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Columnas y artículos de opinión
Al Pie de la Letra
Magistrado bajo sospecha
Raymundo Jiménez
21 de diciembre de 2017
alcalorpolitico.com
A mediados de octubre de 2016, cuando públicamente se incorporó Pedro María García Montañés como secretario particular del entonces gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, el nombramiento fue destacado en la primera plana de un popular diario porteño muy afín al gobierno yunista debido a que el ex funcionario federal había renunciado a un sueldo mensual de más de 119 mil pesos mensuales en la Secretaría de Gobernación por venir a formar parte de una administración que sólo será de dos años.
 
Ahora se entiende por qué García Montañez decidió retornar a Veracruz por un ingreso nominalmente menor al que percibía como director general de la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico en la SEGOB. Y es que aunque no cumplía cabalmente con todos los requisitos constitucionales para ser magistrado del nuevo Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, su ex jefe Yunes Linares lo acaba de proponer ante el Congreso local para desempeñar dicho cargo por un periodo improrrogable de10 años.
 
Primero, para habilitarlo legalmente, Yunes tuvo que pedir al Congreso local que reformara la Constitución Política del Estado, ya que anteriormente se exigía una edad mínima de 35 años para ser magistrado. Ahora se redujo a 30, pues García Montañez acaba de cumplir 34 en septiembre pasado.
 

Sin embargo, lo que está en duda es si realmente cuenta con la residencia efectiva, ya que tampoco nació en Veracruz sino en la Ciudad de México, y para ser magistrado se requiere “ser veracruzano y haber residido en la entidad durante los dos años anteriores al día de la designación; o mexicano por nacimiento con vecindad mínima de cinco años en el Estado…”
 
De acuerdo con sus datos curriculares, García Montañez residió en Xalapa hasta el año 2005, pues la Licenciatura en Derecho la cursó en una universidad privada de la capital veracruzana, pero después hizo una maestría en Administración Pública en Huixquilucan, Estado de México, y más tarde se fue a la Universidad Complutense de Madrid, España.
 
Y desde 2008 hasta octubre de 2016 ocupó diversos cargos públicos que lo mantuvieron alejado de Veracruz, entre ellos los de Visitador Adjunto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Secretario Particular de la Secretaría Técnica de la CNDH; Director General Adjunto de Formación y Capacitación de la CNDH, y Director General de la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico en la SEGOB.
 

Pero el nombramiento de García Montañez no sólo podría cuestionarse por lo de su dudosa residencia, sino también por los señalamientos que recientemente se hicieron en su contra por su presunta complicidad en una intrincada red de tráfico de influencias que venía operando en la Delegación Estatal de la SAGARPA con la aprobación de millonarios proyectos productivos.
 
Y es que el flamante magistrado del nuevo Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que será pieza importante en el Sistema Anticorrupción de Veracruz, es hijo de Héctor René García Quiñones, un coahuilense que actualmente es coordinador general de Enlace Sectorial de la SAGARPA y encargado precisamente de los programas del FAPPA-PROMETE, “El Campo en Nuestras Manos” y del fortalecimiento de organizaciones civiles.
 
Líderes campesinos y productores agropecuarios vincularon recientemente a García Montañez con Alejandro Chavarría Jr., hijo de Luis Alejandro Chavarría Galindo, quien casualmente acaba de ser cesado como subdelegado de Planeación y Desarrollo Rural de la SAGARPA en Veracruz.
 

Chavarría, según señalamientos hechos por algunos productores defraudados, contaba hasta hace poco con un despacho privado en un fraccionamiento residencial de Las Ánimas, de donde los proyectos productivos eran remitidos a Palacio de Gobierno para el “visto bueno” del entonces secretario particular de Yunes.
 
Y EN PUEBLA… ¡TAMBIÉN!
 
Por cierto, en el estado de Puebla también se quejan grupos campesinos de que “coyotes” de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), presuntamente solapados desde la Coordinación general de Enlace Sectorial a cargo de Héctor René García Quiñones, les estarían pidiendo hasta el 50 por ciento de “moche” por liberarles los recursos de proyectos productivos cuyos folios ya habrían sido aprobados desde hace más de cuatro meses.
 

Nos remiten, por ejemplo, el caso del proyecto El Ángel. La presidenta del grupo solicitante es Encarnación Gayosso Morales y el número de folio es ECM-PUE-PP-392-17. Otro más es el de Mujeres Fruticultoras, que preside Tomasa Griselda Labori Pantaleón; el número de folio es ECNM-PUE-PP-389-17. Ambos corresponden al componente “El campo en nuestras manos”.
 
Otro proyecto, pero éste del componente Capitalización productiva agrícola, es el de Labor Campirana en Pro de la Manzana, S.C. de R.L. de C.V., con número de folio 17-PFA-INEIP-000332-L034-PL.
 
¿Sabrá el titular de la SAGARPA, José Eduardo Calzada Rovirosa, los trastupijes que se vienen realizando en la dependencia federal que encabeza?
 

Es de suponerse que sí, pues al menos en la Delegación estatal de Veracruz acaba de ser cesado Luis Alejandro Chavarría Galindo, quien desde hace dos sexenios venía desempeñándose como subdelegado de Planeación y Desarrollo Rural.
 
NOS LEEMOS HASTA ENERO
 
Con motivo del periodo vacacional de fin de año, esta columna dejará de aparecer a partir de mañana viernes 22, reanudándose su publicación hasta el miércoles 3 de enero del año entrante.
 

A todos nuestros lectores, editores y amigos les agradecemos su comprensión, así como sus buenos deseos y los generosos obsequios navideños que algunos nos han hecho llegar.
 
Que Dios les bendiga en unión de sus familias y que el año que viene les provea de salud y prosperidad.