11 de mayo de 2018
alcalorpolitico.com
Ya es mayo. Hubo desfile el día del Trabajo, se celebró el día de la Cruz (y de los pocitos en Misantla), y se conmemoró que hace ciento cincuenta y seis años las armas mexicanas se cubrieron de gloria en Puebla. Este jueves fue día de las Madres, y dentro de poco será día del Maestro.
Pronto será junio, después habrá elecciones, y antes de que nos demos cuenta habrá un nuevo gobierno. Pero uno no piensa en lo que va a pasar sino en lo que está pasando, o en lo que no ha pasado, que son cosas suficientes para mantener la atención pública durante varios meses...
En este mayo agitado, lo primero que salta a la vista es la polémica sobre las cámaras de videovigilancia en Xalapa y los dimes y diretes entre el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y el alcalde Hipólito Rodríguez: uno dice que las cámaras no se pueden instalar porque no tienen los permisos que exige la ley, y el otro dice que entonces se entregarán al municipio que las pida.
Pero la cosa no es tan simple. Los documentos que publicó el Ayuntamiento señalan que el proyecto no tiene permisos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ni de la Comisión Federal de Electricidad ni de la Comisión Municipal del Agua, y aseguran que tampoco se entregó el detalle de dónde irían los postes para las cámaras (que de ninguna manera tendrían que ponerse a mitad de las banquetas). El gobierno del estado dice que no es verdad lo que declara el Ayuntamiento.
Muchos se preguntan si hubo un concurso público (porque el costo del proyecto rebasa los límites para adjudicar un contrato de manera directa), y si la empresa (propiedad del dueño del diario El Financiero) figura en la lista de proveedores del gobierno de Veracruz. Al parecer la respuesta es no en ambos casos.
Así que la discusión es sobre dos vainas distintas. El Ayuntamiento ya publicó documentos que explican qué permisos faltan hasta ahora. Le toca al gobierno estatal definir cómo se pueden hacer cosas sin permisos federales ni municipales, porque la ley es la ley. Es un diálogo de sordos. Y lo que este triste asunto necesita es transparencia...
Destruir en años lo que tomó eras
Más allá de este pleito casi callejero está el asunto de la ampliación del Puerto de Veracruz, que también necesita transparencia porque las cuentas no cuadran y cambian como cambian las mareas, aunque las mareas son más claras que las cuentas.
El proyecto – que en teoría permitirá una operación portuaria sin obstáculos mayores durante los próximos cien años – costaría setenta mil millones de pesos y crearía cuarenta mil empleos directos y cien mil indirectos. No se sabe si Veracruz tiene capacidad para ofrecer esa mano de obra, o si ha tenido que importar trabajadores que aumentarán las presiones sobre la vivienda y el transporte y los sistemas educativo y de salud.
La ampliación del puerto también afectará la zona donde viven más de doscientas especies de algas, cuarenta y tantas especies de esponjas, ochenta y cuatro especies de corales, trescientas treinta y nueve especies de moluscos y ciento cuarenta especies de crustáceos, doscientas cincuenta y seis especies de peces, diez especies de reptiles y ochenta y un especies de aves.
En nombre del progreso se va a deshacer en diez o veinte años lo que la naturaleza tardó millones de años en construir. Eso es lo que va a supervisar el lunes el presidente Enrique Peña Nieto.
Linchamiento
Luego está el caso de la casa que se compró la rectora Sara Ladrón de Guevara en Xalapa. Gran parte de los comentarios en columnas y redes sociales se refiere a los doce millones de pesos que al parecer (porque no se sabe a ciencia cierta cuánto) pagó la funcionaria. La han linchado. El consenso es que su sueldo en la Universidad Veracruzana no le alcanzaría para completar la millonaria suma.
