Pese a ser la capital de Veracruz, la sede de los tres poderes del estado, en Xalapa se desarrolló una de las elecciones más tramposas que finalmente no favoreció a la candidata de la alianza PAN-PRD, Ana Miriam Ferráez, quien al igual que la priista Elízabeth Morales en la elección federal de 2015, ya hasta había mandado a instalar desde las tres de la tarde en la Plaza Lerdo un templete y equipo de sonido para celebrar anticipadamente un triunfo que no pudieron consumar por la torpeza de sus operadores y el contundente rechazo del electorado.
 
Es cierto que a diferencia de otros municipios de la entidad, donde en la víspera de la jornada electoral hubo muertos, heridos y atentados con armas de fuego en contra de candidatos y sus seguidores, aquí en la capital veracruzana no ocurrieron tales actos de intimidación pero sí se evidenció la burda intentona de compra de votos y de credenciales de elector operada por una red de 400 taxistas que habrían sido reclutados por operadores del PRD, según quedó registrado en videos difundidos en las redes sociales y en algunos portales noticiosos de internet.
 
Este domingo a media tarde, antes de que legalmente concluyeran los comicios, un grupo de ellos fue a reclamar el supuesto pago convenido en las instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal del partido del sol azteca, cuyos directivos obviamente se deslindaron de ese acto ilícito cuyas consecuencias son de tipo penal. Es más, en un comunicado, la dirigencia del PRD se afanó en destacar que los inconformes en ningún momento ingresaron a las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal ni solicitaron la presencia de algún integrante del CEE, señalando que se trataba de un tema particular entre los trabajadores del volante y puntualizando que los taxistas fueron engañados por Julio Antonio Moya, alias “El Jarocho”, un seudo líder que habría argumentado que el trato se cerraría en el comité perredista.
 

Lo que habría que preguntar es si la dirigencia perredista presentó alguna denuncia ante la FEPADE contra quienes resultaran responsables de estos presuntos hechos ilegales. Este domingo, “El Jarocho” declaró que el operativo fue fraguado por presuntas instrucciones del secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, exdirigente estatal del PRD, a través de su secretario particular llamado Raúl, el cual les habría prometido pagarles 800 pesos por cada credencial de elector. Como no les entregaron el dinero, amenazaron con bloquear este lunes algunas de las principales avenidas de Xalapa.
 
Resulta aberrante que un partido como el PRD, que surgió hace 28 años como una alternativa democrática tras el fraude electoral en la sucesión presidencial de julio de 1988, y que en la elección de gobernador en 2016 accedió a aliarse con el PAN en Veracruz para lograr no sólo la alternancia en el poder sino para presuntamente también sentar las bases de una auténtica transición a la democracia, ahora esté incurriendo en los mismos vicios y prácticas electorales que hasta la fecha le sigue criticando a los gobiernos priistas de la Federación y de otras entidades de la República.
 
Este domingo, por ejemplo, la presidenta del CEN del PRD, Alejandra Barrales –quien terminó cediendo la candidatura de Xalapa a Ferráez Centeno, retirándosela de última hora al exalcalde priista David Velasco Chedraui–, denunció guerra sucia contra su abanderado a la gubernatura del Estado de México, Juan Zepeda, y también acusó acciones de intimidación en Nayarit, ambos estados gobernados por el PRI.
 

Barrales se quejó de que previo a la elección fueron difundidas llamadas con la supuesta voz de Zepeda sobre una declinación a favor de Delfina Gómez, de Morena, y también a favor de la panista Josefina Vázquez Mota.
 
Pero en la capital veracruzana igualmente se dio la misma guerra sucia en contra del candidato de Nueva Alianza, Nicanor Moreira Ruiz, quien tuvo que difundir un comunicado este sábado 3 para denunciar que sus “redes sociales habían sido clonadas, haciendo creer a la gente una supuesta declinación a favor de otros proyectos, lo cual es totalmente falso y tiene la mera intención de confundir al electorado, de cara a la jornada electoral de este domingo.”
 
El gobierno aliancista que el PRD impulsó en Veracruz –el cual no ha podido abatir los índices de inseguridad, no ha generado empleos ni ha hecho obra pública y ni siquiera ha recuperado la décima parte de lo que supuestamente saquearon el exgobernador Javier Duarte y su pandilla– tampoco ha sido capaz de garantizar elecciones pacíficas, limpias y equitativas; o sea, realmente democráticas que motivaran la participación ciudadana y no que fomentaran tal abstencionismo, como el que se registró este domingo.
 

INTIMIDACIÓN Y ABSTENCIONISMO
 
Por cierto, la tarde de este domingo, antes de que concluyera la jornada electoral, el presidente del CDE del PRI, Renato Alarcón Guevara, convocó a conferencia de prensa para hacer un último llamado a la ciudadanía para que saliera a votar, pues lamentó la baja participación que hasta ese momento se registraba en la entidad, la cual atribuyó a que el proceso electoral se vio ensombrecido por la manifiesta participación de grupos de civiles armados que amedrentaron a los candidatos y simpatizantes priistas, con la complacencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
 
El dirigente estatal del partido tricolor exigió al Gobernador del Estado que garantizara la seguridad de los veracruzanos en este proceso, que la SSP sacara las manos de los comicios, y que el Jefe del Ejecutivo se mantuviera al margen como tantas veces ha prometido y declarado, para que los ciudadanos manifestaran libremente su voluntad.
 

Y es que, hasta ese momento, Alarcón Guevara había recibido reportes de incidentes violentos acontecidos en los municipios de Pánuco, Coxquihui, Alvarado, Soconusco, Acayucan, Coatzacoalcos, Yanga, Acultzingo, Martínez de la Torre, Papantla, Tlapacoyan, Tecolutla, Fortín de las Flores, Mixtla de Altamirano, Espinal, Ignacio de la Llave y Naranjos, en donde grupos de civiles armados, con la complicidad y acompañamiento de la policía estatal y de la Fuerza Civil estaban amedrentando y amenazando a la población votante.
 
De estos casos, detalló que en Pánuco estaba al frente de este operativo el excontralor duartista Ricardo García Guzmán en compañía de su hijo, el diputado local Rodrigo García Escalante, quienes bajaron de su vehículo y amenazaron al candidato a regidor segundo de la alianza PRI-PVEM, Eslim Muljady Romero Holguín.
 
En Coxquihui, dijo, además de las amenazas hubo una balacera propiciada presumiblemente por gente y vehículos del estado de Puebla.
 

En Alvarado detectaron que la operación electoral se estaba dando desde el motel Las Palmas, propiedad del actual presidente municipal, quien es esposo de la candidata de la alianza PAN-PRD.
 
Del puerto de Veracruz, como en el resto del estado, le fue reportado que patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública estaban deteniendo vehículos en distintas zonas sin motivo alguno, a fin de intimidar a la ciudadanía.
 
En Sayula de Alemán fue baleada la casa del candidato tricolor a la alcaldía, Antonio Vázquez, mientras que en Soconusco fue baleado el candidato del partido Movimiento Ciudadano.
 

“Todo ello nos permite concluir que el Gobierno del Estado es totalmente parcial y propicia condiciones de miedo y hasta pánico para que los veracruzanos no voten”, concluyó el presidente del CDE del PRI, quien anunció que los representantes de su partido se encargarían de documentar todos los elementos probatorios de estos actos, que son contrarios a los principios democráticos y de equidad que deben prevalecer.