El desastre ético que asola a la administración pública, ha llevado a la nación a un catastrófico estado de desconfianza hacia la generalidad de los servidores públicos a quienes la opinión pública cubre e identifica con la negra estela de la corrupción.
 
A este mal le atribuimos todos los males que agobian al país, las crisis financieras del Estado, como el dólar caro, el gasolinazo, provocan las crisis económicas y estas las crisis sociales que mantienen una población mayoritaria en un ambiente de suma necesidad a tal grado que este estrato de la población carece de los recursos básicos para allegarse los satisfactores existenciales más indispensables como el vestido, la alimentación, la salud y la educación, contrastando con el lujo y la opulencia que los altos funcionarios y los grandes empresarios presumen sin recato
 
Las malas o torpes decisiones que se toman en el poder público, nos hacen presumir la falta de criterios de integridad, lesivos para la población que a corto o a largo plazo la empobrecen y la desmoralizan en sus afanes de forjar con sus aportaciones una patria fuerte.
 

Tan es así, que detrás de la aprobación y construcción de una obra por benéfica que sea, también afirmamos que se encuentra un gran negocio para el funcionario público que la autoriza, por ello de inmediato intuimos que esta ya lleva un sobreprecio cuyo excedente en costos se pagará a quien la asigna, mediante un recaudador de confianza que es un cómplice seguro que no traicionará al jefe y que llegará puntualmente con las bolsas de dinero en efectivo.
 
El recaudador se encargará de que los pagos a los empresarios se hagan puntualmente y si el diezmo no es aportado de inmediato, el recaudador se encarga de apretarlo, deteniéndole los pagos subsecuentes y amenazando de que ya no habrá más contratos, ni obras, hasta que el empresario rendido aporte su contribución.
 
La cadena de la corrupción tiene muchos eslabones, la que conocemos nosotros, la más típica, son los atracos que hacen los más humildes servidores públicos como son los policías y los agentes de tránsito, a quienes los altos mandos los obligan a corromperse fijándoles cuotas diarias para el pago de los gastos y mantenimiento de las oficinas y de las unidades, convirtiendo a estos recolectores de mordidas en feroces extorsionadores que amenazan a sus víctimas con decomisarles sus vehículos y en enviarlos detenidos a la cárcel si no se ponen bien con una cantidad de dinero para arreglar su problema.
 

Desafortunadamente el producto de estas vilezas no son en su totalidad para los agentes, estos tienen que salpicar la mayor parte del botín a sus comandantes o delegados, quien a su vez, deberá compartir con su coordinador y así sucesivamente corre la cadena de transmisión hasta llegar al último eslabón.
 
Es de significarse que en Veracruz este atroz modus operandi ha disminuido sensiblemente, los agentes viales ahora no están provistos ni de libreta de infracciones, pero a nadie le deseo la mala suerte de caer en sus manos por un accidente o por olvidar la tarjeta de circulación o licencia en un accidente, porque estará en posibilidades de conocer el mismísimo infierno del abuso de autoridad y de corrupción de este tipo, que priva actualmente en el Estado de México, la Ciudad y en toda la periferia de la conurbación, donde la falta de un engomado de verificación, es motivo de fuertes extorsiones, sobre todo si es foráneo.
 
En las oficinas administrativas los trámites estarán más rápido si usted soborna con dinero o con regalos a la burocracia en turno y se evitará la tardanza de días. Más caro y engorroso sale el trámite de constancias, certificados, permisos, licencias, concesiones, donde aparte de los derechos fiscales hay que echarle agua al cantarito para que su solicitud prospere.
 

No hurguemos en las oficinas de compras, donde por el volumen de las adquisiciones hay también sobreprecio en todos los productos que se adquieren con los consecuentes sobreprecios para los encargados de compras de los vehículos, las computadoras, la papelería, las medicinas, el alimento de los reclusorios, los uniformes, el equipo, las armas de toda la policía, la gasolina y hasta despensas, así como los contratos de prestación de servicios a la administración pública como limpieza, vigilancia, supervisión, contabilidad, asesoría externa, restauranteria, hospedería, artistas para los festivales y múltiples actividades de las que no tenemos idea, pero en la que también interviene el factor humano de los proveedores que pueden ser personas físicas o morales.
 
Pero eso no es nada, la gran corrupción está, como se refirió líneas arriba, en la obra pública, en donde se coluden funcionarios y constructores para amañar las licitaciones y las adjudicaciones mediante arreglados procedimientos aparentemente competidos, pero realmente son un rejuego en el que participan las compañías de los socios, amigos, familiares de los amigos y uno que otro político, quienes previamente acuerdan quién será el ganador de la primera obra, quién de la segunda y así sucesivamente para simular que se está cumpliendo con los requisitos de ley, aquí en este nivel entran aeropuertos, refinerías, ferrocarriles, acueductos, gasoductos, túneles, puertos, las grandes presas, termoeléctricas, en los estados, las carreteras, escuelas, hospitales y obras menores, en los municipios, los caminos de terracería, las aulas, el mantenimiento de escuelas, calles, avenidas y obras sociales.
 
