1.- Hay que ver las cosas con tranquilidad. Si Enrique Ochoa Reza, presidente del CEN del PRI ha decidido que las Mesas de Discusión de la XXII Asamblea Nacional del PRI, lleguen “en vivo” a personas muy lejos de los centros de discusión, sabrá desde luego el riesgo que corre de que las mismas no se conviertan en una “cena que dicen tuvieron los negros”; es decir, que no se conviertan en una toma y daca entre los miembros de esa organización política.
 
Y si esto llegare a ocurrir bajo el supuesto de que fuera cierta la versión de que la transmisión en vivo de las discusiones, las consecuencias serían imprevisibles.
 
Que Reza rece.
 

2.- Jorge Fernández Menéndez, en el Excélsior, relata con precisión la Ruta del PRI a su XXII Asamblea Nacional, y dice: “...El PRI llega a su Asamblea Nacional tratando de alejarse lo más posible de aquella 17 << y agrego de mí cuenta: en la que había que parar a quien nunca comulgó con el partido que lo llevó al poder>> que terminó con una ruptura entre el partido tricolor y el presidente Zedillo (quien había prometido una “sana distancia” con el partido y terminó designando siete presidentes partidarios en seis años y perdiendo, por ende, la elección del año 2000) y acercándose a la 14, la que fue base para el crecimiento y la consolidación primero del salinismo, y de la mano con él, de la candidatura de Luis Donaldo Colosio. Un personaje de peso en el PRI como Manlio Fabio Beltrones quiere que sea como la octava, aquella que encabezó Jesús Reyes Heroles y que hablaba de que primero fuera el programa y después el hombre.
 
Toda la atención está puesta en los requisitos establecidos en los estatutos del PRI para ser candidato y, sobre todo, en el candado que quedó de aquella 17 Asamblea: los diez años de militancia para poder ser candidato. No será el tema central: se olvida que en los estatutos del PRI hay otros mecanismos que pueden utilizarse a la hora de establecer una candidatura, sobre todo, si se recurre para llegar a la elección a una coalición. Muy probablemente el debate se centrará más que en el cambio de ese requisito de militancia, en abrir la posibilidad de que para presidente, como ahora existe para todos los otros cargos de elección popular, pueda ser elegible no sólo un militante, sino también un simpatizante. Y en eso el consenso parece ser muy amplio.
 
Con una diferencia. Los sectores, llamémosle “rebeldes”, quieren atar esa modificación a que la elección del candidato sea por un método abierto. En otras palabras, que un simpatizante pueda competir por la Presidencia, pero que sea electo en forma abierta. El método está contemplado, como muchos otros, en los estatutos del PRI, pero casi siempre ha resultado contraproducente para ese partido cuando se ha planteado como una lucha abierta entre dos o más candidatos. La derrota del 2000 se explica, en mucho, por el proceso interno que concluyó en noviembre de 1999, en el cual Francisco Labastida derrotó a Roberto Madrazo (el primero, el candidato preferido, aunque luego abandonado, dice Labastida, de Ernesto Zedillo; el segundo, el que representaba la ruptura de la 17 Asamblea con el Presidente), pero fue un triunfo pírrico: dejó a Labastida políticamente agotado, sin recursos para iniciar la campaña presidencial y le otorgó a la oposición todo el arsenal argumentativo que usó Madrazo contra Labastida y que reiteró, sobre todo, Vicente Fox en campaña. Seis años después, las consecuencias del enfrentamiento del llamado TUCOM contra Madrazo (éste los aniquiló y perdió con ello legitimidad) fue un desastre que se reflejó en los resultados del 2006.
 

