21 de agosto de 2017
alcalorpolitico.com
A pocos meses de que inicie el proceso electoral 2017-2018, el cual considera la sucesión presidencial, senadores, diputados federales y locales, además de gobernador aquí en el estado de Veracruz, la situación permanece critica en el ámbito político-social, principalmente, por los hechos recientes que señalan a la inseguridad y corrupción como los ejes rectores de esa crisis en el país.
Y, definitivamente, hemos de abordar estos conceptos, corrupción e inseguridad, por tratarse de problemas cotidianos que se han instalado en la realidad de los mexicanos, que todos los días inician su día con noticias directas de hechos vinculados al crimen y la corrupción.
Explosión de una toma clandestina en Ixtaczoquitlán, el caso Odebretch de corrupción, la huelga de hambre de Duarte, el amparo de Borge para que no lo extraditen, muertos, asaltos, robos, políticos en fuga, homicidios, ejecutados, secuestros, son una cadena de hechos que ya no pueden ocultarse y los discursos no alcanzan para darle seguridad a los habitantes de este país que sufren el miedo de ser víctimas al salir a la calle.
En medio de este panorama los partidos políticos empiezan a moverse para iniciar estrategias y plataformas y tratar de convencer a los mexicanos, que serán los electores el próximo año, de que Instituto Político es el que podrá representar ¿dignamente? A los mexicanos.
El PRI trató de impresionar a la Nación y a los mexicanos con una asamblea nacional multitudinaria, intentando demostrar que la unidad del partido y su fortaleza está como hace unas decenas de años atrás, lamentablemente, para ese partido las cosas no son así.
El propio PRI reconoce con la reforma a sus estatutos que la corrupción e ineficiencia del estado para detener la violencia e inseguridad no ha sido posible por la propia ineficiencia de sus instituciones, principalmente, de las encargadas de la seguridad pública y las de la transparencia y fiscalización en el manejo de los recursos públicos.
La dilación, omisión y vista corta sobre los actos de corrupción señalados a los políticos del PRI, a los cuales el mismo estado conformado por una estructura de gobierno del mismo partido, perdona y permite que haya casos con el de los Duarte, Borge, Yarrington, Moreira y otros tantos que han logrado desfondar, económicamente, a estados de la república y dañar a imagen presidencial por la tibia reacción del ejecutivo nacional de meter en cintura a los corruptos.
La función pública, auditoría superior de la federación, Secretaría de Hacienda, la misma PGR y otros entes fiscalizadores han acusado directamente a los gobernadores y funcionarios de todos los niveles sobre la corrupción y robo de recursos de los fondos federales y, apenas, el presidente autoriza algunas acciones contra los corruptos.
Se reserva las acciones jurídicas contra los gobernadores, porque estos saben que hay complicidad sobre los actos de corrupción, principalmente, con los que son del Revolucionario Institucional, no por nada el Presidente es el Primer Priísta de la nación, recordemos aquellas añejas frases de “no barrer para atrás” y “perro no come perro”.
Como espectador el Presidente Peña Nieto, ha dejado hacer y deshacer a todos los gobernadores del PRI, a los gobernadores de otros partidos ni los ve ni los oye, por lo tanto, los que andan metidos en los escándalos de corrupción son emanados de su partido y, como quiera, ha salido bien librado ante los mexicanos, por realizar actos tibios metiendo a algunos a la cárcel y fincar responsabilidades a otros, dándoles tiempo para que se fuguen del país.
Pero, en el ocaso del sexenio, apenas a un año de entregar el poder presidencial, el Presidente Peña Nieto, enfrenta un proceso que puede dañar la sucesión a un candidato de su propio partido, el caso Odebrecht, puede representar uno de los perores asuntos que tendrá que resolver, este no es un asunto menor que pudiera arreglar tan fácilmente como lo ha hecho con los gobernadores corruptos.
No, el caso Odebretch, representa un asunto internacional en donde se la corrupción se extiende a territorios insospechados y que salen a la luz pública en una acusación realizada no por autoridades fiscalizadoras mexicanas, sino por autoridades internacionales que acusan al ex funcionario de Pemex, Emilio Lozoya, de haber recibido sumas millonarias en dólares para autorizar obras privilegiando a la empresa brasileña.
El mismo, Emilio Lozoya, ha intentado desprestigiar las acusaciones diciendo que es señalado por un testigo protegido sólo para reducir su condena, pero, si la justicia y las investigaciones demuestran que los señalamientos son verdaderos, entonces, tendrá que explicar a donde fueron a parar los millones depositados por la empresa brasileña para ejecutar varios trabajos en este país, incluso, algunos en Veracruz.
Y aquí es donde empieza el problema grave para la sucesión, todo lo que sucede con los políticos mexicanos es que son demasiado ambiciosos y corruptos, que creen que los ciudadanos no han cambiado y que siguen siendo igual de pasivos, como la historia los ha registrado, sin embargo, los mexicanos participan más en política y observan que, el mal crónico del país, es la corrupción, y como se resuelvan los casos de políticos acusados de corrupción y el Caso Odebretch, la elección sucesoria esta predestinada para que el PRI, pierda las próximas elecciones del 2018.
El voto ciudadano será contra la corrupción, la inseguridad y la violencia, atine quién ganará los próximos comicios.