En todos los casos, encontramos que los movimientos en la contabilidad, los gastos están sustentados en documentación, con facturas a veces expedidas por empresas fantasmas que documentan obras inexistentes o con costos inflados de tal manera que cualquier investigación de escritorio da por resultado que los números de ingresos y egresos cuadran perfectamente. ¿Cuál corrupción?
 

Por estas últimas razones de recibir sobornos y desviar recursos, varios Presidentes de países de América Latina, Senadores, Diputados y grandes empresarios se encuentran detenidos o sujetos a proceso como el ex Presidente de Brasil, Ignacio Lula Da Silva, Ollanta Humala de Perú, la familia del ex Presidente Martinelli de Panamá, el Vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas. Por ese motivo fue destituido el Presidente de Perú, Pedro Pablo Kaczynsky, Dilma Rousseff, suspendida de su cargo y en estos momentos Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de Argentina y actual Senadora está a punto de ser procesada también por corrupción.
 
Pero esto es en la esfera de los políticos, en Brasil y en Argentina múltiples empresarios se encuentran tras las rejas acusados de corrupción como el magnate de la construcción Marcelo Odebrecht, dueño de esa compañía íntimamente relacionada con Petrobras y actualmente 17 empresarios del más alto nivel enfrentan serias investigaciones en Argentina entre otras la compañía Techin, acusados de entregar fuertes sobornos a los políticos a cambio de ser favorecidos con obras millonarias. ¿En México cuándo?
 
Generalizar nuestras opiniones es una forma cómoda de evitar las complicaciones que conlleva el esfuerzo del análisis y evadir así el ejercicio de pensar y llegar a conclusiones válidas o cuando menos aproximada de las cosas o hechos que expresamos, no importa que estemos equivocados, pero hacerlo cuando menos nos da una idea de lo que decimos o de lo que queremos decir.
 

En base a ese contexto, hago mío el concepto de que el combate a la corrupción, actualmente es un absoluto fracaso en México, ya que permite a quienes la han practicado reírse de la justicia, carcajearse de la nación y cagarse en el mismísimo tragadero de la opinión pública.
 
Grande es el reto del futuro Presidente pues en esta materia para el combate a la corrupción contamos con instituciones que aun no nacen y ya son obsoletas, desquebrajadas, cuyo estado ha permitido que la corrupción se expanda a través de distintos gobiernos, su estrategia debe de ser pegarle a los corruptos, no tan sólo a los funcionarios públicos involucrados, sino también a las personas físicas implicadas, recuperando los bienes sustraídos en favor del estado como una medida compensatoria al daño causado o sus equivalentes mediante el ejercicio de la acción de extinción de dominio sobre bienes no justificables.
 
Aparte de que no existen mecanismos suficientes y adecuados para combatirla, falta voluntad y decisión para hacerlo, pues este mal esta tan arraigado y tan bien organizado, como una forma de obtener substanciosos y atractivos botines de abundante riqueza, como premio a la osadía de violar la ley saqueando impunemente el erario público, causa por la que en ella participan los mas honrados jueces con sus excepciones, dictando sentencias o autos absurdos de libertad a señalados políticos corruptos.
 

Aunque es de reconocer que como vigías del Estado de derecho, los jueces y magistrados en la estricta aplicación de la ley, resuelven únicamente sobre lo que existe en el expediente, en tanto que nosotros sintiéndonos jueces, emitimos el juicio popular y condenamos o absolvemos en base a lo que nos informan los medios de comunicación los cuales abusando de la libertad de expresión, muchas veces distorsionan la verdad y difunden contenidos perversos que maquilan los gobernantes para difamar a sus enemigos o para engrandecer su figura haciendo aspavientos de hechos imaginarios o inexistentes que nuestra pereza para el análisis acepta como ciertos.
 
Desde arriba, verticalmente toda la administración pública amañadamente se cobija en un sistema judicial también corrupto que con una facilidad absoluta varia los conceptos tipo de los delitos para cambiándoles de nombre y declararlos inexistentes o bien con una habilidad sorprendente sobreseen las causas penales por errores maquinados en la integración de las averiguaciones o en la detención de los inculpados, poniendo en sospechosa libertad a los más peligrosos delincuentes, inclusive los detenidos en flagrancia.
 
Cómo no vamos a estar mal, si tenemos leyes ineficientes, flexibles y complacientes que se estiran y aflojan y se interpretan a la conveniencia de juzgadores que no tienen compromiso con la ética profesional que debe de ser un principio en conciencia necesario para asumir estas responsabilidades.
 

