La pregunta es quién ocupará la Rectoría de la Universidad Veracruzana, pero el debate va más allá, debe ir más allá. Desde hace semanas – que parecen meses que parecen años – las redes sociales y los medios se han ocupado del tema, y se han escuchado voces de casi todos lados en casi todos los tonos.
 
Algunos académicos y algunos estudiantes han reflexionado sobre la forma en que se elige a la cabeza de la universidad, y hay quienes no parecen conformes con la forma: hasta la fecha, una Junta de Gobierno evalúa a los candidatos y escoge a quien le parece mejor para el puesto, como dispone la ley de autonomía de 1993.
 
Los integrantes de la Junta (cuya autoridad se ha refrendado diez veces desde 1999) son nueve personas a quienes nombra el Consejo Universitario General, máximo órgano deliberativo de la universidad, que permite formar consensos y consolidar la vida colegiada y plural de la comunidad universitaria.
 

Pero no todos los que opinan están de acuerdo. Los inconformes cuestionan la imparcialidad de la Junta y su capacidad de elegir sin prejuicios a quien va a dirigir la UV durante cuatro y tal vez ocho años. Hay quienes exigen que el proceso de elección del rector se someta a votación de quienes integran la universidad, como si la democracia se redujera a votar...
 
(Y si así fuera, entonces todas las personas que pagan impuestos tendrían derecho a elegir al rector de una institución autónoma que recibe fondos públicos de las arcas veracruzanas.)
 
Aunque no soy universitario propiamente dicho porque algunos semestres en Letras no me califican para serlo, mi relación con la UV ha sido prolongada y cercana. Eso – creo – me permite compartir con los lectores algunas reflexiones sobre la universidad (la veracruzana y las de otras partes del país) y lo que la institución representa.
 

Después de medio siglo, la Universidad Veracruzana obtuvo su autonomía en el entendido de que ofrecería un ámbito de libertad y pensamiento para la discusión de las ideas y para la transmisión del conocimiento, como señala la exposición de motivos de la ley que promovió el entonces gobernador Patricio Chirinos.
 
Uno de los retos de entonces – como ahora – era acometer el reto formidable de conciliar la libertad de pensamiento, reflexión y cátedra, sin renunciar a la riqueza del pensamiento universal y al espíritu humanista que están en el origen de la propia Universidad.
 
Se trataba – entonces como ahora – de ofrecer un espacio que garantizara y promoviera el libre examen y la libre discusión de las ideas. Pero esa aspiración nunca llegó a convertirse en realidad, aunque uno piense que las universidades son centro del conocimiento, sede de la ciencia y refugio del pensamiento libre, de la soberanía del pensamiento y sus expresiones.
 

Me atrevo a pensar que en la UV nunca ha habido tal. Que yo recuerde, los espacios universitarios nunca han estado abiertos al debate o la discusión de temas que vayan más allá de la academia (y a veces ni eso). Y la responsabilidad es tanto de autoridades recalcitrantes como de estudiantes intolerantes.
 
Por ejemplo reciente, en el proceso de campañas para las elecciones pasadas, la propia rectora descartó la posibilidad de que los aspirantes presentaran sus plataformas y sus estrategias legislativas en los recintos universitarios, porque "son para actividades universitarias, y así está considerado en la normatividad".
 
Como si la comunidad universitaria no tuviera la madurez intelectual para juzgar lo que ve o lo que oye, y como si la normatividad fuera más importante que ninguna otra cosa...
 

Hace un par de años lamenté que muchos universitarios – no sólo de Veracruz – "parecen convencidos de que quienes no piensan como ellos son el enemigo, y que el enemigo no tiene derecho a expresar lo que piensa ni a debatir lo que dice". Si uno lee los mensajes que se publican en las redes sociales puede comprobar que la vaina no ha cambiado mucho.
 
Y la intolerancia no conduce a nada, mucho menos a la democracia que algunos parecen promover. "Quizá esa sea la raíz del árbol del problema", dije entonces. "Muchos sabemos qué país no queremos, pero pocos sabemos qué tenemos que hacer – y qué tenemos que conceder – para tener el país que queremos tener".
 
La democracia no consiste en que solamente ganan los candidatos que quiero, sino en la construcción de consensos entre adversarios, en el debate permanente de las ideas, en la aceptación de que hay gente que no piensa como uno pero tiene los mismos derechos que uno tiene.
 

La universidad tendría que servir para comparar ideas y hablar de las cosas que sirven al bien común en vez de cerrarse al libre debate de las ideas. Una universidad cerrada es una universidad pobre, limitada, temerosa, incompleta, que no puede ofrecer mucho a la sociedad en que funciona.
 
Lo primero que tendrá que hacer la persona que ocupe la próxima rectoría (más allá de corregir anomalías de normatividad y abolir prácticas administrativas que obstaculizan más que ayudar a la educación) es abrir la universidad a nuestro tiempo. Para eso no se necesita dinero.
 
Enseñar sin sueldo
 

Sabemos que el gobernador Miguel Ángel Yunes reconoció que la rectora Sara Ladrón de Guevara no ha dejado de exigir lo que por ley corresponde a la UV en materia financiera (aunque el gobierno no ha reintegrado lo que se le debe a la institución ni tiene para cuándo), y dijo que le gustaría dar clases sin goce de sueldo cuando deje su puesto. Tal vez sabe que no habrá dinero para pagarle.
 
Tampoco ha habido para pagar los salarios de los profesores de la escuela Ángel Carvajal de Naolinco, que llevan tres años sin cobrar. Pero los secretarios de Educación de antes y de ahora han cobrado puntualmente. No puede estar más claro. Una cosa es el discurso y otra es la realidad. Y no hay nadie que rife carros para pagarles.