El controvertido Estado de derecho que nos toca vivir, nos hace meditar sobre la engorrosa maraña de principios de forma y de fondo a que se ha acogido nuestra legislación en materia penal y de procedimientos en general que por complicada parece haber sido elaborada para proteger los más sucios intereses de gobernantes y malos gobernados.
 
Es cierto que como sociedad civilizada tenemos leyes humanistas que nos protegen del abuso y de las arbitrariedades del Estado, moderando a este, en su impulso de perseguir y castigar a la delincuencia, pero el conjunto de limitaciones y formalidades jurídicas han hecho casi inútil a aquel, subordinándolo y sometiéndolo casi a la parálisis o bien poniéndola al servicio de las lacras sociales y de los infectos y amañados servidores públicos que se protegen en los vericuetos del proceso y del amparo, para eludir o retardar la pronta impartición de la justicia.
 
El amparo y el debido proceso son ahora las puertas grandes por donde se escapan todas las alimañas que dañan a la sociedad y al servicio público, ambas figuras encubren y recubren de impunidad a los más atroces y viles depredadores que deambulan cínicamente en los pasillos de los palacios legislativos, municipales y de gobiernos, los otros acechan desde sus madrigueras o tiran los zarpazos sobre la inerme y sufrida humanidad de los mexicanos, que abnegados esperan una reacción milagrosa del gobierno para que asuma con valentía y con decisión su responsabilidad de aplicar efectivas medidas de sanidad anticorrupción y limpiar sus desgastadas filas al par de una sonora y definitiva guerra contra los enemigos encubiertos.  
 

La corrupción en la administración pública es casi un derecho que se ejercita desde la base hasta la cúpula. No hacerse rico, no medrar, exponer la vida o el puesto siendo funcionario de cualquier nivel, parece ser cosa de tontos.
 
Por el otro lado la divisa del miedo que utilizan los delincuentes como arma poderosa para amedrentar a los políticos y a las autoridades policíacas para apropiarse sin problemas de todo lo que quieren, nos tienen apachurrados, indefensos, temerosos, expuestos a peligros inenarrables que digerimos ya, como si la vida fuere una aventura y el sino, pudiera suceder en cualquier momento.
 
Nuestras leyes por generales y humanas otorgan derechos a todos por igual, de tal manera que pareciera al momento de aplicarse que tienen más derechos los delincuentes que los funcionarios policíacos o de seguridad, quienes están subordinados a rígidos protocolos que su más leve infracción es la fuerza de la razón por la que peligrosos infractores de la ley penal, salen airosos a continuar cometiendo desmanes a diestra y siniestra.
 

No creamos que es sólo el dinero o la amistad, lo que influye para asumir aberrantes conductas, como cuando un policía suelta a un peligroso delincuente asegurado in fraganti, es también el miedo a la muerte, el riesgo de una levantón, de una desaparición forzada lo que influye a asumir una conducta. Se necesita tener espíritu de héroe o el inocente aliento de mártir abnegado para enfrentarse a lo obvio.
 
¿Qué haríamos si fuéramos honestos magistrados, jueces, agentes del ministerio público o policías?, si somos acosados con tronantes amenazas vertidas por quienes sabemos por sus antecedentes que son capaces de todo, contra uno, su familia o sus bienes, sin necesidad de dinero, y ante el temor, ceder dócilmente a los acosos o dignamente bronquearse y perderlo todo.
 
A nadie le gusta imaginarse putrefacto, encostalado o abandonado en una barranca. O atado pidiendo clemencia a sus verdugos que lo golpean, o recibir moreteada la cabeza ensangrentada de un familiar como cruel represalia por no ceder a las órdenes del jefe dictando los acuerdos a conveniencia.
 

La situación muy especial generada por la violencia que ejerce la delincuencia sobre el poder público, influyendo y apoderándose de importantes áreas de la justicia y su impartición, de la política y de su ejercicio, nos debe de llevar a considerar medidas extremas que garanticen la seguridad y la vida.

Habrá quienes afirmen que este problema no existe en el país y que todo son meras suposiciones y no, este es un problema latente desde hace años que se oculta para no inquietar más a la población o porque es un mecanismo que le permite al sistema respetar sus compromisos con los altos jefes del narco, lavado de dinero y delincuencia organizada. Simulando detenciones y encarcelamiento para después ponerlos en libertad por supuestas investigaciones mal integradas o por el efecto de un amparo, arrancado con violencia.

Recordemos que en el año 2011, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) siendo oposición, llevó a la Cámara de Diputados la iniciativa de crear la figura de “Jueces sin rostro” precisamente por la avalancha de crímenes, amenazas y atentados que se dieron contra los encargados de impartir la justicia. Iniciativa que finalmente no prosperó.


El incidente más reciente sobre el tema lo constituye el asesinato a finales del 2016, del juez federal Vicente Antonio Bermúdez, quien conocía y sentenciaba casos relacionados con peligrosos narcotraficantes como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Si en los jueces esta la gran responsabilidad de interpretar la ley y de aplicarla se deben de crear mecanismos especiales para proteger su integridad.

Pero siendo este tema materia federal, es insoslayable y urgente que el Congreso legisle para crear la figura de los jueces sin rostro y los testigos invisibles. Para asegurar veredictos justos de acuerdo a la gravedad de los delitos que sean sometidos a su conocimiento.  


Precisamente hablando de seguridad y de justicia, cada vez que oigo al candidato a la Presidencia de la Republica (quien no lo vea así, está ciego, quien no lo oiga está sordo y quien no lo crea así, es un pen...itente) y Presidente Nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, reflexiono sobre el contenido de sus apasionados discursos y me lo imagino ya en Los Pinos. Sentado en la silla presidencial. Aun cuando sé que no es un hombre al que se pueda cuestionar, pues sus verdades son absolutas, el discurso que pronunció en el municipio de Guerrero, Coahuila me desconcertó, al pedirle al Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, que regrese a los militares a sus cuarteles, porque llevan diez años luchando contra la inseguridad y “ya están desgastados”.  

No sé qué tenga Andrés Manuel contra las fuerzas armadas que tanto mérito y heroísmo han mostrado en su entrega desinteresada a la paz y tranquilidad del país arriesgando y entregando sus vidas. Y me pregunto, será una iniciativa propia, o sus padrinos le mandaron intentar despejar las calles para que ellos puedan trabajar sin problema. O como pensará combatir el grave problema de la delincuencia organizada y él mismo responde “Se tiene que entender que la paz y la tranquilidad son producto de la justicia, y el mejor camino para enfrentar la inseguridad y la violencia es el de reactivar la economía de México, apoyar al campo, crear empleos, atender a los jóvenes y garantizar el bienestar del pueblo”, así de simples y pequeños dimensiona Andrés las dificultades por las que atraviesa la nación. Se acentúa mi temor de que el pueblo ilusionado con él, sufra un catastrófico y amargo despertar.

Mientras seguridad y justicia continúen invadidos por el dinero y el miedo, la impunidad y la corrupción seguirán hundiendo a nuestro país, apremia romper las trabas para salvar a la nación de estos pesados lastres que nos hunden como individuos y como pueblo, para lo cual se tendrá que legislarse sobre fuero y amparo, deslindándolos de su uso, para que los corruptos vayan directamente a los tribunales.- Por el bien de la causa.


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