracciones que no se debería permitir que impidan a Veracruz salir del silencio y el terror». Con esta salvedad, propone dieciséis medidas: ocho al gobierno veracruzano, cinco al federal, dos a gobiernos internacionales, especialmente a EEUU, y una a las organizaciones internacionales, en particular la OEA y la ONU, y la sociedad civil internacional.
Como es imposible reproducir todas, y también porque ya se sabe que al gobierno federal solo le interesa sostener su precario equilibrio en el poder, se anota lo sugerido al gobierno estatal: 1) Admitir e investigar minuciosamente la participación del estado en crímenes de lesa humanidad, tales como las desapariciones forzadas; 2) Fortalecer la autonomía de la nueva Comisión de la Verdad, y brindar a los actores de la sociedad civil el derecho a asociarse con las autoridades judiciales estatales para iniciar investigaciones de delitos graves; 3) Honrar la independencia y abstenerse de interferir políticamente en el trabajo de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, en especial en lo relativo a las acusaciones de malversación de fondos públicos; 4) Iniciar de forma justa y transparente la remoción de funcionarios corruptos y cómplices del crimen de las instituciones estatales; 5) Sentar las bases de la reforma policial mediante el apoyo a la profesionalización, la mejora del nivel de vida de los agentes, y la restauración del sentido de dignidad en relación a las condiciones de servicio público; 6) Introducir mecanismos eficaces de control financiero, comenzando por la divulgación voluntaria de la asignación y uso de los fondos públicos; 7) Demostrar el compromiso con la libertad de expresión divulgando plenamente cómo se asignan los fondos públicos a las empresas mediáticas, y reformar y fortalecer los mecanismos de protección existentes para periodistas y activistas de derechos humanos; 8) Mejorar la coordinación con el gobierno federal en áreas fundamentales para brindar mejoras duraderas en la situación de seguridad.
Respecto al gobierno federal, solo se reproduce la decimotercera: «Esforzarse por evitar que el estado de Veracruz caiga en bancarrota para no agravar los conflictos locales en el corto plazo».
Son recomendaciones justísimas, pero… y lamentablemente como lo que señala el informe: «Las voces mexicanas que exigen una respuesta nacional más enérgica están maniatadas por la extrema impopularidad de los líderes políticos y el distanciamiento público del gobierno. La corrupción y la percepción de complicidad criminal han menoscabado la legitimidad del gobierno mexicano a todos los niveles, en especial de los 31 estados regionales del país. Bautizados “virreyes” debido a los poderes extraordinarios que se les concedieron durante la transición de México de régimen de partido único a democracia multipartidista, los gobernadores de estado también se han convertido en unas de las autoridades públicas de peor reputación. Desde 2010, once gobernadores de estado han sido investigados por corrupción».
¡Y vaya que no es poco decir! Ahora falta que los responsables hagan lo que deben hacer.
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