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Columnas y artículos de opinión

Ley televisa: no a la verdad

A salto de mata

Por: Gino Raúl De Gasperín Gasperín

21/04/2017

alcalorpolitico.com

En una más de esas raras alianzas que en lo oscurito hacen los partidos políticos para afianzar su indebida apropiación de la flaca democracia que vive el país, los diputados del PRI, PAN, Verde y Panal que integran la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados aprobaron la llamada Ley Televisa. Este nuevo revés a la decencia, a la honestidad y a la verdad que permite continuar engañando, pero ahora con mayor saña y desvergüenza, a la ingenua opinión popular, fue resultado de sendas iniciativas de eso que se llama Movimiento Ciudadano, partido que ha demostrado ser servidor de sus muy particulares intereses y nada más, y del veleidoso PAN que medra a la sombra y tras bambalinas.
 
Las iniciativas, presentadas por el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, y por el panista Federico Döring, implican, la primera, «suprimir la obligación de las televisoras y radiodifusoras a distinguir en sus noticiarios entre la opinión de los conductores y la información, y retirar la obligación de los concesionarios a presentar a sus audiencias noticias sustentadas en la veracidad», y la segunda, «suprimir las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en materia de defensoría de los derechos de las audiencias»
 
 (http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/04/05).
 
Las iniciativas de los dantistas (MC) y los panistas para derogar la fracción III del artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión e impedir que el Instituto sancione las violaciones al respecto, ya tenía dos antecedentes inmediatos que ponen en evidencia a quiénes se afanan en servir los diputados y sus partidos: «El pasado 31 de enero, el Ejecutivo Federal informó públicamente que presentó una controversia constitucional contra ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en relación con los derechos de las audiencias que han sido criticados por los concesionarios de radio y televisión. Ese mismo día, el Senado de la República interpuso otra controversia en relación con los lineamientos emitidos por el IFT» (http://www.proceso.com.mx/481074). En otras palabras, la presidencia de la república y su colega, el senado, tienen la firme intención de violentar los derechos ciudadanos a la información veraz a cambio de favorecer a los concesionarios de radio y televisión para que impunemente engañen y presenten mentiras y falsedades como hechos y verdades con el propósito de manipular, aún más, a la opinión pública que todavía cree en ellos y que, desafortunadamente, es tan extensa como la ignorancia.
 
La ley, de la que emanó el Instituto Federal de Comunicaciones y que ahora han acordado derogar, señala que esas empresas mediáticas deben distinguir explícitamente si lo que transmiten es una información de hechos o una opinión personal de sus locutores (si es que estos la tuvieren, pero siempre de sus dueños). El artículo 256 dice textualmente: «El servicio público de radiodifusión de interés general deberá prestarse en condiciones de competencia y calidad, a efecto de satisfacer los derechos de las audiencias, para lo cual, a través de sus transmisiones brindará los beneficios de la cultura, preservando la pluralidad y veracidad de la información, además de fomentar los valores de la identidad nacional, con el propósito de contribuir a la satisfacción de los fines establecidos en el artículo 3o. de la Constitución. Son derechos de las audiencias: I) Recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la Nación; II) Recibir programación que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad; III) Que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta; IV) Que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa». Asimismo, la ley da facultades al Instituto para sancionar cualquier acción que lesione los derechos de las audiencias.  
 
Por supuesto, los concesionarios (amigos incondicionales del poder político en turno), protestaron y elevaron sus lamentos hasta la presidencia y el senado de la república, quienes ahora se valen de los partidos políticos para hacer efectiva la destrucción de ese elemental respeto que merece el auditorio de un servicio público, que no es propiedad ni del Estado ni de los concesionarios, sino de los ciudadanos.  
 
No les colmó su ambición a los concesionarios que la misma ley les diera la facilidad de que ellos mismos fueran los integrantes de las obligadas defensorías de audiencia («Los concesionarios que presten servicio de radiodifusión deberán contar con una defensoría de audiencia, que podrá ser del mismo concesionario, conjunta entre varios concesionarios o a través de organismos de representación» (art. 259). Ellos quieren la absoluta libertad para decir y crear verdades a modo y conveniencia.
 
De nada sirvió, por supuesto, la oposición de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), cuyo presidente denunció «Este intento de contrarreforma legislativa, de componenda política y el atropello que se busca ocasionar a los derechos de las audiencias a cambio de favores políticos y el engaño publicitario», y señaló que ambas iniciativas «hacen eco de la campaña mediática y los intereses de la industria de la radiodifusión de regatear y burlar los derechos de las audiencias y derogar algunas facultades del IFT en la materia, a pesar de ser un logro social». (http://www.proceso.com.mx/481074/5/4/17). Tampoco sirvió que el partido dantista reculara y, tras darse cuenta que su iniciativa había sido preñada con la panista, se desistiera, votara en contra de su misma propuesta y quedara como el bobo que no mide las consecuencias de sus propios actos.
 
Pero lo más importante de todo es que el público ahora tendrá que vérselas con la derogación del derecho a ser informado con veracidad, derecho que costó mucho hacer respetar y que ahora, por este lamentable contubernio político-televisivo, se conculca, se abole en beneficio de intereses que no tienen nada que ver con el bien común.  
 
Es claro y manifiesto: de lo que se trata es de cerrar la tenaza gobierno-radio-televisión para crear en la opinión pública una seudorrealidad acorde con las conveniencias del grupo en el poder.
 
Así trabajan los partidos políticos.
 
[email protected]

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