21 de diciembre de 2017
alcalorpolitico.com
Los medios tradicionales y de los otros (como internet) expresaron preocupación, molestia, indignación y otras cosas cuando la inefable Cámara de Diputados aprobó una propuesta para modificar el artículo 1916 del Código Civil Federal. "Es una ley mordaza", dijeron, "porque atenta contra la libertad de expresión".
El coro de la voz pública – que es cada vez menos la voz de dios, de cualquier dios – reaccionó como una bestia herida. Los insultos llenaron las redes sociales, y los titulares alarmados y alarmistas ocuparon lugares destacados en la prensa escrita y la electrónica.
Pero pocos leyeron lo que se quiere cambiar. Antes de la reforma (que todavía no aprueba el Senado), el artículo decía prácticamente lo mismo que va a decir si se modifica. Si uno se toma unos minutos en estos agitados tiempos, descubrirá que no todo es como lo pintan los alarmados.
La parte que se va a modificar advierte que es ilícito comunicar "a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien".
Lo que se agrega al texto original es la frase "a través de cualquier medio tradicional o electrónico". El resto del texto, que ya tiene diez años, sigue igual, aunque no se haya aplicado en mucho tiempo. La última vez – que yo recuerde – fue el año pasado, cuando el ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira demandó por daño moral al columnista Sergio Aguayo. No sé en qué paró ese lío...
Pero el hecho de que ese artículo se aplique sólo de vez en vez no significa que sea útil o que tenga un sustento legal sólido, porque es un tontería proponer que se sancione a quien publique información cierta, basada en hechos, y es igualmente una tontería calificar como ilícito el hecho – a veces también inútil – de publicar una opinión sobre algún personaje de la vida pública.
Los legisladores mexicanos, más preocupados por bonos y prestaciones que por las obligaciones que tienen ante los mexicanos, no se dieron cuenta de que desde hace casi cinco años la Suprema Corte señaló que las opiniones emitidas en el ejercicio de la libertad de expresión se juzgan a partir de un estándar "de relevancia pública, el cual depende del interés general por la materia (...) cuando las noticias comunicadas o las opiniones proferidas redunden en descrédito del afectado".
Por eso "no todas las críticas que supuestamente agravien a una persona, a un grupo, o incluso a la sociedad o al Estado pueden ser descalificadas y objeto de responsabilidad legal", según la Suprema Corte.
Los límites a la crítica son más amplios "cuando ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna (...), pues en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esa crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública".
La tesis de la Suprema Corte no significa que las figuras públicas – como los políticos y los funcionarios – no tienen derecho al honor, "sino simplemente que el nivel de intromisión admisible será mayor, aunque dichas intromisiones deben estar relacionadas con aquellos asuntos que sean de relevancia pública".
Cuantimás si lo que se publica es verdad o está basado en hechos. Opinar que el gobierno es incompetente es una cosa, porque la incompetencia no es un delito. Decir que un político o un funcionario es un ladrón o un asesino es otra. En eso tendríamos que estar pensando.
Gumaro era periodista
Gumaro Pérez era periodista. Lo que diga la Fiscalía no es sólo ilícito (según el artículo 1916 del Código Civil Federal) sino irrespetuoso y torpe, como quien encabeza la institución que debería investigar por qué asesinaron a una persona antes de divulgar información que difama a la víctima.
Es verdad que Gumaro no era invitado a banquetes ni había recibido premios o distinciones. Era tropa, como muchos. Y, como muchos, fue asesinado. La reacción de las autoridades fue menospreciar su trabajo, en una evidente falta de respeto a la víctima y en un claro intento de devaluar su muerte.
Da tristeza que la Fiscalía desprecie las leyes y emita opiniones antes de concluir una investigación que tendría que ser confidencial hasta que concluya. Uno se pregunta qué diferencia hay entre esta y otras autoridades que deciden revelar información sin confirmar para lavarse las manos. Pero no pueden, ni deben: el caso es que alguien asesinó a otro periodista en Veracruz. A ver qué hacen. Lo más probable es que nada.
