Lo único que no está claro en el caso del gasoducto en la carretera de Xalapa a Coatepec es quién autorizó que se instalara la tubería en ese camino. Los demás detalles del proyecto se conocen desde hace tiempo, y desde hace tiempo hay quienes se oponen – con razón y sin ella – a que la línea pase por centros urbanos.
 
Hay muchas manos metidas en el asunto, y ya no se sabe qué mano mece la cuna, qué mano rasca la preocupación, qué mano recibió qué o cuanto, qué mano firmó qué documentos, qué mano va a dar la puñalada. En cambio hay pocas bocas abiertas. Y las que se abren dicen cosas sin mucho sentido.
 
Si los libros del Ayuntamiento y del gobierno del estado fueran fácilmente accesibles, uno podría encontrar la huella documental de esta triste historia. Pero hay que atenerse a las declaraciones de José Antonio González Azuara, delegado de la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien dijo que el proyecto del gasoducto se autorizó en 2012 (cuando el representante de la Semarnat en el estado era Manuel Molina Martínez).
 

En una entrevista con Radiover, González Azuara aclaró hace un par de años que en cualquier caso todavía se necesitaban permisos de los gobiernos estatal y municipal. "Se requiere (...) un juego de autorizaciones para una obra de esas características", dijo el delegado. "Si una autorización no se da no se podría seguir avanzando".
 
La idea era tender una tubería que saliera del municipio de Emiliano Zapata, pasara por Xalapa y terminara en Coatepec, dividida en dos ramales: uno que fuera a la planta de Nestlé en La Orduña y otro a la planta de la Coca Cola en el Camino a las Haciendas, en beneficio principal y directo para las dos empresas, y para otras que quedan en el trayecto. Y se requerían permisos federales, estatales y municipales.
 
Pero en la memoria colectiva todavía están las imágenes de San Juan Ixhuatepec (o San Juanico), donde una planta de almacenamiento de gas de Pemex hizo explosión hace más de treinta años, y sacudió al país y engendró el miedo de que se repitiera la desgracia. Otros recuerdan la desgracia de Guadalajara, hace un cuarto de siglo, y no quieren que esa historia se repita.
 

En fin, el caso es que el permiso federal ya se había concedido, y parece que el estatal también. El ayuntamiento de Xalapa autorizó el proyecto en mayo de este año. Así que todo iba más o menos bien hasta que se descubrió que la tubería está instalada ya en parte de la carretera.
 
Hace unos días, Julen Rementería, el secretario de Infraestructura y Obras Públicas (Siop), llegó a la carretera y clausuró la instalación del gasoducto por falta de autorización. El permiso que había otorgado el municipio –declaró el secretario – ya estaba vencido. El funcionario no dijo nada sobre la presunta autorización del gobierno del estado.
 
Américo Zúñiga, el alcalde de Xalapa, insiste en que el ayuntamiento no tiene vela en este entierro de tubos, porque los permisos dependen de otros niveles de gobierno. Pero el el miércoles reconoció que dio autorización para que se hiciera el gasoducto. Parte de su argumento es que va a beneficiar a la ciudad, aunque ninguna de las empresas del proyecto original está en la capital.
 

Cuando Zúñiga dio el banderazo de inicio de la reconstrucción de la carretera (acompañado por el gobernador Miguel Ángel Yunes y algunos alcaldes de la región) no dijo nada sobre los beneficios del proyecto para la capital del estado. Ni él ni nadie.
 
Sin embargo, Zúñiga pidió hace unos días que el asunto no se politizara, aunque la cosa ya está politizada porque muchos xalapeños y muchos coatepecanos se oponen a que el gasoducto pase por zonas urbanas y parecen dispuestos a usar su voto para expresar su insatisfacción en las próximas elecciones de lo que sea.
 
El proyecto, que lleva cuando menos cinco años tratando de arrancar, ha encontrado resistencias con las que no contaba. Y ahora se topó con un obstáculo al parecer insuperable, porque está en juego la palabra del gobierno de Veracruz: no habrá gasoducto.
 

Lo que falta ahora – como se dijo al principio – es establecer quién dio la orden de que se empezara a colocar la tubería (porque ninguna empresa empezaría a armar un gasoducto si no tuviera la seguridad de que el proyecto tiene permiso), aunque lo más probable es que nunca se sepa con certeza.
 
Y más urgente todavía es descubrir quién tiene autoridad para detener este proyecto. Por lo pronto todos responsabilizan a otros. Y nadie asume la parte del gasoducto que le toca, aunque tal vez haya quienes esconden la mano que recibió quién sabe qué o cuánto.