18 de diciembre de 2017
alcalorpolitico.com
Dos temas convulsionan a la opinión pública en este país. Así es estimado lector, los temas políticos de mayor trascendencia se conjugan en el destino de lo que será una nueva época que vivirá el país en los próximos años, por una parte, el proceso electoral con los tres principales actores: Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade; y por el otro lado, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, esa que regulará al Ejercito, Marina y Fuerza Aérea.
Esta última, la Ley de Seguridad Interior, aprobada el 15 de diciembre por el Senado de la República, en una acción expedita, plantea una serie de leyes en la que se define la actuación de la Marina Armada, Fuerza Aérea y el Ejército Mexicano en tareas de auxilio a la seguridad pública.
Las acciones se han definido en el contexto de una inminente intervención de la fuerza letal que representan estos tres cuerpos de seguridad nacional en situaciones de “amenaza a la seguridad nacional” el compromiso y obligación de las fuerzas militares es salvaguardar la seguridad externa e interna del país; la Ley enuncia en qué situaciones las fuerzas castrenses podrán proceder, esto es, sólo si se demuestra que la seguridad interior está comprometida y si las fuerzas de seguridad pública federal, estatal y municipal han sido rebasados en capacidad, logística e inmediata respuesta.
Sobresale en parte del texto legislativo que, si se detecta que la amenaza interior es propiciada y por falta o insuficiencia de la colaboración de las entidades o municipios, en la preservación de la seguridad nacional, ojo, la intervención se llevaría a cabo.
Esto representa que las fuerzas militares, a través de los servicios de inteligencia, pudieran sustituir a las agencias ministeriales en esos casos, con la profundización de las investigaciones, acaso podrían actuar contra la complicidad de las entidades y municipios, cuyos funcionarios, pudieran estar inmiscuidos en acciones criminales que pudieran generar la supuesta amenaza a la estabilidad de la seguridad nacional, esto representaría un gran golpe contra los funcionarios corruptos.
Esos supuestos se están dando a lo largo y el ancho del país, se habla de complicidad de ciertas autoridades con la delincuencia y se habla también de la omisión y lentitud de las autoridades policiacas y ministeriales ante hechos delictivos que han propiciado el surgimiento de grupos de autodefensa como paliativo, aumento de violencia e ineficiencia en la respuesta de los cuerpos policiacos ante el crimen.
Por supuesto que la ley de Seguridad Interior, votada y aprobada por el Congreso de la Unión, está inmersa en una polémica profunda por interpretaciones que chocan, principalmente entre los actores políticos que decidieron reglamentar a la actuación del Ejército en las calles de las ciudades de nuestro país, por el otro lado los intelectuales, las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales que conocen el riesgo de la milicia en la seguridad pública, cuando se excede en sus funciones en contra de la sociedad civil
Pero la acción de las fuerzas militares responde a la urgencia de pacificar al país, equilibrando los cartones en este juego, la sociedad antes de la Ley estaba sometida por la delincuencia con una “supuesta” complicidad con las autoridades policiacas; en este momento la situación cambia, los militares son las instituciones que todavía son respetadas por la propia sociedad mexicana y guardan la esperanza de que devolverán la paz pública.
El peligro de estar sometidos a la violencia hizo que los militares actuaran en consecuencia, el Ejército y la Marina están en las calles de las ciudades mexicanas, pero desde el sexenio de Salinas de Gortari han incursionado en operativos de seguridad interna, eso sí, sin reglamentar su acción ellos intervienen en casos de extremo peligro para la sociedad, generalmente, en la destrucción de plantíos de droga e inhibiendo la actividad delictiva.
Si hacemos un recuento son muchos, si no todos, los estados preocupados por la seguridad de sus instituciones y el pueblo, quienes han pedido la intervención de las fuerzas federales, el Ejército y la Marina, desde que el Presidente Calderón decidió enfrentar al crimen con estas dos instituciones que salvaguardan la soberanía y la paz de la nación, los resultados han sido modestos porque las operaciones militares han sido acotadas, por el mismo poder civil del altiplano.
Los protocolos de intervención de los soldados y marinos serán contra criminales no contra la sociedad civil, ellos intervendrán a partir de la orden presidencial o las legislaturas de los estados contra las amenazas de seguridad, contra grupos terroristas o delincuencia organizada que, por un periodo determinado y con posibilidad de prórroga, disuelvan el peligro y riesgo de la inestabilidad social a causa de esos fenómenos delictivos.
La sociedad queda exenta, de la intervención militar en eventos de protesta social, donde esos movimientos políticos o electorales sean pacíficos y conforme a los derechos que otorga la constitución, no vulneren los derechos de los ciudadanos
Queda claro, que los militares en acciones y protocolos de seguridad pública llevan una ventaja con las policías tradicionales, tienen mayor capacidad de reacción con tácticas de guerra, disciplina y compromiso patrio, tienen el respeto de la sociedad y la confianza del poder civil representado por el Presidente de la república y legislaturas de los estados y quienes deberán tomar las decisiones de intervención no será el modo civil sino el mando militar.
Este habrá de prever que la inmersión del ejército, marina y fuerza aérea en problemas delincuencias será con el irrestricto respeto a los derechos humanos y protección de los ciudadanos, la acción militar no deberá ser considerada como un acto represor u opresor de los de la sociedad civil.
Aquella frase retórica de actuar hasta las últimas consecuencias será contra la delincuencia y todos aquellos eventos considerados como “amenaza” para la paz y en concordia social, no contra los ciudadanos, la constitución o los propios derechos humanos que tutela le Ley.
