Este domingo, en un periódico capitalino muy afín al gobierno yunista de Veracruz, fue filtrado que luego de la reciente detención de los presuntos asesinos de Juan Camilo Castagné Velasco, el comisionado estatal de la Policía Federal ejecutado el sábado antepasado en un restaurante de Cardel, “puede destapar un asunto muuuy gordo”.  
 
La versión periodística dice que “de acuerdo con las pesquisas de las autoridades, todo apunta a que el móvil del crimen tiene que ver con, ¡sorpresa!, el buen trabajo del oficial”, y que “según esto, Castagné y su equipo habían comenzado a dar fuertes golpes contra los huachicoleros veracruzanos, que a últimas fechas se han fortificado en ese territorio”.  
 
“Y obviamente no hay delincuente que no tenga cómplices, por lo que el asesinado comandante ya comenzaba a tener claros los hilos de corrupción y protección que tienen los ladrones de combustible por parte de policías y funcionarios locales. Un asunto muy explosivo.”
 

Por eso ya habíamos expuesto aquí que si el comandante de la PF había recibido amenazas de muerte o estaba expuesto a una situación vulnerable, por qué entonces no había tomado las debidas precauciones. Castagné, en parte, fue víctima también de la evidente omisión de los gobiernos federal y del estado, que desde hacía tiempo fueron advertidos de la implicación de grupos criminales en este jugoso negocio ilícito y no hicieron prácticamente nada.  
 
Precisamente el lunes 29 de mayo, casi cuatro semanas antes de su ejecución, Castagné participó en Poza Rica en la reunión de seguridad que encabezaron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para coordinar acciones contra el robo de combustible en Veracruz y Puebla.
 
En esa ocasión, Osorio Chong dijo que se resguardaría el poliducto de PEMEX que iniciaba en Minatitlán, pasaba por el centro de Veracruz y se extendía hacia Puebla.
 

El titular de la SEGOB precisó que el objetivo para los cuerpos de seguridad federal y locales en las próximas fechas era dar con los líderes de quienes promueven el robo de gasolinas en la zona centro de Veracruz y en la región de Puebla conocida como el “Triángulo Rojo”, conformado por los municipios de Tepeaca, Quecholac, Acatzingo, Palmar de Bravo y Tecamachalco, donde menudea el robo de hidrocarburos.
 
El alto funcionario federal dijo que ya contaban con información parcial de toda una cadena de actores que participaban en este robo a la Nación.
 
Y eso es lo inexplicable, pues desde hace más de un año, publicaciones digitales difundieron información al respecto que ahora se ha corroborado. El 22 de enero de 2016, por ejemplo, el portal “Contraste” dio a conocer un correo anónimo enviado a diversos medios de la entidad, sobre el caso de los jóvenes desaparecidos de Tierra Blanca, uno de cuyos móviles fue el supuesto vínculo de familiares de una de las víctimas con una red de chupaductos.
 

Desde esa ocasión se acusó la presunta complicidad de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, a cargo de Arturo Bermúdez Zurita –actualmente preso en Pacho Viejo–, con miembros del crimen organizado, señalándose directamente a Ricardo Pacheco Tello, (a) El Quino, recién abatido en la ciudad de Puebla, al cual se identificaba como jefe de sicarios del Cartel Jalisco Nueva Generación en la zona Veracruz-Boca del Río y la persona a la que los policías le habrían entregado a los jóvenes terrablanquenses que fueron desaparecidos.
 
“A él le entregan a toda la gente que agarran los policías y los gendarmes, todos se entregan al Cártel de Jalisco”, se consignaba en el mensaje difundido por el portal Contraste, en el cual indicaban que un líder transportista, compadre de El Quino, “es un malandrote que lo apoya en todo hasta para el robo de hidrocarburos.”
 
Y referían, además, que “el Sr Ricardo Pacheco fue detenido en el 2013 por la SIEDO y no se sabe cómo madre salió... ya que según las autoridades hacen un trabajo competente... y ahora es la persona que trae asoleado Veracruz.”
 

