Comenzaron a vigilar a Julio Scherer desde que era reportero de Últimas Noticias de Excélsior, a finales de los cincuenta. Lo seguían, sabían con quién se encontraba (y muchas veces hasta lo que había dicho en la conversación), pero además leían su correspondencia, grababan sus llamadas telefónicas y pusieron micrófonos en su casa, en su oficina y en los bares y restaurantes a donde iba, y le tomaron fotografías, solo y acompañado.
 
El periodista Scherer no fue el único blanco de operativos como ese. Hubo otros, activistas, políticos, dirigentes, diplomáticos, artistas, intelectuales, quién sabe cuántos que no supieron nunca que alguien andaba detrás de ellos, quién sabe de cuántos casos nunca se sabrá nada. Lo de Scherer se supo en noviembre de hace once años, cuando el semanario Proceso, el mensuario Etcétera y el sitio de internet emeequis detallaron el operativo que daba cuenta de que el periodista hacía y decía.
 
En noviembre de hace once años, el semanario Proceso, el mensuario Etcétera y el sitio de internet emeequis detallaron el operativo que daba cuenta de casi todo lo que el periodista hacía y decía.
 

Así que no sorprende (mucho) enterarse de la operación de espionaje a periodistas y activistas mexicanos que reveló el New York Times esta semana. Pero confunde porque se usó Pegasus, un programa de ochenta millones de dólares cuyo uso está restringido a investigaciones de la Procuraduría, de la secretaría de la Defensa, y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
 
Ninguna de las personas que menciona el reportaje del NTY es terrorista o delincuente. La versión oficial asegura que el gobierno (porque solamente los gobiernos pueden comprar este programa, según la compañía que lo creó) no espía a periodistas, ni a activistas, ni a promotores de los derechos humanos.
 
Los hechos son claros: alguien usó Pegasus. El gobierno federal dice que ellos no fueron. Pero alguien fue. Al parecer, el programa se ha usado en Israel, Turquía, Tailandia, Qatar, Kenia, Uzbekistán, Mozambique, Marruecos, Yemen, Hungría, Arabia Saudita, Nigeria y Bahrain.
 

Lo primero que uno se pregunta es a quién le interesaría espiar al equipo de periodistas que reveló las profundidades de la corrupción contratista en los más altos niveles del gobierno. Se pregunta uno a quién le interesa saber lo que piensa y lo que va a hacer una organización de derechos humanos. Y quisiera uno saber para qué sirve investigar a quienes tratan de evitar la descomposición moral del Estado mexicano.
 
Ni Stephanie Brewer, ni Santiago Aguirre, ni Mario Patrón (del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez) son delincuentes ni representan una amenaza para el Estado de derecho. Tampoco los periodistas de Artistegui Noticias Rafael Cabrera, Sebastián Barragán, o Carmen Aristegui (y mucho menos su hijo Emilio).
 
Ni Carlos Loret de Mola (colaborador de El Universal, Televisa y Radio Fórmula), ni Salvador Camarena ni Daniel Lizárraga (periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad), ni Juan Pardiñas ni Alexandra Zapata (del Instituto Mexicano para la Competitividad), ninguno es requerido por la justicia o está involucrado en actividades ilegales.
 

Así que alguien usó Pegasus en México o para los mexicanos. No es la primera vez. En mayo, no hace mucho, les cayó el mismo bicho a Simón Barquera (del Instituto nacional de Salud Pública), a Alejandro Calvillo (director de la organización Al Poder del Consumidor), y a Luis Encarnación (de la coalición ContraPESO, que busca reducir el consumo de bebidas gaseosas) cuando estaban en una campaña para aumentar los impuestos a las refresqueras y exigir rendición de cuentas.
 
Quien está usando Pegasus lo hace con fines políticos, y no hay mucho que buscarle: el gobierno federal lo sabe o no lo sabe.
 
Si no lo sabía, quiere decir que alguien tiene acceso a esos instrumentos y los maneja con malas intenciones, y a espaldas de las autoridades husmea en las vidas de otros, quién sabe para quién.
 

Si el gobierno federal sabía que se estaba usando la maquinaria del Estado para espiar sin motivos legales, algo tiene que pasar, aunque es claro que nadie nunca va a reconocer que pasó lo que pasó. Pero alguien tiene que responder por esta vaina, y pronto.
 
Por lo pronto, delincuentes y terroristas en potencia ya saben qué instrumentos tienen para vigilarlos y cómo funcionan, y eso no ayuda a nadie. Serán otros tiempos, pero se cometen los mismos errores. Nosotros no inventamos la realidad, ni el bien ni el mal. El enemigo no somos nosotros. El enemigo está en otra parte...
 
II
Y todavía no se sabe a cuánto asciende la deuda de Veracruz.