El tema es cómo presentar y abrir una consulta asumiendo que el presidente Peña tendrá el papel protagónico en la designación del candidato de su partido. Pero, precisamente, por eso otra mesa, la de Guadalajara, será la que esté asumiendo, más que la de Campeche, (donde se verán estatutos e hipotéticamente candados), mucho más protagonismo: en Guadalajara se analizará la propuesta a futuro del PRI, y dicen quienes saben, que allí es donde se deben dar los acuerdos que definirán, en mucho, el perfil de quién abandere al tricolor en el 2018. La ruptura de la 17 Asamblea no fue por personas, fue por programas y políticas que se reflejaban en personas. Probablemente quienes ganaron aquella asamblea (Santiago Oñate, César Augusto Santiago, entre otros) tenían razón en buscar que el PRI retomara su personalidad (o mejor dicho, la personalidad que había desarrollado con Colosio y perdió, decían, con Zedillo), pero su ruptura con el Presidente los dejó inertes, tanto que unos meses después Oñate dejó el partido en manos de uno de los perdedores de la asamblea, Humberto Roque Villanueva, quien infructuosamente intentó cambiar los candados, como no pudieron hacerlo tampoco sus sucesores, José Antonio González Fernández, Mariano Palacios Alcocer o Dulce María Sauri.
 
El PRI necesita alinear a la mayoría del partido con el presidente Peña, y necesita que ese proceso de designación lo lleve el propio Presidente acompañado por su partido. Está en el ADN priista y cuando no se da esa relación, ambos pierden.
 
Por eso, el verdadero debate sobre la sucesión priista estará en Guadalajara, no en Campeche. Y, también, veremos cómo los tiempos del PRI, lo decíamos esta semana, se retrasarán en función de la coyuntura política y a la espera de procesos como lo que suceda con el llamado Frente Amplio, entre el PRD y el PAN, con las consecuencias que se pudieran derivar de él, tanto en términos de acuerdos como de rupturas. Un tiempo en el que tampoco habrá cambio en la dirigencia partidaria (por lo menos, hasta que haya candidato presidencial) y donde el principal proceso de administración política deberá pasar por la búsqueda del consenso entre quienes están llegando a la recta final, por lo menos, para que no haya rupturas, públicas o privadas, porque más allá de programas, alianzas, acuerdos o desacuerdos, en el Partido Revolucionario Institucional son conscientes de que su única opción para competir en el 2018 es no llegar a esos comicios divididos…” Y Fernández Menéndez sabe de esto y mucho.
 

 3.- ¿Será cierto? Se afirma que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados aceptó darle trámite a la solicitud de desafuero contra el diputado del PRI, Alberto Silva Ramos, ex vocero del gobierno de Veracruz, durante la administración de Javier Duarte, por lo que el legislador tendrá siete días naturales para defenderse.
 
Se había afirmado que la petición había sido desechada, y se daba por hecho que así sería
 
Pero ayer se afirmó que la Comisión acordó darle trámite a la solicitud de desafuero, y eso implica que se le notifique al diputado que tiene siete días naturales para que produzca su defensa, y, además, para que manifieste "lo que a su interés convenga”, en palabras del presidente de la Comisión Instructora, el priista Ricardo Ramírez Nieto.
 

El diputado federal por el distrito de Tuxpan, ex presidente municipal del puerto norteño, ¿tendrá ahora un dique que le impida seguir navegando en aguas tranquilas?
 
Lo sorpresivo es que por unanimidad, los diputados del PRI, PAN y PRD “aceptaron a trámite esta solicitud de declaración de procedencia que presentó la Fiscalía General del Estado de Veracruz en contra de Silva Ramos, a quien se le señala por el desvío de recursos públicos, luego de que ordenó pagos por mil 567 millones de pesos a medios de comunicación cuando no había suficiencia presupuestaria y no reportó los gastos ante el Congreso del local."
 
Poco tiempo faltará para saber el destino final de este asunto. Debe recordarse que el período ordinario de Sesiones del Congreso de la Unión se inicia el primero de septiembre próximo.
 

P.D.- Morena afila el diente para hacerse del gobierno de la ciudad de México... y de su presupuesto...