Posdata
Esta columna, su autor, y sus lectores, tomarán un descanso hasta la segunda semana de enero.
El coro de la voz pública – que es cada vez menos la voz de dios, de cualquier dios – reaccionó como una bestia herida. Los insultos llenaron las redes sociales, y los titulares alarmados y alarmistas ocuparon lugares destacados en la prensa escrita y la electrónica.
Pero pocos leyeron lo que se quiere cambiar. Antes de la reforma (que todavía no aprueba el Senado), el artículo decía prácticamente lo mismo que va a decir si se modifica. Si uno se toma unos minutos en estos agitados tiempos, descubrirá que no todo es como lo pintan los alarmados.
La parte que se va a modificar advierte que es ilícito comunicar "a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien".
Lo que se agrega al texto original es la frase "a través de cualquier medio tradicional o electrónico". El resto del texto, que ya tiene diez años, sigue igual, aunque no se haya aplicado en mucho tiempo. La última vez – que yo recuerde – fue el año pasado, cuando el ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira demandó por daño moral al columnista Sergio Aguayo. No sé en qué paró ese lío...
Pero el hecho de que ese artículo se aplique sólo de vez en vez no significa que sea útil o que tenga un sustento legal sólido, porque es un tontería proponer que se sancione a quien publique información cierta, basada en hechos, y es igualmente una tontería calificar como ilícito el hecho – a veces también inútil – de publicar una opinión sobre algún personaje de la vida pública.
Los legisladores mexicanos, más preocupados por bonos y prestaciones que por las obligaciones que tienen ante los mexicanos, no se dieron cuenta de que desde hace casi cinco años la Suprema Corte señaló que las opiniones emitidas en el ejercicio de la libertad de expresión se juzgan a partir de un estándar "de relevancia pública, el cual depende del interés general por la materia (...) cuando las noticias comunicadas o las opiniones proferidas redunden en descrédito del afectado".
Por eso "no todas las críticas que supuestamente agravien a una persona, a un grupo, o incluso a la sociedad o al Estado pueden ser descalificadas y objeto de responsabilidad legal", según la Suprema Corte.
Los límites a la crítica son más amplios "cuando ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna (...), pues en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esa crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública".
La tesis de la Suprema Corte no significa que las figuras públicas – como los políticos y los funcionarios – no tienen derecho al honor, "sino simplemente que el nivel de intromisión admisible será mayor, aunque dichas intromisiones deben estar relacionadas con aquellos asuntos que sean de relevancia pública".
Cuantimás si lo que se publica es verdad o está basado en hechos. Opinar que el gobierno es incompetente es una cosa, porque la incompetencia no es un delito. Decir que un político o un funcionario es un ladrón o un asesino es otra. En eso tendríamos que estar pensando.
Gumaro era periodista
Gumaro Pérez era periodista. Lo que diga la Fiscalía no es sólo ilícito (según el artículo 1916 del Código Civil Federal) sino irrespetuoso y torpe, como quien encabeza la institución que debería investigar por qué asesinaron a una persona antes de divulgar información que difama a la víctima.
Es verdad que Gumaro no era invitado a banquetes ni había recibido premios o distinciones. Era tropa, como muchos. Y, como muchos, fue asesinado. La reacción de las autoridades fue menospreciar su trabajo, en una evidente falta de respeto a la víctima y en un claro intento de devaluar su muerte.
Da tristeza que la Fiscalía desprecie las leyes y emita opiniones antes de concluir una investigación que tendría que ser confidencial hasta que concluya. Uno se pregunta qué diferencia hay entre esta y otras autoridades que deciden revelar información sin confirmar para lavarse las manos. Pero no pueden, ni deben: el caso es que alguien asesinó a otro periodista en Veracruz. A ver qué hacen. Lo más probable es que nada.
Posdata
Esta columna, su autor, y sus lectores, tomarán un descanso hasta la segunda semana de enero.