19 de octubre de 2017
alcalorpolitico.com
Ahorra o nunca, aconsejaba una campaña bancaria de hace tiempo. Y uno iba y guardaba lo que podía, con la esperanza de que el futuro no trajera malas noticias. Pero el futuro siempre trae malas noticias aunque haya algunas buenas mezcladas con las cosas que pasan.
La mala noticia de nuestro tiempo (más allá de la violencia que nos azota y las burocracias que nos aquejan) es que el sistema de pensiones se acerca peligrosamente a la quiebra. Veracruz es un buen ejemplo: saqueado de manera burda o sofisticada, el Instituto de Pensiones del Estado "tiene en riesgo su viabilidad financiera", según anota el portal alcalorpolitico.com.
Las aportaciones que recibe el IPE no alcanzan para pagar lo que debe o lo que tiene que pagar (que no es lo mismo). La institución sufrió un daño patrimonial de casi doscientos millones de pesos en 2016. Y el gobierno del Estado — que está quebrado — le debe más de seis mil millones de pesos.
En pocas y tristes palabras, el patrimonio de decenas de miles de trabajadores está a punto de desaparecer, y nadie puede hacer nada. Ni el gobierno que ofreció seguridad y progreso porque sabía cómo hacer las cosas, ni el burócrata que como académico publicó innumerables datos sobre los malos manejos del IPE (y los responsables de esos malos manejos). Nadie es responsable de lo que perdió.
Cuando terminó el interminable año fiscal de 2016, había poco más de ciento veintiséis mil derechohabientes en la nómina del IPE. Más de noventa y seis mil eran trabajadores activos que aportaban cuotas, y veintinueve mil eran jubilados que recibían pensiones de retiro. Todos ellos corren el riesgo de que un mal día les digan que lo que pagaron desapareció en un agujero negro que los contadores no pueden (o no quieren) explicar.
Lo peor de esa mala noticia es que al parecer el breve gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares no tiene ningún plan de contingencia para hacer frente a este problema que terminará por afectar a trabajadores de antes, de ahora y de después.
Tampoco el académico que dirige el IPE y que publicó innumerables artículos para explicar lo que había pasado en el instituto, ha dado muestras de saber qué hacer, aunque ahora trabaje con quienes señaló como responsables del brutal robo de las pensiones de los veracruzanos. A esto hemos llegado.
Hicieron las cosas al revés
El problema, dijo el alto funcionario de Seguridad Pública en una conversación casi privada, es que las cosas se hicieron al revés. Primero contrataron a la gente, les dieron entrenamiento, los capacitaron, los hicieron policías, y después los sometieron a pruebas de confiabilidad.
Cuando despidieron a los que no habían pasado la prueba, lo que hicieron fue alimentar la maña: muchos encontraron su verdadera vocación en la delincuencia, y otros no tuvieron más remedio que buscarse la vida con un arma en la mano.
El funcionario no dijo más. Quién sabe si calló por discreción o por conveniencia. El hecho es que el gobierno no sabe qué hacer o no puede hacer nada para impedir lo que pasa, que es mucho: muerte, secuestro, extorsión, amenazas, intranquilidad, miedo.
Lo que pasó esta semana en Boca del Río ilustra cómo va la vaina. Dos agentes de la policía ministerial trataron de detener a una señora. Al parecer los policías tenían una orden de aprehensión que no mostraron, y no iban acompañados por una agente, como marca el protocolo cuando se trata ce detener a una mujer.
La Fiscalía, que recibe instrucciones del gobernador, despidió a los agentes y abrió una carpeta de investigación de cuyos avances no se sabrá (carajo, si hubieran actuado tan rápidamente como cuando decomisaron las despensas de los ingenieros...). Y quién sabe dónde andan los ex agentes. El fiscal dice que le dio vergüenza, aunque no tanta como para admitir que no tiene idea de lo que está haciendo.
El reportero Marcos Miranda filmó el incidente y logró transmitir el sentimiento de coraje mezclado con miedo y con impotencia de una persona perseguida y detenida sin razón y sin defensa, aunque otros veracruzanos han desaparecido sin testigos en situaciones parecidas.
