8 de noviembre de 2017
alcalorpolitico.com
CABULAS
CADA UNO POR SU LADO…. Cada vez que alguien del Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz (Orfis) anuncia que se interpondrán denuncias penales en contra de ayuntamientos o de dependencias del gobierno del estado, por presuntos daños patrimoniales en que incurrieron al no solventar las observaciones que les hicieron, nos acordamos del buen amigo, ya difunto, Humberto “Polo” Troncoso, quien hizo famosa la frase: “tú como que me cabuleas y yo como que te creo”.
La última del Orfis por ejemplo, es su anuncio de que la semana entrante interpondrá varias denuncias penales por presunto daño patrimonial que asciende a más de cinco mil 518 millones de pesos, correspondientes a la Cuenta Pública del año 2016, el último de Javier Duarte de Ochoa.
Cuando presenten las denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE), los del Orfis se sacudirán las manos y exclamarán, misión cumplida, pues hasta allí llegan sus funciones como órgano de fiscalización superior.
Visto de lejos el asunto, pareciera que el Orfis es el implacable órgano fiscalizador de las finanzas públicas de Veracruz, sin embargo, ya de cerca, muy de cerca, es solo el enunciador y luego anunciador de desvíos de los recursos públicos de los veracruzanos y vea usted por qué amable lector.
Resulta que de los seis años de gobierno de Javier Duarte de Ochoa, el Orfis ha presentado denuncias penales similares por el presunto daño patrimonial de más de 23 mil 905 millones de pesos, que corresponden a las Cuentas Públicas del 2010, 2011, 2012, 2013 y 2015.
No vaya a pensar que nos saltamos el 2014, lo que sucede es que el Orfis encontró rechinando de limpia la Cuenta Pública de ese año y por ello no se presentó denuncia penal alguna; ese año es memorable para las finanzas de la entidad veracruzana.
Es larga, muy larga la lista de los llamados entes fiscalizables en contra de los cuales el Orfis ha presentado denuncias penales por presuntos malos manejos de los dineros públicos del estado de Veracruz, pero cortitita la de encarcelados por tal motivo, lo cual es tarea de la Fiscalía General del Estado.
¿Acaso usted amable lector ha sabido del encarcelamiento de algún alcalde o funcionario de la pasada administración estatal, como consecuencia de las denuncias penales del Orfis?, nosotros tampoco, a menos que nos lo aclare el Órgano de Fiscalización.
Por todo lo anterior y dada la impunidad prevaleciente para hacer que se devuelvan o que paguen con cárcel quienes presuntamente hicieron mal uso de 23 mil 905 millones de pesos, tan solo en la pasada administración estatal, es que sería conveniente fusionar en una sola dependencia, las funciones del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), para que la aplicación de la ley sea pronta y expedita.
Unir al Orfis y a la FGE en una sola para que su eficacia fuera total, debiera ser asignatura de los legisladores del LXIV Congreso local, con el único fin de reducir al máximo la impunidad de la que gozan los presuntos desviadores de recursos públicos de los veracruzanos.
O bien, que ambos se conformen en una sola fuerza con el fin de castigar a aquellos que metieron la mano al cajón de los dineros públicos.
HUELE MAL… Ahora que la diputada panista Mariana Dunyaska García Rojas está interviniendo en el asunto de los mal llamados rellenos sanitarios, encontrará mucha tela de donde cortar con el caso del tiradero de “El Guayabo” que se ubica en el municipio de Medellín de Bravo, pero deposita su basura Boca del Río.
Para empezar a hurgar en este escabroso tema, hay que buscar el por qué al final de la primera administración municipal de Miguel Ángel Yunes Linares, se le estaba pagando a la empresa que maneja ese basurero la cantidad de 500 mil pesos mensuales y un mes después, ya en la gestión de Salvador Manzur Díaz, la cantidad se elevó a un millón 200 mil pesos, lo que representa un incremento del 240 por ciento.
Por esa cantidad que se elevó considerablemente, se generó una deuda de algo así como 15 millones de pesos a la empresa que originalmente manejaba el empresario Julio Marquinez, deuda que se saldó al final con la dación en pago de un terreno en el Fraccionamiento Las Palmas, de la congregación de Playa de Vacas, del municipio de Medellín de Bravo.
Lo grave de este asunto es que mientras funcionarios municipales y empresarios se arreglaban entre si, el tiradero de “El Guayabo” no contó con geomembrana durante seis años, derramando sus líquidos contaminantes o lixiviados a los cuerpos de agua de la zona.
La diputada Mariana Dunyaska García Rojas, decíamos, tiene en este caso una excelente oportunidad para subir el tema al Congreso del Estado y desde allí evidenciar de paso a la Secretaría estatal de Medio Ambiente (SEDEMA) y a la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), que al no cumplir con sus obligaciones, incurrieron en el delito y pecado de omisión.