Por eso causó extrañeza que El Quino, acompañado de solo otra persona, haya sido abatido en Puebla por la Marina Armada de México, cuando el día anterior diez de sus compinches se habían entregado a las fuerzas federales sin hacer uso de sus armas porque obviamente se sentían en desventaja.
 
¿De veras el líder del cártel jalisciense en la zona Veracruz-Boca del Río opuso resistencia o convenía más silenciarlo por las presuntas complicidades que pudo haber revelado?  
 
EXHIBEN A ‘LA DOÑA’
 

Sin medias tintas, frontal como suele ser, el senador priista Héctor Yunes Landa salió a responder públicamente por los cuestionamientos que la semana anterior le llovieron por el nombramiento que había dado a Stalin Sánchez Macías como su colaborador en el Senado de la República, el cual fue descalificado sólo por su parentesco con la señora Karime Macías Tubilla.  
 
La que se llevó la peor parte fue la diputada María Elisa Manterola Sainz, presidenta de la mesa directiva de la LXIV Legislatura del Estado, cuyas críticas a la designación del pariente de la esposa del exgobernador Javier Duarte fue difundida en varios medios de comunicación
 
Yunes Landa dijo que el referido nombramiento lo hizo hace 9 días y que era de carácter honorario, es decir, Sánchez Macías no fue incorporado a la nómina del Senado ni a ninguna otra.
 

“Efectivamente Stalin Sánchez Macías es primo de la Señora Macías Tubilla, lo que por sí mismo no le impide asumir este cargo ni cualquier otro. Si el parentesco con alguien señalado de corrupto fuera impedimento para tener un cargo público, mi calidad de primo hermano del actual Gobernador de Veracruz me hubiese impedido ser diputado local, diputado federal, senador de la República y otros cargos que he desempeñado tanto en el Gobierno Federal como de mi Estado y me impediría de por vida a tener cargo público alguno”, argumentó el excandidato del PRI a la gubernatura, quien refirió que “la señora diputada Manterola omite en su declaración reconocer que ella misma, durante el sexenio de Javier Duarte, desempeñó la presidencia de la Fundación Produce en el Estado de Veracruz, cargo que asumió como consecuencia de una negociación política con el entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán”.
 
Yunes Landa puntualizó que la diputada Manterola también omitió “en su declaración mencionar que el licenciado José Isaac Rodríguez Maldonado, quien durante el Gobierno de Javier Duarte se desempeñó como coordinador jurídico de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de su Gobierno, es ahora su principal asesor en la presidencia de la mesa directiva del Congreso del Estado”.
 
“Si bien es cierto que el simple hecho de haber colaborado con Javier Duarte no es en sí mismo un impedimento para trabajar de manera tan cercana a la diputada Manterola, lo que sí es de cuestionar de este nombramiento es el hecho de que el más cercano colaborador de la presidenta del Congreso del Estado fue el responsable de presentar las denuncias contra las constructoras que incumplieron contratos durante el Gobierno duartista, las que no prosperaron porque, precisamente, el licenciado Rodríguez Maldonado ‘olvidó’ ratificarlas”, señaló el senador priista, quien informó que el pasado 27 de junio, “no obstante no existir motivo legal para ello”, Stalin Sánchez Macías declinó el nombramiento que el pasado 23 de junio le había extendido, por lo que expuso que está a la espera de “que el actual colaborador duartista de la diputada Manterola también renuncie al cargo que tan cercano a ella ostenta”.
 

“El sí, obligado por su muy cuestionado desempeño como coordinador jurídico en el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa”, concluyó el aspirante del PRI a la gubernatura.
 
Para la próxima, la diputada Mariely Manterola va a tener que ponderar mejor hacia quien dirige sus infundadas críticas, pues no es lo mismo emitir una opinión ligera como representante del Congreso veracruzano que como propietaria de “La Doña”, un famoso bar de Martínez de la Torre que tuvo que cerrar sus puertas.