Los militares, empezando por los secretarios de estado que adquieren la potestad de salvaguardar la vida de los ciudadanos de México frente a la delincuencia organizada, estarán en observación nacional e internacional, por lo tanto, se regirán con la Ley y la misma Ley los señalará si exceden sus atribuciones contra el pueblo de México.
[email protected]
Esta última, la Ley de Seguridad Interior, aprobada el 15 de diciembre por el Senado de la República, en una acción expedita, plantea una serie de leyes en la que se define la actuación de la Marina Armada, Fuerza Aérea y el Ejército Mexicano en tareas de auxilio a la seguridad pública.
Las acciones se han definido en el contexto de una inminente intervención de la fuerza letal que representan estos tres cuerpos de seguridad nacional en situaciones de “amenaza a la seguridad nacional” el compromiso y obligación de las fuerzas militares es salvaguardar la seguridad externa e interna del país; la Ley enuncia en qué situaciones las fuerzas castrenses podrán proceder, esto es, sólo si se demuestra que la seguridad interior está comprometida y si las fuerzas de seguridad pública federal, estatal y municipal han sido rebasados en capacidad, logística e inmediata respuesta.
Sobresale en parte del texto legislativo que, si se detecta que la amenaza interior es propiciada y por falta o insuficiencia de la colaboración de las entidades o municipios, en la preservación de la seguridad nacional, ojo, la intervención se llevaría a cabo.
Esto representa que las fuerzas militares, a través de los servicios de inteligencia, pudieran sustituir a las agencias ministeriales en esos casos, con la profundización de las investigaciones, acaso podrían actuar contra la complicidad de las entidades y municipios, cuyos funcionarios, pudieran estar inmiscuidos en acciones criminales que pudieran generar la supuesta amenaza a la estabilidad de la seguridad nacional, esto representaría un gran golpe contra los funcionarios corruptos.
Esos supuestos se están dando a lo largo y el ancho del país, se habla de complicidad de ciertas autoridades con la delincuencia y se habla también de la omisión y lentitud de las autoridades policiacas y ministeriales ante hechos delictivos que han propiciado el surgimiento de grupos de autodefensa como paliativo, aumento de violencia e ineficiencia en la respuesta de los cuerpos policiacos ante el crimen.
Por supuesto que la ley de Seguridad Interior, votada y aprobada por el Congreso de la Unión, está inmersa en una polémica profunda por interpretaciones que chocan, principalmente entre los actores políticos que decidieron reglamentar a la actuación del Ejército en las calles de las ciudades de nuestro país, por el otro lado los intelectuales, las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales que conocen el riesgo de la milicia en la seguridad pública, cuando se excede en sus funciones en contra de la sociedad civil
Pero la acción de las fuerzas militares responde a la urgencia de pacificar al país, equilibrando los cartones en este juego, la sociedad antes de la Ley estaba sometida por la delincuencia con una “supuesta” complicidad con las autoridades policiacas; en este momento la situación cambia, los militares son las instituciones que todavía son respetadas por la propia sociedad mexicana y guardan la esperanza de que devolverán la paz pública.
El peligro de estar sometidos a la violencia hizo que los militares actuaran en consecuencia, el Ejército y la Marina están en las calles de las ciudades mexicanas, pero desde el sexenio de Salinas de Gortari han incursionado en operativos de seguridad interna, eso sí, sin reglamentar su acción ellos intervienen en casos de extremo peligro para la sociedad, generalmente, en la destrucción de plantíos de droga e inhibiendo la actividad delictiva.
Si hacemos un recuento son muchos, si no todos, los estados preocupados por la seguridad de sus instituciones y el pueblo, quienes han pedido la intervención de las fuerzas federales, el Ejército y la Marina, desde que el Presidente Calderón decidió enfrentar al crimen con estas dos instituciones que salvaguardan la soberanía y la paz de la nación, los resultados han sido modestos porque las operaciones militares han sido acotadas, por el mismo poder civil del altiplano.
Los protocolos de intervención de los soldados y marinos serán contra criminales no contra la sociedad civil, ellos intervendrán a partir de la orden presidencial o las legislaturas de los estados contra las amenazas de seguridad, contra grupos terroristas o delincuencia organizada que, por un periodo determinado y con posibilidad de prórroga, disuelvan el peligro y riesgo de la inestabilidad social a causa de esos fenómenos delictivos.
La sociedad queda exenta, de la intervención militar en eventos de protesta social, donde esos movimientos políticos o electorales sean pacíficos y conforme a los derechos que otorga la constitución, no vulneren los derechos de los ciudadanos
Queda claro, que los militares en acciones y protocolos de seguridad pública llevan una ventaja con las policías tradicionales, tienen mayor capacidad de reacción con tácticas de guerra, disciplina y compromiso patrio, tienen el respeto de la sociedad y la confianza del poder civil representado por el Presidente de la república y legislaturas de los estados y quienes deberán tomar las decisiones de intervención no será el modo civil sino el mando militar.
Este habrá de prever que la inmersión del ejército, marina y fuerza aérea en problemas delincuencias será con el irrestricto respeto a los derechos humanos y protección de los ciudadanos, la acción militar no deberá ser considerada como un acto represor u opresor de los de la sociedad civil.
Aquella frase retórica de actuar hasta las últimas consecuencias será contra la delincuencia y todos aquellos eventos considerados como “amenaza” para la paz y en concordia social, no contra los ciudadanos, la constitución o los propios derechos humanos que tutela le Ley.
Los militares, empezando por los secretarios de estado que adquieren la potestad de salvaguardar la vida de los ciudadanos de México frente a la delincuencia organizada, estarán en observación nacional e internacional, por lo tanto, se regirán con la Ley y la misma Ley los señalará si exceden sus atribuciones contra el pueblo de México.
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