DÍGALO SIN MIEDO… Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar
CADA UNO POR SU LADO…. Cada vez que alguien del Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz (Orfis) anuncia que se interpondrán denuncias penales en contra de ayuntamientos o de dependencias del gobierno del estado, por presuntos daños patrimoniales en que incurrieron al no solventar las observaciones que les hicieron, nos acordamos del buen amigo, ya difunto, Humberto “Polo” Troncoso, quien hizo famosa la frase: “tú como que me cabuleas y yo como que te creo”.
La última del Orfis por ejemplo, es su anuncio de que la semana entrante interpondrá varias denuncias penales por presunto daño patrimonial que asciende a más de cinco mil 518 millones de pesos, correspondientes a la Cuenta Pública del año 2016, el último de Javier Duarte de Ochoa.
Cuando presenten las denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE), los del Orfis se sacudirán las manos y exclamarán, misión cumplida, pues hasta allí llegan sus funciones como órgano de fiscalización superior.
Visto de lejos el asunto, pareciera que el Orfis es el implacable órgano fiscalizador de las finanzas públicas de Veracruz, sin embargo, ya de cerca, muy de cerca, es solo el enunciador y luego anunciador de desvíos de los recursos públicos de los veracruzanos y vea usted por qué amable lector.
Resulta que de los seis años de gobierno de Javier Duarte de Ochoa, el Orfis ha presentado denuncias penales similares por el presunto daño patrimonial de más de 23 mil 905 millones de pesos, que corresponden a las Cuentas Públicas del 2010, 2011, 2012, 2013 y 2015.
No vaya a pensar que nos saltamos el 2014, lo que sucede es que el Orfis encontró rechinando de limpia la Cuenta Pública de ese año y por ello no se presentó denuncia penal alguna; ese año es memorable para las finanzas de la entidad veracruzana.
Es larga, muy larga la lista de los llamados entes fiscalizables en contra de los cuales el Orfis ha presentado denuncias penales por presuntos malos manejos de los dineros públicos del estado de Veracruz, pero cortitita la de encarcelados por tal motivo, lo cual es tarea de la Fiscalía General del Estado.
¿Acaso usted amable lector ha sabido del encarcelamiento de algún alcalde o funcionario de la pasada administración estatal, como consecuencia de las denuncias penales del Orfis?, nosotros tampoco, a menos que nos lo aclare el Órgano de Fiscalización.
Por todo lo anterior y dada la impunidad prevaleciente para hacer que se devuelvan o que paguen con cárcel quienes presuntamente hicieron mal uso de 23 mil 905 millones de pesos, tan solo en la pasada administración estatal, es que sería conveniente fusionar en una sola dependencia, las funciones del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), para que la aplicación de la ley sea pronta y expedita.
Unir al Orfis y a la FGE en una sola para que su eficacia fuera total, debiera ser asignatura de los legisladores del LXIV Congreso local, con el único fin de reducir al máximo la impunidad de la que gozan los presuntos desviadores de recursos públicos de los veracruzanos.
O bien, que ambos se conformen en una sola fuerza con el fin de castigar a aquellos que metieron la mano al cajón de los dineros públicos.
HUELE MAL… Ahora que la diputada panista Mariana Dunyaska García Rojas está interviniendo en el asunto de los mal llamados rellenos sanitarios, encontrará mucha tela de donde cortar con el caso del tiradero de “El Guayabo” que se ubica en el municipio de Medellín de Bravo, pero deposita su basura Boca del Río.
Para empezar a hurgar en este escabroso tema, hay que buscar el por qué al final de la primera administración municipal de Miguel Ángel Yunes Linares, se le estaba pagando a la empresa que maneja ese basurero la cantidad de 500 mil pesos mensuales y un mes después, ya en la gestión de Salvador Manzur Díaz, la cantidad se elevó a un millón 200 mil pesos, lo que representa un incremento del 240 por ciento.
Por esa cantidad que se elevó considerablemente, se generó una deuda de algo así como 15 millones de pesos a la empresa que originalmente manejaba el empresario Julio Marquinez, deuda que se saldó al final con la dación en pago de un terreno en el Fraccionamiento Las Palmas, de la congregación de Playa de Vacas, del municipio de Medellín de Bravo.
Lo grave de este asunto es que mientras funcionarios municipales y empresarios se arreglaban entre si, el tiradero de “El Guayabo” no contó con geomembrana durante seis años, derramando sus líquidos contaminantes o lixiviados a los cuerpos de agua de la zona.
La diputada Mariana Dunyaska García Rojas, decíamos, tiene en este caso una excelente oportunidad para subir el tema al Congreso del Estado y desde allí evidenciar de paso a la Secretaría estatal de Medio Ambiente (SEDEMA) y a la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), que al no cumplir con sus obligaciones, incurrieron en el delito y pecado de omisión.
DÍGALO SIN MIEDO… Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar