Por cuatachismo, Sergio Hernández fue impulsado a la diputación local por la cómoda vía plurinominal y posteriormente designado coordinador del Grupo Legislativo del PAN gracias al apoyo del dirigente estatal Pepe Mancha Alarcón, pero desafortunadamente para el joven empresario constructor, hasta ahora no ha podido demostrar tener la habilidad del operador político que la administración del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares necesita en el Congreso del estado.  
 
Inclusive al interior de su propia bancada, algunos de sus camaradas consideran que ya es intolerable la ineptitud de su coordinador, quien esta semana fue ridiculizado por un diario digital del norte de la entidad que hizo un sondeo entre los diputados para ver quiénes sabían cuántos artículos tiene la Constitución Política de Veracruz.
 
Sus mismos compañeros de curul y de partido, en corto, comentan sorprendidos la necedad de seguirlo manteniendo en tan relevante posición en el Poder Legislativo, pues sostienen que sus pifias y escándalos decepcionan y desencantan cada día que pasa a los ciudadanos veracruzanos que por convicción y esperanza votaron el año pasado por el “gobierno del cambio”.
 

Panistas y perredistas, que fueron aliados en la sucesión estatal de 2016 y en las elecciones municipales de este año, manifiestan su preocupación porque ya van 8 de 24 meses de la actual Legislatura y no ven ni sienten los avances en los temas primordiales para Veracruz, como el de la seguridad pública, que va de mal en peor, y el de las finanzas públicas, que les dejaron en bancarrota.
 
Por ello comentan que no pueden continuar así y que urge dar un golpe de timón, cambiar el rumbo antes de que sucumban al naufragio total. Y es que apuntan que a la actual Legislatura le restan escasos 16 meses y que francamente no perciben avances en la praxis parlamentaria, en la construcción de acuerdos políticos para legislar a favor de las mejores causas de los veracruzanos y rescatar al estado del desastre financiero y social en que lo dejaron, sobre todo, las últimas dos administraciones priistas.  
 
Paradójicamente, acusan que en el Congreso local que lidera el novato diputado panista se vive la tentación de la regresión, de los privilegios, mañas y opacidades que tanto le criticaron a los del Revolucionario Institucional cuando el PAN era un digno y combativo partido de oposición.
 

Hoy en día, los escándalos administrativos no cesan. A los polémicos convenios con los medios de comunicación se ha sumado la lista de sueldos estratosféricos de una élite de empleados solapados por el presidente de la Junta de Coordinación Política.
 
Al gobernador Yunes, el líder de la bancada del PAN le ha cumplido a medias, pues por un lado acató sumisamente su instrucción de retirarle al diputado perredista Sergio Rodríguez la presidencia de la Comisión de Hacienda del Estado, pero por el otro no pudo contener a la oposición para evitar la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie, a sabiendas de que el titular de la SPP, a quien el Ejecutivo ha defendido y sostenido en el cargo obcecadamente, será hecho trizas por los diputados de MORENA, PRI y seguramente hasta por los del PRD luego de la humillación de su compañero Rodríguez Cortés.
 
Por si fuera poco, la diputada Maryjose Gamboa, una de las “aliadas” de Sergio, anda que trina porque después de haberle dado luz verde para la presentación de su Iniciativa de Ley para los matrimonios igualitarios o Uniones de Hecho, ahora la tiene contra la pared porque tardíamente se dio cuenta que la iniciativa de la legisladora porteña es anticonstitucional.  
 

La última muestra de la indolencia y falta de compromiso de quien lidera el Congreso local se observó este jueves, cuando el pleno de la LXIV Legislatura aprobó al vapor las reformas constitucionales para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción –no obstante que el Jefe del Poder Ejecutivo les había turnado desde hacía más de dos meses el paquete de iniciativas–, por lo que tuvieron que recurrir a un procedimiento especial porque el plazo legal vence el próximo martes 18 de julio, y para que entren en vigor todavía tienen que ser aprobadas también por al menos 107 de los 212 Cabildos de la entidad.