Estaban tan confiados y seguros de ganar la gubernatura en la elección del pasado 1 de julio, que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y sus principales colaboradores operaron electoralmente sin recato, en el más inescrupuloso desorden administrativo.
 
Lo que Yunes y sus subalternos jamás consideraron ni previeron es que en la estructura gubernamental hay funcionarios menores que no simpatizaban con el proyecto sucesorio de su arrogante primogénito y que tampoco estaban de acuerdo con el despilfarro que estaban haciendo para impulsar su repudiada candidatura.
 
Una versión que corre en los niveles medios de la burocracia estatal es que habrían hecho acopio de documentos y de otras evidencias del presunto desvío de recursos públicos para la campaña del fallido ex candidato del frente PAN-PRD-MC, con el propósito de entregar este material a las próximas autoridades que encabezará el morenista Cuitláhuac García Jiménez, a cambio de ser absueltos de presuntas responsabilidades penales o inclusive de ser ratificados o promovidos a otros cargos.
 

Por eso, dicen, el gobernador electo de MORENA declaró recientemente a la revista “Proceso” que Yunes habría desviado al menos 800 millones de pesos para la campaña de su junior. Algo le debe constar.
 
Y es que, al parecer, ni Yunes Linares ni sus secretarios de despacho se percataron de que era tanta la inconformidad de sus subordinados que inclusive muchos de ellos estuvieron dispuestos a colaborar con sus adversarios para hacer fracasar el intento reeleccionista del mandatario veracruzano a través de su hijo mayor.
 
Uno de los funcionarios más apanicados por la fiscalización de la próxima administración morenista, según nos cuentan, sería el secretario de Salud, Arturo Irán Suárez Villa, quien recibió de su jefe la instrucción de ganar a como diera lugar el distrito de Perote, su terruño y el de su sobrino Pepe Yunes Zorrilla, ex candidato de la alianza PRI-PVEM a la gubernatura, la cual cumplió el funcionario yunista al pie de la letra a punta de cañonazos millonarios.
 

Según versiones que circulan entre algunos empleados de confianza de la Secretaría de Salud, una parte de los recursos para la operación electoral los habrían obtenido al poner a “sudar” el dinero destinado al Seguro Popular, por lo que la Tesorería Federal le estaría requiriendo la devolución de 217 millones de pesos.
 
De hecho, apuntan que en la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2017, se emitieron ocho observaciones que incluye la no localización de 578 trabajadores. En más de la mitad de estos casos, sus nombres estaban duplicados en nómina, y el resto no fueron ubicados en sus centros de trabajo cuando se realizó la supervisión.
 
Según trascendió, hacia el 28 de febrero de 2018, el saldo de la cuenta bancaria –de 85 millones 165 mil pesos– no coincidía con los montos reportados en el informe del ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2017 a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, así como con los registros contables y presupuestales, por 130 millones 441 mil pesos.
 

También se detectó que la información que se publicó en el Sistema de Protección Social de Salud 2017 carecía de calidad y congruencia debido a que se determinó una diferencia por 202 millones 911 mil pesos respecto a lo reportado en el informe del ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2017 a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
 
Supuestamente, la Controlaría General del Estado justificó los casos e inició los procedimientos administrativos, sólo quedando pendiente que la Secretaría de Salud justifique por qué dejó de aplicar 217 millones al 30 de abril, cuando se realizó la revisión financiera, por lo que fue emplazada a aclarar el manejo o reintegrar los fondos públicos.
 
Por eso no fue casual que en su campaña, el abanderado priista a la gubernatura, Pepe Yunes, reiterara que Veracruz necesita un gobernador que garantice que el dinero destinado a la salud no se va a desviar, como lo aseguró a finales de junio durante una reunión con profesionales de la salud e integrantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).
 

“¿Qué necesita Veracruz? Que llegue un gobernador que sepa de finanzas públicas, que conozca de la administración pública y que pueda garantizar que el dinero destinado a la salud no se va a desviar, por más presión pública que exista en el presupuesto. Con el 30 por ciento de los tres mil millones de pesos de la compra de medicamentos, 900 millones de pesos, el Gobierno del Estado puede encarar el tema de la profesionalización. Vamos por la consolidación de la compra de medicamentos”, afirmó, asegurando que “si se garantiza que no se desvíen los recursos de la salud, que para Veracruz son unos 14 mil millones de pesos al año, se podrá generar un programa de equipamiento en los hospitales”.
 
Tres semanas atrás, a principios de junio, durante la presentación de su Plan Estratégico de Salud ante prestigiados médicos de la capital del estado, Yunes Zorrilla había expresado también que “no podemos, bajo ninguna circunstancia, tolerar corrupción a costa de la salud y del dolor de un niño, de un adulto mayor o de cualquier paciente... ¡eso es inadmisible!”.
 
Por ello, el candidato de la alianza priista “Por un Veracruz mejor” sentenció que costaba trabajo que a quien no ha cumplido en seguridad y generación de empleos “se le consienta la posibilidad de reelegirse en un tema de partidos”.
 

“Tenemos con el voto la posibilidad de castigar malos gobiernos y también de empoderar y respaldar buenos desempeños. Vamos a votar en conciencia, libertad y plena secrecía”, arengó a sus correligionarios y simpatizantes, muchos de los cuales optaron finalmente por hacer perder al primogénito de Yunes Linares votando por el candidato de MORENA, quien figuraba como el más competitivo en la mayoría de las encuestas.
 
DEBEN EXTRAÑAR A FLAVINO
 
Hace dos años, presidentes municipales del PAN y PRD entraron al Palacio de Gobierno para exigirle al gobernador interino Flavino Ríos Alvarado que les depositaran las participaciones federales que Javier Duarte de Ochoa les había dejado de transferir. Ante la falta de respuesta, los ediles decidieron quedarse a pernoctar hasta que les cumplieran su demanda. Inclusive, el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, vino a acampar una noche con ellos, acompañado del líder estatal Pepe Mancha Alarcón y del alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, quien pretendió capitalizar políticamente este movimiento municipalista para su futuro proyecto por la gubernatura.
 

Este lunes, empresarios veracruzanos a los que también la administración de Duarte de Ochoa les quedó a deber, se apostaron desde el mediodía en la sala de espera de la oficina del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para que los atendiera e instruyera que les liquidaran de una vez los adeudos pendientes. Pero el mandatario estatal, como buen ex salinista, ni los vio ni los oyó. Ante su indiferente actitud, optaron por permanecer en Palacio de Gobierno hasta que los recibiera o les diera una solución. Anoche un grupo de policías se aprestaba a desalojarlos con el argumento de que nadie puede permanecer en el inmueble después de las 21 horas. Lo que Flavino no hizo a finales de octubre de 2016 con su arrogante hijo y los alcaldes del PAN y PRD que lo secundaron en su airado reclamo, pese a que también se apoderaron ilegalmente de la Casa Veracruz y hasta tuvo que soportar, junto con su secretario de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín, la prepotente y grosera actitud del entonces munícipe boqueño.
 
Entre los testigos que pueden dar fe de estos hechos están el propio Yunes Linares, que era gobernador electo, y su actual secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, quien por esas fechas presidía el Comité Ejecutivo Estatal del PRD y azuzó a los ediles de su partido para que iniciaran este movimiento para reclamar más de 300 millones de pesos que Duarte de Ochoa les había retenido ilegalmente. Luego, a principios de noviembre, se sumaron los munícipes del PAN encabezados por Chikiyunes.