26 de octubre de 2017
alcalorpolitico.com
Un día de abril de hace diez años, el hombre dejó la lata vacía de cerveza en la banca donde estuvo bebiendo y se iba a otra parte con su fiesta. No había dado tres pasos cuando oyó una voz que le decía que recogiera la lata y la pusiera en la basura.
El hombre descubrió la cámara de circuito cerrado de televisión que lo observaba y le ordenaba, recogió la lata y la puso en la basura. Luego hizo una reverencia y se fue, pensando en lo que pasó. En algún lugar alguien lo vio alejarse y miró otra pantalla.
Eso pasó en Middlesbrough en el norte del norte de Inglaterra. Era el cuarto día de abril y sin duda los relojes acababan de dar las trece horas. Lo más probable es que nadie se haya dado cuenta de la ironía: la voz de la cámara le habló al hombre en la fecha y la hora en que empieza 1984, la novela de George Orwell.
Pero las cámaras de vigilancia se empezaron a usar a finales de los sesenta en el estado de Nueva York, y en la ciudad de Nueva York (como en algunas partes de Gran Bretaña) a principios de los setenta, aunque en ninguno de los casos se registró una disminución de hechos delictuosos. Hasta la fecha, en Gran Bretaña hay más de cuatro millones de cámaras que monitorean lugares públicos y sitios privados. En Estados Unidos la cifra pasa de treinta millones.
Las cámaras de circuito cerrado son más efectivas en estacionamientos, en el transporte colectivo y en algunas áreas públicas, según un estudio del centro Journalist's Resource de la Universidad de Harvard que se puede consultar (en inglés) en el sitio https://journalistsresource.org/studies/government/criminal-justice/surveillance-cameras-and-crime.
Si todo sale bien, en mayo del año que viene habrá cerca de seis mil quinientas cámaras – que costarán o costaron setecientos millones de pesos – para vigilar las seis regiones de Veracruz, donde hasta la fecha funcionan (cuando no están descompuestos) algunos monitores.
"El objetivo de estas cámaras será prevenir hechos delictivos e infracciones administrativas, garantizar el uso libre de los espacios públicos, perseguir e investigar los delitos y prevenir situaciones de emergencia", según el gobernador Miguel Ángel Yunes.
Hasta aquí todo va más o menos bien (porque el nuevo sistema también podría servir para espiar a particulares, amigos y enemigos, y otras cosas igualmente turbias): las cámaras detectan a una persona merodeando una casa, la siguen y captan el momento en que esa persona fractura la puerta o la ventana, y lo muestran saliendo de la casa con el botín en la mano, y la policía manda la patrulla más cercana al lugar de los hechos.
La terca realidad de Veracruz sigue mostrando que el eslabón más delgado de la cadena de seguridad es la institución encargada de ofrecer y garantizar la seguridad. La patrulla no llegará porque no había modo de comunicarse con ella, o porque no estaba en buenas condiciones mecánicas, o porque no tenía suficiente gasolina.
Si llega, llegará tarde, cuando mucho a peinar la zona, como en otras muchas, muchas veces. O los agentes no estarán muy interesados en actuar y tratarán de desanimar a las víctimas porque no hay recursos para investigar. O tratarán de que la víctima les dé algo para animarlos a entrar en acción. Todo eso ha pasado y pasa.
Y si el destino quiso que en la patrulla hubiera agentes eficaces o afortunados, los agentes detendrán al presunto responsable en posesión de lo robado, lo detendrán y lo llevarán ante una autoridad judicial junto con las pruebas que hayan logrado reunir y los documentos que apoyen los cargos que se le imputen al detenido.
El juez verá lo que le presentan y se dará cuenta de que el caso contra el detenido está incompleto y mal sustentado. O que no se siguió el protocolo. O que se violentaron los derechos del acusado. Sobre todo, comprobará que falta mucho para que los agentes a cargo de la seguridad pública puedan ver y entender el lado legal de su trabajo. El detenido saldrá libre.
Y cuando vengan las autoridades con los videos y las fotos que captaron las videocámaras, pueden encontrarse en el pedregoso terreno de la jurisprudencia, porque – hasta donde se sabe – la Suprema Corte de Justicia no ha determinado si el uso de cámaras de circuito cerrado es legal o viola alguna garantía constitucional.
(Los interesados en el tema pueden leer este interesantísimo documento: https://www.sitios.scjn.gob.mx/cursoderechopenal/sites/default/files/Lecturas/Ensayo LA PRUEBA EN EL SISTEMA ACUSATORIO %28Mag. Aguilar%29 Modulo VII.pdf - https://www.sitios.scjn.gob.mx/cursoderechopenal/sites/default/files/Lec)
En todo caso, sería interesante saber cuántos detenidos han quedado en libertad por deficiencias en los expedientes. Y cuántos de ellos han vuelto a delinquir. Y cuántos de ellos fueron policías antes de convertirse (o volver a ser) criminales. Y qué se piensa hacer para que esas cosas no pasen.
