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Columnas y artículos de opinión

La Ley de Seguridad Interior en supremo debate

Metrópoli

Por: Francisco L. Carranco

04/12/2017

alcalorpolitico.com

Definitivamente la Ley de Seguridad Interna es un asunto muy delicado. Por supuesto que sí, como lo exigen los tiempos violentos que estamos viviendo, en que pareciera que el poder civil se ha agotado en cuestiones de seguridad, nuestro México ya no aguanta más y es necesario hacer algo contundente para acabar con la violencia e inseguridad.
 
El primero en aceptarlo es el Presidente, Enrique Peña Nieto, al referirse a esa Ley como una imperiosa necesidad, la cúpula del poder civil manifiesta y reconoce, por primera vez, que la militarización de la Seguridad Publica es un acto de respuesta urgente a los reclamos de la sociedad y que como tal hay que aplicarla para detener el poder fáctico que han desarrollado los grupos delictivos.
 
En otras ocasiones hemos manifestado que los cuerpos élites del Ejército y Marina son los únicos que tienen la capacidad, el armamento, la disciplina y la estrategia de guerra para enfrentar el crimen, sin embargo, en un país como el nuestro, donde las decisiones finales en toda situación de crisis las toman los representantes de ese PODER CIVIL, es decir: el Presidente, el gobernador, el alcalde.
 
Bien es sabido que esos representantes civiles, salvo sus honrosas excepciones, han sido tocados por manto de la corrupción con una de las estrategias del crimen organizado que es la el soborno, por ejemplo, que vulnera las entrañas de los sistemas gubernamentales
 
Esas relaciones Autoridad-Crimen, son las que han permitido a la mancha delincuencial crecer y rebasar, en todos sus aspectos, a las policías municipales y estatales hasta convertirse en una especie de ramificación del crimen, socavando a las instituciones y a los mandos policiacos sometidos ante el crimen.
 
El Presidente Calderón, inicia la inclusión de las fuerzas militares contra el crimen organizado y, por primera vez, los soldados salen a las calles a realizar acciones de seguridad pública, esas destinadas a las policías municipales y estatales, que demostraron la ineficiencia, el alto compromiso y dependencia de la delincuencia que poco a poco se fue apoderando de las “plazas” el ejército ha permanecido en las ciudades sólo con presencia militar desde hace más de 15 años, obviamente sin normatividad ni control en sus actuaciones en contra el crimen.
 
La Ley de Seguridad Interior asusta, claro que asusta, porque lo que hemos visto es la mínima parte de lo que el ejército puede hacer en tareas de seguridad, pero los soldados quizás sean los únicos que pueden equilibrar este país antes de que sea reconocido y señalado en el mundo como un estado fallido.
 
Bajo el principio de que las fuerzas armadas, dice la Ley y bajo de la orden del Presidente de México o las legislaturas de los estados, podrán intervenir cuando se identifiquen “Amenazas de Seguridad Interior” y las fuerzas de seguridad pública federales o locales resulten insuficientes para hacer frente a la “amenaza”.
 
México, nuestro querido país está en este supuesto, la amenaza nos agobia, las policías no pueden con el paquete de perseguir el delito y someter a los delincuentes, la sociedad civil vive con miedo, el país no produce, no hay mayor inversión ante la zozobra del crimen organizado, del fuero común y federal, el pueblo mexicano está en la indefensión y expuesto a ser víctima en cualquier momento.
 
La “amenaza a la seguridad interior” se refiere cuando las autoridades competentes para atenderla son rebasadas, cuando se identifica la falta o insuficiente colaboración, ojo, de las entidades federativas o municipales en la preservación de la seguridad nacional.
 
Es evidente que las fuerzas armadas hacen un enorme servicio al país, pero no los hemos visto ni conocemos los alcances de su actuación contra el enemigo, es decir, en guerra donde el poder militar depende de las autoridades militares, solamente, es decir, del Secretario de la SEDENA y el Secretario de Marina, obviamente con la anuencia del Presidente que será el único responsable del resultado final, para bien o para mal.
 
La historia ha registrado las actuaciones del Ejército mexicano en los movimientos sociales de este país, ahí los hemos visto combatir y someter las rebeliones con el uso de las fuerzas castrenses, porque el poder de negociación política ha sido insuficiente y las policías han demostrado su ineficiencia e incapacidad.
 
La estabilidad social la ha mantenido el Ejército para que el depositario del poder civil diga que hay gobernabilidad, hoy las cosas son diferentes, la causa que se pretende erradicar del país incluye el ejercicio del poder militar con mayores atribuciones y con protocolos de guerra, exigible también transparencia y protección a los derechos humanos.
 
Qué le queda al estado, regular la actuación de la tropa y fincar responsabilidad a los mandos militares supremos que estarán bajo el escrutinio de todos aquellos que se oponen a esta Ley: ONG´s, partidos políticos, diputados, senadores, “autoridades comprometidas o cómplices con el crimen” y obviamente las policías federales estatales y municipales que se deberán someter a la obligación que, como institución constitucional, debe preservar el derecho a la seguridad de todos los mexicanos.
 
Las fuerzas armadas, que ya han militarizado algunas entidades del país, deben de usar la fuerza pública militar, pero salvaguardando, insisto, los derechos humanos de la población, entendemos que serán acciones bélicas, pero, confiamos que deberán reducir la violencia, la lucha es contra los criminales no con la ciudadanía.
 
El Ejército ya está en las calles, habrá una Ley para regular su actuación, con poder casi “autónomo” con el control absoluto del uso de la fuerza letal, dominando la espiral de violencia y evitar al máximo las afectaciones a la población civil y rindiendo cuentas.
 
Por supuesto que esto es una opinión, el debate está en la mesa y usted estar o no de acuerdo.
 
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