Uno podría pensar que están haciendo las cosas al revés, como otros hicieron antes. Y que van a pagar en las urnas.
La mala noticia de nuestro tiempo (más allá de la violencia que nos azota y las burocracias que nos aquejan) es que el sistema de pensiones se acerca peligrosamente a la quiebra. Veracruz es un buen ejemplo: saqueado de manera burda o sofisticada, el Instituto de Pensiones del Estado "tiene en riesgo su viabilidad financiera", según anota el portal alcalorpolitico.com.
Las aportaciones que recibe el IPE no alcanzan para pagar lo que debe o lo que tiene que pagar (que no es lo mismo). La institución sufrió un daño patrimonial de casi doscientos millones de pesos en 2016. Y el gobierno del Estado — que está quebrado — le debe más de seis mil millones de pesos.
En pocas y tristes palabras, el patrimonio de decenas de miles de trabajadores está a punto de desaparecer, y nadie puede hacer nada. Ni el gobierno que ofreció seguridad y progreso porque sabía cómo hacer las cosas, ni el burócrata que como académico publicó innumerables datos sobre los malos manejos del IPE (y los responsables de esos malos manejos). Nadie es responsable de lo que perdió.
Cuando terminó el interminable año fiscal de 2016, había poco más de ciento veintiséis mil derechohabientes en la nómina del IPE. Más de noventa y seis mil eran trabajadores activos que aportaban cuotas, y veintinueve mil eran jubilados que recibían pensiones de retiro. Todos ellos corren el riesgo de que un mal día les digan que lo que pagaron desapareció en un agujero negro que los contadores no pueden (o no quieren) explicar.
Lo peor de esa mala noticia es que al parecer el breve gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares no tiene ningún plan de contingencia para hacer frente a este problema que terminará por afectar a trabajadores de antes, de ahora y de después.
Tampoco el académico que dirige el IPE y que publicó innumerables artículos para explicar lo que había pasado en el instituto, ha dado muestras de saber qué hacer, aunque ahora trabaje con quienes señaló como responsables del brutal robo de las pensiones de los veracruzanos. A esto hemos llegado.
Hicieron las cosas al revés
El problema, dijo el alto funcionario de Seguridad Pública en una conversación casi privada, es que las cosas se hicieron al revés. Primero contrataron a la gente, les dieron entrenamiento, los capacitaron, los hicieron policías, y después los sometieron a pruebas de confiabilidad.
Cuando despidieron a los que no habían pasado la prueba, lo que hicieron fue alimentar la maña: muchos encontraron su verdadera vocación en la delincuencia, y otros no tuvieron más remedio que buscarse la vida con un arma en la mano.
El funcionario no dijo más. Quién sabe si calló por discreción o por conveniencia. El hecho es que el gobierno no sabe qué hacer o no puede hacer nada para impedir lo que pasa, que es mucho: muerte, secuestro, extorsión, amenazas, intranquilidad, miedo.
Lo que pasó esta semana en Boca del Río ilustra cómo va la vaina. Dos agentes de la policía ministerial trataron de detener a una señora. Al parecer los policías tenían una orden de aprehensión que no mostraron, y no iban acompañados por una agente, como marca el protocolo cuando se trata ce detener a una mujer.
La Fiscalía, que recibe instrucciones del gobernador, despidió a los agentes y abrió una carpeta de investigación de cuyos avances no se sabrá (carajo, si hubieran actuado tan rápidamente como cuando decomisaron las despensas de los ingenieros...). Y quién sabe dónde andan los ex agentes. El fiscal dice que le dio vergüenza, aunque no tanta como para admitir que no tiene idea de lo que está haciendo.
El reportero Marcos Miranda filmó el incidente y logró transmitir el sentimiento de coraje mezclado con miedo y con impotencia de una persona perseguida y detenida sin razón y sin defensa, aunque otros veracruzanos han desaparecido sin testigos en situaciones parecidas.
Uno podría pensar que están haciendo las cosas al revés, como otros hicieron antes. Y que van a pagar en las urnas.