Estamos tan mal, que en México es un delito para la ciudadanía denunciar la corrupción, veamos: el principal delito que corrompe a los políticos se llama Cohecho, nuestro Código Penal lo establece y define en el CAPÍTULO V.- COHECHO.- Artículo 322.-Comete el delito de cohecho: I. El servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente, para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo lícito o ilícito, relacionado con sus funciones; o II.- Quien de manera espontánea dé u ofrezca, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquier otra dádiva al servidor público, para los fines a que se refiere la fracción anterior.
 
O sea que si a un particular un servidor público le solicita dinero o alguna prestación para concederle el servicio que solicita, ya sea dinero o en especie y obligado por las circunstancias accede e indebidamente le da lo que le solicita, ambos por este motivo se convierten en delincuentes, pero si luego el particular superada la necesidad del servicio o de la eventualidad y urgencia de resolver su situación a la que accedió presionado, indignado por la exacción va a presentar la denuncia correspondiente, el hábil funcionario ministerial o el superior jerárquico le advertirán de inmediato que usted por haber dado el dinero, también se ha convertido en delincuente y que le advierte para que luego no se arrepienta.
 
Así el valiente denunciante, saldrá temblando de ira y de impotencia ante su irremediable enojo e indignación, mientras el funcionario llamará al funcionario infractor para advertirle que tiene una denuncia y que a dónde está el dinero que tendrá que entregar para que no continúe la indagatoria.
 

Este monumento a la impunidad debe de ser derribado de inmediato, pues es una razón para que nadie denuncie y su indignación se la trague enterita. En Argentina para salvar este inconveniente se creó la figura del “arrepentido” que con su declaración acusatoria puede enfrentar el proceso en libertad y previa firma de un convenio de colaboración, puede llegar a obtener la categoría de inimputable. Aquí un Juez especial anticorrupción que presume colusión entre funcionario y proveedor o en el caso de los agraviados al tener conocimiento de posibles actos de corrupción, ordena una prisión preventiva y les hace saber el derecho que tienen de obtener su inmediata libertad si se declaran culpables y se comprometen a colaborar como indiciados durante el procedimiento.
 
Muchas cosas hay que hacer en México para forjar una administración pública donde reine la moral, pero para ello es necesario que fiscales y jueces anticorrupción, que deben de estar especialmente designados para el caso, trabajen en coordinación y al ser especiales eviten que cualquiera meta la cuchara en casos tan graves como es esta lucha que presumimos por los discursos de Andrés Manuel, pronto la iniciará interrumpiendo bruscamente un estado de cosas que debe de desaparecer y desde su inicio cimbrar al país como anuncio de una nueva era..
 
Deben de ser en un inicio investigaciones silenciosas en contra de los peces gordos del gobierno y en contra de los tiburones del empresariado, así se actuó en lava jato brasileño y el escándalo Argentino con los cuadernos de Centeno, en la inteligencia de que allá son jueces y fiscales especiales que recaban las presunciones y evidencias y con el respaldo de todas las autoridades y de la ley, llaman en cualquier momento a declarar a los funcionarios a los que se les relaciona con determinados hechos configurados en delitos contra la administración pública, los que deben de concurrir so pena de ser destituidos y aprehendidos si no comparecen.
 

El Fiscal Anticorrupción no debe de esperar denuncias para proceder en contra de quien sea, si se presume el enriquecimiento ilícito de un funcionario que en ejercicio de su empleo, cargo o comisión en el servicio público no justifique que es legítimo el desproporcionado aumento de su patrimonio o de aquellos bienes de los cuales se conduzca como dueño, así mismo debe de perseguir a los prestanombres que hacen figurar como suyos bienes que el servidor público adquiera o haya adquirido con dinero proveniente quién sabe de dónde o cómo, inclusive decomisar aquellos bienes cuya procedencia no logre justificarse de acuerdo con la ley en materia de responsabilidades de los servidores públicos del Estado.
 
Fiscal y jueces deben de abandonar la visión hipergarantista en este tema tan delicado para romper los esquemas tradicionales de corrupción y actuar tanto contra funcionarios como contra empresarios, no es posible que tengamos poderosas empresas que se enriquecen a costa del erario y que además intervienen plácidamente en política financiando campañas, lavando dinero que causa un gran perjuicio al fisco, al igual que sobrefacturando obras y, por otro lado, funcionarios inmorales que se atiborran las bolsas de dinero ilícito en perjuicio del tesoro público.
 
Finalmente hay que recalcar que el pueblo de México tiene grandes esperanzas en Andrés Manuel, para que logre aplicarle al Estado Mexicano una purga de purificación cuyos efectos sean que este limpie con vomito hacia fuera sus putrefactas entrañas, para que sano, rebosante de ética e inspirado en los buenos principios de la honestidad y la decencia le de al país y a la política, la vitalidad y la consistencia que como pueblo necesitamos para salir adelante, como una nueva patria.- Por el bien de la causa.
 

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