Suburbio 1
La falta de una estrategia clara con medios y objetivos precisos, más allá de los discursos grandilocuentes, realizados por una clase política en la que no se confía, explica en parte el hartazgo de los ciudadanos.
[email protected]
Y, definitivamente, hemos de abordar estos conceptos, corrupción e inseguridad, por tratarse de problemas cotidianos que se han instalado en la realidad de los mexicanos, que todos los días inician su día con noticias directas de hechos vinculados al crimen y la corrupción.
Explosión de una toma clandestina en Ixtaczoquitlán, el caso Odebretch de corrupción, la huelga de hambre de Duarte, el amparo de Borge para que no lo extraditen, muertos, asaltos, robos, políticos en fuga, homicidios, ejecutados, secuestros, son una cadena de hechos que ya no pueden ocultarse y los discursos no alcanzan para darle seguridad a los habitantes de este país que sufren el miedo de ser víctimas al salir a la calle.
En medio de este panorama los partidos políticos empiezan a moverse para iniciar estrategias y plataformas y tratar de convencer a los mexicanos, que serán los electores el próximo año, de que Instituto Político es el que podrá representar ¿dignamente? A los mexicanos.
El PRI trató de impresionar a la Nación y a los mexicanos con una asamblea nacional multitudinaria, intentando demostrar que la unidad del partido y su fortaleza está como hace unas decenas de años atrás, lamentablemente, para ese partido las cosas no son así.
El propio PRI reconoce con la reforma a sus estatutos que la corrupción e ineficiencia del estado para detener la violencia e inseguridad no ha sido posible por la propia ineficiencia de sus instituciones, principalmente, de las encargadas de la seguridad pública y las de la transparencia y fiscalización en el manejo de los recursos públicos.
La dilación, omisión y vista corta sobre los actos de corrupción señalados a los políticos del PRI, a los cuales el mismo estado conformado por una estructura de gobierno del mismo partido, perdona y permite que haya casos con el de los Duarte, Borge, Yarrington, Moreira y otros tantos que han logrado desfondar, económicamente, a estados de la república y dañar a imagen presidencial por la tibia reacción del ejecutivo nacional de meter en cintura a los corruptos.
La función pública, auditoría superior de la federación, Secretaría de Hacienda, la misma PGR y otros entes fiscalizadores han acusado directamente a los gobernadores y funcionarios de todos los niveles sobre la corrupción y robo de recursos de los fondos federales y, apenas, el presidente autoriza algunas acciones contra los corruptos.
Se reserva las acciones jurídicas contra los gobernadores, porque estos saben que hay complicidad sobre los actos de corrupción, principalmente, con los que son del Revolucionario Institucional, no por nada el Presidente es el Primer Priísta de la nación, recordemos aquellas añejas frases de “no barrer para atrás” y “perro no come perro”.
Como espectador el Presidente Peña Nieto, ha dejado hacer y deshacer a todos los gobernadores del PRI, a los gobernadores de otros partidos ni los ve ni los oye, por lo tanto, los que andan metidos en los escándalos de corrupción son emanados de su partido y, como quiera, ha salido bien librado ante los mexicanos, por realizar actos tibios metiendo a algunos a la cárcel y fincar responsabilidades a otros, dándoles tiempo para que se fuguen del país.
Pero, en el ocaso del sexenio, apenas a un año de entregar el poder presidencial, el Presidente Peña Nieto, enfrenta un proceso que puede dañar la sucesión a un candidato de su propio partido, el caso Odebrecht, puede representar uno de los perores asuntos que tendrá que resolver, este no es un asunto menor que pudiera arreglar tan fácilmente como lo ha hecho con los gobernadores corruptos.
No, el caso Odebretch, representa un asunto internacional en donde se la corrupción se extiende a territorios insospechados y que salen a la luz pública en una acusación realizada no por autoridades fiscalizadoras mexicanas, sino por autoridades internacionales que acusan al ex funcionario de Pemex, Emilio Lozoya, de haber recibido sumas millonarias en dólares para autorizar obras privilegiando a la empresa brasileña.
El mismo, Emilio Lozoya, ha intentado desprestigiar las acusaciones diciendo que es señalado por un testigo protegido sólo para reducir su condena, pero, si la justicia y las investigaciones demuestran que los señalamientos son verdaderos, entonces, tendrá que explicar a donde fueron a parar los millones depositados por la empresa brasileña para ejecutar varios trabajos en este país, incluso, algunos en Veracruz.
Y aquí es donde empieza el problema grave para la sucesión, todo lo que sucede con los políticos mexicanos es que son demasiado ambiciosos y corruptos, que creen que los ciudadanos no han cambiado y que siguen siendo igual de pasivos, como la historia los ha registrado, sin embargo, los mexicanos participan más en política y observan que, el mal crónico del país, es la corrupción, y como se resuelvan los casos de políticos acusados de corrupción y el Caso Odebretch, la elección sucesoria esta predestinada para que el PRI, pierda las próximas elecciones del 2018.
El voto ciudadano será contra la corrupción, la inseguridad y la violencia, atine quién ganará los próximos comicios.
Suburbio 1
La falta de una estrategia clara con medios y objetivos precisos, más allá de los discursos grandilocuentes, realizados por una clase política en la que no se confía, explica en parte el hartazgo de los ciudadanos.
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