Uno podría pensar que se trata de la historia de dos martes en Ginebra.
 
El primero, que fue trece de marzo, fue un día frío y húmedo, y estuvo lleno de preguntas y respuestas sobre los derechos económicos, sociales y culturales de los mexicanos. Los expertos de las Naciones Unidas pidieron explicaciones y los representantes del gobierno mexicano explicaron.
 
Cuando terminó la sesión, Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, me dijo que la delegación mexicana no vino a esconder nada ni a ocultar los desafíos y los retos que tiene el país.
 

"Fue un ejercicio realmente útil: aquí se trata de hacer un diálogo constructivo, identificar problemas y retos que no serán exclusivos de México. Es un desafío permanente", explicó el subsecretario. Y al poco tiempo la delegación mexicana se fue por donde había venido y seguía haciendo frío y seguía lloviendo en todas partes.
 
El segundo martes fue el tres de abril. Ese día soleado, el Comité de la ONU para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó su reconocimiento por el diálogo de marzo, celebró la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las organizaciones de la sociedad civil, e hizo circular sus observaciones finales a los informes de México.
 
No se va a analizar aquí todo lo que dicen las trece páginas del documento (que se puede encontrar en el portal de la oficina del Alto Comisionado: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fMEX%2fCO%2f5-6&Lang=en), pero vale la pena señalar algunas partes que ilustran la idea de que hay un país de papel y un país de verdad.
 

Hay preocupación porque no todos tienen acceso a recursos judiciales efectivos, y porque ninguno de los actores del sector judicial está suficientemente capacitado para entender y proteger los derechos humanos.
 
Hay preocupación porque se siguen cometiendo "graves" actos de violencia contra los defensores de los derechos humanos, hay preocupación ante la impunidad de quienes agreden a estas y otras personas, y hay preocupación porque no parece haber ninguna coordinación entre los tres niveles de gobierno ni hay recursos para proteger a las víctimas de estas agresiones.
 
Hay preocupación porque las empresas del Estado no garantizan ni aplican los derechos de sus trabajadores, y hay preocupación porque no se respetan los derechos de los pueblos indígenas ni se les consulta en proyectos que afectan a sus comunidades. Hay preocupación porque la discriminación persiste, y porque no hay políticas apropiadas para proteger a grupos como las mujeres indígenas con discapacidades, por ejemplo.
 

Hay preocupación "por los altos niveles de corrupción e impunidad que persisten" en México; porque no hay protección adecuada contra la discriminación, y porque los estereotipos de género "continúan profundamente arraigados en la sociedad" e impiden la igualdad de hombres y mujeres.
 
Hay preocupación porque el desempleo y el subempleo siguen afectando a jóvenes, a personas con discapacidades, a indígenas, a migrantes, a solicitantes de asilo y a refugiados, y porque las condiciones laborales discriminan a las mujeres y entorpecen sus oportunidades de desarrollo.
 
Hay preocupación porque el salario mínimo "no es suficiente para proporcionar condiciones de vida dignas a los trabajadores y a sus familias"; porque cincuenta y siete de cada cien trabajadores labora en la economía informal sin protecciones sociales ni derechos legales.
 

Hay preocupación porque las condiciones de trabajo en el sector agrícola y en el servicio doméstico siguen siendo precarias; porque hay restricciones prácticas al sindicalismo, y porque siguen recibiendo información "sobre actos de violencia cometidos contra dirigentes y líderes".
 
Hay preocupación porque el sistema de protección social está fragmentado por sectores y deja fuera a trabajadores informales e independientes. Hay preocupación por "la persistente violencia contra la mujer en todos los ámbitos"; por la situación vulnerable de niños y adolescentes, y sobre todo porque hay un número significativo de menores de catorce años trabajando.
 
Hay preocupación por las dificultades que encuentran diariamente los familiares y allegados de las personas desaparecidas; por los niveles de pobreza y desigualdad, que siguen afectando a los grupos más desfavorecidos y marginados, particularmente a los pueblos indígenas.
 

Hay preocupación por los altos niveles de desnutrición e inseguridad alimentaria y por los crecientes índices de sobrepeso y obesidad; por la falta de coordinación en los tres niveles de gobierno para financiar y mantener una infraestructura que permita el acceso de agua potable y servicios de saneamiento, y porque no se evita la contaminación del agua.
 
Hay preocupación por las deficiencias del sistema de salud, por la falta de coherencia en las leyes sobre la interrupción voluntaria del embarazo, por la falta de vivienda adecuada, por los desalojos forzosos y los desplazados internos, pero también por la calidad del sistema educativo, que en el mejor de los casos es disparejo, y por el limitado acceso de grupos desfavorecidos y marginados a actividades culturales y científicas.
 
Tal vez alguno de estos temas haya aparecido en los discursos de quienes quieren gobernar a México desde la presidencia, desde alguna gubernatura, o desde alguna de las cámaras legislativas, pero parece que no. De todos modos alguno de ellos, en nombre de México, tiene que informar hasta el último día de marzo de 2023, un viernes, cómo resolvió los desafíos del país un gobierno que pronto será nuevo e irá de salida cuando venza el plazo. Entonces sabremos, aunque ya sabemos.