Pero resulta inocente (o malicioso) pensar que la rectora nunca antes había recibido un sueldo por su trabajo como académica o como investigadora o como lo que fuera, o imaginar que no ahorró, o que los millones los consiguió de la noche a la mañana. La pasión (y más si es pasión política en tiempos electorales) nubla los sentidos, sobre todo el sentido común.
Pronto será junio, después habrá elecciones, y antes de que nos demos cuenta habrá un nuevo gobierno. Pero uno no piensa en lo que va a pasar sino en lo que está pasando, o en lo que no ha pasado, que son cosas suficientes para mantener la atención pública durante varios meses...
En este mayo agitado, lo primero que salta a la vista es la polémica sobre las cámaras de videovigilancia en Xalapa y los dimes y diretes entre el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y el alcalde Hipólito Rodríguez: uno dice que las cámaras no se pueden instalar porque no tienen los permisos que exige la ley, y el otro dice que entonces se entregarán al municipio que las pida.
Pero la cosa no es tan simple. Los documentos que publicó el Ayuntamiento señalan que el proyecto no tiene permisos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ni de la Comisión Federal de Electricidad ni de la Comisión Municipal del Agua, y aseguran que tampoco se entregó el detalle de dónde irían los postes para las cámaras (que de ninguna manera tendrían que ponerse a mitad de las banquetas). El gobierno del estado dice que no es verdad lo que declara el Ayuntamiento.
Muchos se preguntan si hubo un concurso público (porque el costo del proyecto rebasa los límites para adjudicar un contrato de manera directa), y si la empresa (propiedad del dueño del diario El Financiero) figura en la lista de proveedores del gobierno de Veracruz. Al parecer la respuesta es no en ambos casos.
Así que la discusión es sobre dos vainas distintas. El Ayuntamiento ya publicó documentos que explican qué permisos faltan hasta ahora. Le toca al gobierno estatal definir cómo se pueden hacer cosas sin permisos federales ni municipales, porque la ley es la ley. Es un diálogo de sordos. Y lo que este triste asunto necesita es transparencia...
Destruir en años lo que tomó eras
Más allá de este pleito casi callejero está el asunto de la ampliación del Puerto de Veracruz, que también necesita transparencia porque las cuentas no cuadran y cambian como cambian las mareas, aunque las mareas son más claras que las cuentas.
El proyecto – que en teoría permitirá una operación portuaria sin obstáculos mayores durante los próximos cien años – costaría setenta mil millones de pesos y crearía cuarenta mil empleos directos y cien mil indirectos. No se sabe si Veracruz tiene capacidad para ofrecer esa mano de obra, o si ha tenido que importar trabajadores que aumentarán las presiones sobre la vivienda y el transporte y los sistemas educativo y de salud.
La ampliación del puerto también afectará la zona donde viven más de doscientas especies de algas, cuarenta y tantas especies de esponjas, ochenta y cuatro especies de corales, trescientas treinta y nueve especies de moluscos y ciento cuarenta especies de crustáceos, doscientas cincuenta y seis especies de peces, diez especies de reptiles y ochenta y un especies de aves.
En nombre del progreso se va a deshacer en diez o veinte años lo que la naturaleza tardó millones de años en construir. Eso es lo que va a supervisar el lunes el presidente Enrique Peña Nieto.
Linchamiento
Luego está el caso de la casa que se compró la rectora Sara Ladrón de Guevara en Xalapa. Gran parte de los comentarios en columnas y redes sociales se refiere a los doce millones de pesos que al parecer (porque no se sabe a ciencia cierta cuánto) pagó la funcionaria. La han linchado. El consenso es que su sueldo en la Universidad Veracruzana no le alcanzaría para completar la millonaria suma.
Pero resulta inocente (o malicioso) pensar que la rectora nunca antes había recibido un sueldo por su trabajo como académica o como investigadora o como lo que fuera, o imaginar que no ahorró, o que los millones los consiguió de la noche a la mañana. La pasión (y más si es pasión política en tiempos electorales) nubla los sentidos, sobre todo el sentido común.