El presidente francés, Emmanuel Macron, sorprendió a medio mundo con un anuncio que hizo en una reunión con periodistas y corresponsales extranjeros en su país con motivo del año nuevo. El mandatario francés dio a conocer la promulgación de una ley que permitirá «proteger la vida democrática de estas falsas noticias (bulos)», dijo, y precisó la definición: «Esta propaganda articulada con miles de cuentas en las redes sociales que en un instante expanden por todo el mundo, en todas las lenguas, bulos inventados para ensuciar a un responsable político, a una personalidad, a una figura pública, a un periodista». La iniciativa, explicó, constará de tres partes: primera, mayor vigilancia a las televisoras extranjeras para evitar que emitan mensajes desestabilizadores; segunda, «obligar a las plataformas en Internet a ser más transparentes respecto a los contenidos patrocinados que estas publican, y que pueden ser un vehículo para la transmisión de noticias falsas. El control debe llegar, según Macron, hasta hacer pública la identidad de quienes los controlan», y, tercera, «agilizar la posibilidad de denunciar una noticia falsa ante un juez, que eventualmente podría suprimirla, cerrar la cuenta que la propaga e incluso vetar su acceso a Internet». (https://elpais.com/internacional/2018/01/03/actualidad/1515002815_273219.html?rel=mas).
 
Por su parte, la Comunidad Europea respaldó la iniciativa del presidente francés y creó una comisión integrada por cuarenta expertos: periodistas, comunicólogos y académicos, para elaborar un procedimiento que identifique las noticias falsas y frene la desinformación y los trastornos sociales que produce. En esa comisión habrá representantes de Twitter, Facebook y Google.
 
Como se aprecia, el asunto de las noticias falsas mantiene muy preocupados a los políticos a tal grado que la señora Madeleine de Cock, experta en derechos de autor y medios de comunicación de la Universidad de Utrecht (Holanda), liderará esos esfuerzos comunitarios. «Las noticias falsas son un problema endiablado, con un enorme efecto potencialmente disruptivo», dijo. (https://elpais.com/internacional/2018/01/15/actualidad/1516018218_836248.html).
 

Este problema ya se había hecho escándalo en las campañas por la presidencia de los EEUU, cuando la candidata demócrata Hillary Clinton fue víctima de una campaña de desprestigio con este tipo de bulos (supuestamente originada por injerencia de Rusia) a tal grado que el ciberataque influyó en su derrota y en el triunfo de Trump. Lo mismo le sucedió a Macron, cuando sufrió un ciberataque presumiblemente ruso y el robo y la difusión de miles de mensajes internos de su campaña.
 
Aunque la iniciativa del presidente francés solo se refiere a fiscalizar las noticias falsas en su país y en periodos electorales, la Comisión Europea no fija límites ni de espacio ni de tiempo. Esto, por supuesto, ha despertado dudas, inquietudes y sospechas y puso a pensar a muchos. La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) declaró que se pronunciará cuando el texto de la propuesta legislativa francesa sea público, pero anunció que «será vigilante sobre el pleno respeto de las libertades periodísticas en el marco de estas reformas». Por su parte, el que fuera contrincante de Macron en las pasadas elecciones lanzó sus ataques a la iniciativa del presidente francés: «Control de la palabra libre en Internet, judicialización suplementaria de la sociedad: ¿es Francia todavía una democracia si amordaza a sus ciudadanos? ¡Muy inquietante!».
 
Desde luego que es inquietante. O mejor, todo es inquietante, que en las elecciones internas de un país haya injerencia y se dé un manipuleo noticioso por los intereses de otro u otros países. En México existen suficientes antecedentes, al decir de los historiadores, académicos y periodistas, de que en épocas electorales aumentan los manoseos informativos de ciertas agencias internacionales de noticias, que responden a intereses bien identificados. También, por supuesto, y sin andar investigando extra muros, bien podemos identificar estas prácticas manipuladoras de la opinión pública en los procesos electorales, en donde los candidatos (sin distingos, todos en montón) y los poderes establecidos: político, económico y religioso, a través de sus voceros o de sus medios informativos cómplices y defensores de sus muy particulares intereses, se insultan, se degradan y se enlodan demostrando con ello que no hay títere con cabeza, ni quien tenga una biografía limpia y, por ello, sea digno de representar y dirigir una nación entera.
 

Pero, si bien es necesario para la salud pública un control de las noticias falsas, de las campañas de desprestigio gratuito, de difamaciones sin sustento y de insultos vergonzosos, también es cierto que, por lo menos en estos lares, bastante se duda de que exista una sana intención en una iniciativa que, con aquel pretexto, busque censurar de una manera más canalla a la opinión pública y a los medios que esta usa para defenderse de los medios de información ya miserablemente corrompidos.
 
Dos experiencias locales sirven para acrecentar estas sospechas de mayor censura: la iniciativa que surgió en los orígenes del des-gobierno duartista en el estado de Veracruz, cuando se llegó a encarcelar a una tuitera y se buscó elaborar una ley para censurar las redes sociales. La otra, la intentona del exsecretario de gobernación (claro, no por iniciativa propia) de lo mismo: expedir una ley para permitir o vetar en esas mismas redes lo que al gobierna convenga. Ambas iniciativas abortaron, por fortuna. Pero bien sabemos o, al menos, sospechamos las torcidas intenciones de que estas iniciativas están preñadas. El diablo tiene cola, aunque la esconda…
 
Una pregunta: ¿qué daña más a la democracia, los excesos o las tiranías?
 

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