Aunque en realidad no tenían por qué correrle la invitación al gobernador saliente Miguel Ángel Yunes Linares, pues los eventos conmemorativos de los 500 años de la fundación de Veracruz se realizarán hasta el año entrante, cuando el panista ya no estará en el poder, pero al menos por cortesía política el mandatario estatal en funciones bien pudo ser incorporado como simple testigo en la mesa que encabezaron este viernes la señora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente electo Andrés Manuel López Obrador; el gobernador electo Cuitláhuac García Jiménez, y la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, quien de hecho ya había marcado también distancia del Ejecutivo estatal desde hace un mes en la apertura oficial del nuevo ciclo escolar, a cuya inauguración prefirió invitar al sucesor de MORENA.
 
Pero lo que más debió preocupar a Yunes no sería tanto la desatención hacia él sino que ignoraran también a su hijo Fernando, que actualmente es el alcalde del puerto de Veracruz y cuyo periodo municipal coincidirá todavía los próximos tres años con las nuevas administraciones morenistas de López Obrador, en el nivel federal, y de García Jiménez en el estado.
 
Tampoco parece haber sido convocado el munícipe de Boca del Río, Humberto Morelli, incondicional de la familia Yunes Márquez.
 

Según parece, en la instauración de su “República amorosa” el incipiente lopezobradorismo estaría dispuesto a conceder el perdón pero no el olvido. Porque, ¿cómo borrar los agravios que Yunes y su primogénito que aspiraba a sucederlo en la gubernatura vertieron para denigrar públicamente a López Obrador y a Cuitláhuac? ¿La señora Müller ya habrá olvidado que a su esposo lo tacharon de “viejo guango”, “loco”, “cobarde”, “mentiroso” y “corrupto”? ¿O que con recursos públicos del estado cooptaran a cuatro diputados locales de MORENA (Eva Cadena, Miriam Judith González Sheridan, Sebastián Reyes Arellano y Nicolás de la Cruz) para desacreditar el movimiento nacional lopezobradorista?
 
Quién sabe si una vez que AMLO y Cuitláhuac asuman el poder en diciembre próximo se inicie el ajuste de cuentas hacia Yunes Linares y hasta dónde podría llegar, pero de lo que sí parece que no quedó duda este fin de semana es que para el yunismo azul y para sus socios financieros y aliados caciquiles estaría por llegar el fin no sólo de su impunidad sino de sus privilegios políticos y económicos en el estado.
 
Y es que, por ejemplo, García Jiménez ya anunció que se investigarán y se revisarán escrupulosamente algunos contratos de asignación de obras así como el negociazo de la reestructuración de la deuda pública y hasta la burda prórroga de algunas concesiones de tramos de autopistas, que inclusive podrían cancelarse.
 

Por estas razones es que no suena descabellada la versión de que el alcalde porteño Fernando Yunes pudiera separarse de la alcaldía después de que su padre entregue la gubernatura, pues evidentemente ya no disfrutarán del mismo encanto de seguir ejerciendo el poder con sentido patrimonial.
 
AGANDALLE YUNISTA
 
La amenaza de albazo en distintos frentes al final del gobierno de Miguel Ángel Yunes ronda a las instituciones de Veracruz. Pero dicho asomo colocaría en una grave situación de riesgo a sus alfiles en los poderes Legislativo y Judicial.
 

La semana pasada, por ejemplo, ciudadanos que participaron como aspirantes a Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del estado registraron penalmente uno de éstos que se habría consumado en su totalidad de no haber sido porque descubrieron una trampa legislativa maniobrada por la diputada presidenta de la mesa directiva del Congreso local, María Elisa Manterola Sainz.
 
La legisladora martinense fue denunciada por haber violentado el procedimiento legislativo para designar en ese cargo a Marcos Even Torres Zamudio, considerado el “Fiscal carnal” de Yunes por su evidente incondicionalidad al mandatario panista.
 
La diputada Mariely ha intentado minimizar esos señalamientos, pero lo que estaría por ocurrir en su futuro inmediato no es cosa menor si –como se prevé– logran configurarse distintos momentos legales y políticos.
 

Si los denunciantes consiguieran acreditar sus imputaciones, la legisladora del PAN podría ser juzgada por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, coalición y tráfico de influencias. En el mejor de los casos, sería sometida a juicio político, aunque ya sin fuero –que irremediablemente perderá la primera semana de noviembre– tendría que ser perseguida por la justicia.
 
Manterola, obviamente, confía en que esto último no ocurrirá por la evidente condescendencia del desacreditado fiscal general Jorge Winckler, pero la diputada del blanquiazul pierde de vista que el abogado yunista acumula más de una advertencia del gobernador electo Cuitláhuac García Jiménez sobre la evaluación a su desempeño y posible destitución vía la próxima Legislatura, en la que tendrá mayoría la bancada de MORENA.
 
Además de la desaseada designación del Fiscal anticorrupción, en los últimos días también se ha asomado a la opinión pública otro posible albazo en el Poder Judicial con el caso de las 12 magistraturas vacantes.
 

En las primeras semanas de agosto, arrinconado por grupos políticos de oposición, Yunes Linares declinó proponer a estos magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE). Pero lo que el mandatario hizo aparentemente con esa simulación democrática fue preparar el camino para un nuevo agandalle.
 
De acuerdo con la versión de algunas fuentes consultadas, en los próximos días serían designados estos magistrados bajo la figura jurídica de “provisionales”, pero a la vez se promovería ante la Sala Constitucional una reforma para que la actual Legislatura apruebe sus nombramientos en definitiva.
 
Pero si esto llegara a ocurrir, y si el Ejecutivo se atreviera a aprobar el Decreto, el nombramiento de dichos magistrados “provisionales” podría ser revertido mediante la promoción del recurso de acción de inconstitucionalidad.
 

Estos agandalles –que los detractores del gobernador panista han motejado irónicamente como “agan-Yunes”– difícilmente prosperarán, por lo que los operadores yunistas en el Congreso y en el Tribunal Superior de Justicia del Estado deben entender que los tiempos políticos registraron un viraje con los resultados de la elección del 1 de julio pasado, y que más temprano que tarde podría haber consecuencias jurídicas y políticas si persisten en convalidar los excesos de poder del extraviado gobernante.
 
Nada de lo que desesperadamente está impulsando el agonizante gobierno pan-perredista va bien. Al final del sexenio anterior, Javier Duarte tampoco logró salirse con la suya. Y miren en donde acabaron varios de los incondicionales del ex gobernador priista actualmente preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.