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Columnas y artículos de opinión
El IPE: Reformas y adiciones a la Ley No. 287
Helí Herrera Hernández
27 de agosto de 2018
alcalorpolitico.com
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Twitter: heliherrera.es
 
Durante la administración Duartista, la falta de pago oportuno a los jubilados y pensionados motivó que la sociedad pusiera su atención en el Instituto de Pensiones del Estado, generando una campaña de descrédito para sus directivos en funciones, y el ataque frontal a los integrantes del Consejo Directivo –compuesto por siete representantes del Gobierno y seis representantes de los trabajadores-.
 
Uno de los principales detractores del Consejo y de su Director, fue el docente universitario Dr. Hilario Barcelata Chávez, quien incluso generó su propio proyecto académico para resolver el problema económico del IPE. La vida le otorgó la oportunidad al Dr. Barcelata de comprobar que la realidad rebasa por mucho la doctrina que se imparte en clases. El actual Director General del Instituto de Pensiones del Estado, ya debió de darse cuenta que ni los consejeros manejan dinero como se les acusaba, y que la situación financiera del IPE tiene que ver más por un problema estructural generacional que por malos manejos administrativos, tomando en consideración que el gobierno del Estado le debe miles de millones de pesos.

 
Esto viene a colación porque el pasado día 26 de julio, el H. Congreso del Estado aprobó el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley no. 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Este Decreto tiene sus orígenes en una comisión especial para atender la situación del IPE, que encabezó la Diputada Morenista Daniela Griego y que pretende resolver, a juicio de los Diputados, la problemática del Instituto; por ello entre otros aspectos, reforman la integración del Consejo Directivo –ya que parten de la premisa que esa es la instancia de todas las desgracias de los pensionados-; crean un Comité Financiero donde incluyen a dos expertos financieros; incorporan como prestación social los préstamos hipotecarios, y otorgan reconocimiento de derechos a las generaciones de derechohabientes que ingresaron al amparo de la Ley No. 5 y de la Ley No. 20, ambas de Pensiones del Estado.
 
Si bien no son todos los tópicos normativos que se reforman, representan a mi criterio los más interesantes porque, como exlegislador, tengo muy claro que cuando una ley se debe modificar, es para resolver claramente una situación social; sin embargo, observo que este Decreto es más populista, incluso hasta electorero (porque si bien se aprobó después de las elecciones, el proyecto se anunció en pleno proceso electoral), tendiente a darle gusto a grupos de pensionados y jubilados y, lo grave, es que no resuelve la situación económica real del IPE, que no es otra más que la diferencia entre el número de derechohabientes activos con el número de jubilados y pensionados, que en comparación es de 3 activos y medio por un pensionado, cuando el último estudio actuarial efectuado en 2016 recomendaba de 8 a 10 trabajadores activos por un pensionado, siendo lo óptimo una proporción de 12 a 1.
 
En la propia exposición de motivos de dicho Decreto, se prevé que existen 10,632 trabajadores con derecho a pensión, lo que implica que, si entra en vigor la reforma legal, éstos podrían ejercer su derecho y generaría que el déficit que existe mensualmente para el pago de pensiones se incremente de manera alarmante.

 
No sé qué decisión asumirá el Gobernador del Estado, si la de promulgar el Decreto o ejercerá su derecho constitucional de veto; lo que sí puedo vislumbrar es que, a partir del primero de diciembre de este año, cuando entre la nueva administración Morenista, se dará cuenta del impacto económico que tendrá en el IPE esta reforma legal y ojalá, por el bien de todos los derechohabientes, no resulte como la frase popular: “no es lo mismo ser borracho que cantinero”.