El lunes 6 de junio de 2016, al día siguiente de que ganó las elecciones, el periodista Carlos Loret de Mola le preguntó a Miguel Ángel Yunes Linares “si había valido la pena tanto lodo, tanta guerra sucia, para un gobierno de tan solo dos años”.
 
El columnista del diario El Universal y conductor del noticiero matutino de Televisa dice que el ex candidato de la alianza PAN-PRD “ni lo pensó: me dijo que sí”.
 
Ahora, a casi 66 días de concluir su administración, quién sabe qué respondería Yunes Linares, ya que buena parte de los electores veracruzanos que el año antepasado le habían dado su voto decidieron castigarlo en las urnas en los comicios de julio pasado.

 
Y es que la derrota de su primogénito que aspiraba a sucederlo en la gubernatura no fue determinada sólo por algunos panistas “traidores” –como su otro hijo, el alcalde del puerto de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, lo externó la semana anterior en el acto conmemorativo del 79 aniversario de la fundación del PAN–, sino que en buena medida el descarrilamiento de su proyecto transexenal también lo ocasionó el desencanto y la decepción de la ciudadanía frustrada por las altas expectativas que generó la alternancia en el poder y su llamado “gobierno del cambio”.
 
En el ocaso de su mini administración, Yunes Linares, como gobernador –cargo de elección popular al que venía aspirando desde la sucesión estatal de 1998–, demostró en menos de dos años su nivel de incompetencia, confirmando así el llamado “Principio de Peter”.
 
Como candidato hizo un sinfín de promesas, algunas francamente fantasiosas como, por ejemplo, la de abatir los índices de inseguridad en los primeros seis meses de su gobierno. También la de recuperar los miles de millones de pesos que su antecesor Javier Duarte y sus ex colaboradores cómplices saquearon del erario veracruzano. Sin embargo, la violencia sigue desbordada desde principios de 2017 y los recursos públicos desviados por el ex gobernador, su familia y sus secuaces no han sido reintegrados ni siquiera en un 10 por ciento a las arcas del estado. Y aunque había prometido que no tendría piedad en la persecución de los corruptos ex funcionarios duartistas, desde el inicio de su corto régimen decidió negociar discrecionalmente con varios de ellos que hasta la fecha siguen gozando de impunidad. Sólo una decena de ex servidores de la alta burocracia ha sido llevada a prisión pero sin resarcir totalmente el multicitado daño causado a la hacienda estatal.

 
La economía del estado está colapsada, ya que aparte de la inseguridad que obviamente ha inhibido las inversiones privadas, tampoco promovió suficiente obra pública y su administración no ha cubierto la deuda institucional que dejó pendiente la gestión de Duarte de Ochoa con decenas de empresarios locales.
 
Eso sí, renegoció la deuda del gobierno del estado con la banca pero sólo ampliando los plazos de pago, lo que obviamente redujo el monto mensual de los intereses. Un negociazo para quien la reestructuró, pero pésimo para los veracruzanos.
 
Pero la rendición de cuentas está por iniciar. Seguramente será a partir del 5 de noviembre próximo, en cuanto se instale la LXV Legislatura local, cuya diputación mayoritaria será la de MORENA. Y diez días después tendrá que entregar por escrito al Congreso su segundo y último informe de gobierno. A ver qué tanto le cuadran los números en materia de finanzas, seguridad pública, salud, educación y obras públicas, por sólo citar algunos de los principales rubros.