Y mientras llegan las cámaras y las instalan y las ajustan, y antes de que lo vean a uno, uno seguirá preguntándose por qué hubo que esperar año y medio para tomar esta medida tan importante, y en qué momento se convertirá uno en el hombre que deja su lata de cerveza vacía en una banca, en cualquier banca...
El hombre descubrió la cámara de circuito cerrado de televisión que lo observaba y le ordenaba, recogió la lata y la puso en la basura. Luego hizo una reverencia y se fue, pensando en lo que pasó. En algún lugar alguien lo vio alejarse y miró otra pantalla.
Eso pasó en Middlesbrough en el norte del norte de Inglaterra. Era el cuarto día de abril y sin duda los relojes acababan de dar las trece horas. Lo más probable es que nadie se haya dado cuenta de la ironía: la voz de la cámara le habló al hombre en la fecha y la hora en que empieza 1984, la novela de George Orwell.
Pero las cámaras de vigilancia se empezaron a usar a finales de los sesenta en el estado de Nueva York, y en la ciudad de Nueva York (como en algunas partes de Gran Bretaña) a principios de los setenta, aunque en ninguno de los casos se registró una disminución de hechos delictuosos. Hasta la fecha, en Gran Bretaña hay más de cuatro millones de cámaras que monitorean lugares públicos y sitios privados. En Estados Unidos la cifra pasa de treinta millones.
Las cámaras de circuito cerrado son más efectivas en estacionamientos, en el transporte colectivo y en algunas áreas públicas, según un estudio del centro Journalist's Resource de la Universidad de Harvard que se puede consultar (en inglés) en el sitio https://journalistsresource.org/studies/government/criminal-justice/surveillance-cameras-and-crime.
Si todo sale bien, en mayo del año que viene habrá cerca de seis mil quinientas cámaras – que costarán o costaron setecientos millones de pesos – para vigilar las seis regiones de Veracruz, donde hasta la fecha funcionan (cuando no están descompuestos) algunos monitores.
"El objetivo de estas cámaras será prevenir hechos delictivos e infracciones administrativas, garantizar el uso libre de los espacios públicos, perseguir e investigar los delitos y prevenir situaciones de emergencia", según el gobernador Miguel Ángel Yunes.
Hasta aquí todo va más o menos bien (porque el nuevo sistema también podría servir para espiar a particulares, amigos y enemigos, y otras cosas igualmente turbias): las cámaras detectan a una persona merodeando una casa, la siguen y captan el momento en que esa persona fractura la puerta o la ventana, y lo muestran saliendo de la casa con el botín en la mano, y la policía manda la patrulla más cercana al lugar de los hechos.
La terca realidad de Veracruz sigue mostrando que el eslabón más delgado de la cadena de seguridad es la institución encargada de ofrecer y garantizar la seguridad. La patrulla no llegará porque no había modo de comunicarse con ella, o porque no estaba en buenas condiciones mecánicas, o porque no tenía suficiente gasolina.
Si llega, llegará tarde, cuando mucho a peinar la zona, como en otras muchas, muchas veces. O los agentes no estarán muy interesados en actuar y tratarán de desanimar a las víctimas porque no hay recursos para investigar. O tratarán de que la víctima les dé algo para animarlos a entrar en acción. Todo eso ha pasado y pasa.
Y si el destino quiso que en la patrulla hubiera agentes eficaces o afortunados, los agentes detendrán al presunto responsable en posesión de lo robado, lo detendrán y lo llevarán ante una autoridad judicial junto con las pruebas que hayan logrado reunir y los documentos que apoyen los cargos que se le imputen al detenido.
El juez verá lo que le presentan y se dará cuenta de que el caso contra el detenido está incompleto y mal sustentado. O que no se siguió el protocolo. O que se violentaron los derechos del acusado. Sobre todo, comprobará que falta mucho para que los agentes a cargo de la seguridad pública puedan ver y entender el lado legal de su trabajo. El detenido saldrá libre.
Y cuando vengan las autoridades con los videos y las fotos que captaron las videocámaras, pueden encontrarse en el pedregoso terreno de la jurisprudencia, porque – hasta donde se sabe – la Suprema Corte de Justicia no ha determinado si el uso de cámaras de circuito cerrado es legal o viola alguna garantía constitucional.
(Los interesados en el tema pueden leer este interesantísimo documento: https://www.sitios.scjn.gob.mx/cursoderechopenal/sites/default/files/Lecturas/Ensayo LA PRUEBA EN EL SISTEMA ACUSATORIO %28Mag. Aguilar%29 Modulo VII.pdf - https://www.sitios.scjn.gob.mx/cursoderechopenal/sites/default/files/Lec)
En todo caso, sería interesante saber cuántos detenidos han quedado en libertad por deficiencias en los expedientes. Y cuántos de ellos han vuelto a delinquir. Y cuántos de ellos fueron policías antes de convertirse (o volver a ser) criminales. Y qué se piensa hacer para que esas cosas no pasen.
Y mientras llegan las cámaras y las instalan y las ajustan, y antes de que lo vean a uno, uno seguirá preguntándose por qué hubo que esperar año y medio para tomar esta medida tan importante, y en qué momento se convertirá uno en el hombre que deja su lata de cerveza vacía en una banca, en cualquier banca...