icono menu responsive
Columnas y artículos de opinión
Diario de un reportero
Sin excusa ni pretexto
Miguel Molina
2 de noviembre de 2018
alcalorpolitico.com
Mientras analistas y expertos, inexpertos y críticos y acríticos discuten qué pasó y qué va a pasar con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y mientras los comentaristas de las redes sociales descubren a dónde se va a ir el dinero que va a salir del país (qué ganas de saber cuánto, decía Neruda), tenemos que hablar del clima.
 
El lobo del calentamiento global ya está entre nosotros. Las tormentas, las inundaciones, las sequías y otras consecuencias del cambio climático nos afectan a todos, pero más que nadie a quienes tienen muy poco o nada. Más allá de las teorías conspiratorias sobre la caravana de centroamericanos que avanza hacia el norte, habría que darse cuenta que huyen de la violencia y de la corrupción, pero también de la pobreza.
 
La caravana de este año no es la primera ni será la última. Hay muchas voces – más autorizadas que la de este reportero – que advierten que los fenómenos climáticos son un factor importante en las migraciones.
 

Desde hace años, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) señaló que la región, sobre todo Centroamérica, tendría que gastar alrededor de uno por ciento del producto interno bruto – más de lo que se invierte en investigación y desarrollo – para aminorar las consecuencias del calentamiento.
 
Según Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, "se requiere una reforma profunda de los mercados nacionales y globales (...) en favor de una economía menos intensa en carbono", es decir menos refinerías y más proyectos de energía natural y no contaminante.
 
El Banco Mundial es preciso respecto a nuestro país: casi la tercera parte de los mexicanos vive en áreas expuestas a huracanes, tormentas, inundaciones, sismos y erupciones volcánicas. En términos económicos, eso significa que más de setenta por ciento del producto interno bruto nacional se puede ver afectado por un fenómeno natural.
 

Pese a todo, el gobierno federal (sí: el de Enrique Peña Nieto) recortó el año pasado veinticinco por ciento de los presupuestos para programas de desastres naturales, pese a que la ONU advierte que un dólar en prevención ahorra siete dólares en respuesta a emergencias.
 
Pero más cerca de nosotros, en Veracruz, también se necesita una política efectiva de protección ambiental, algo que vaya más allá del discurso y las buenas intenciones.
 
Si uno pone atención, se dará cuenta del desastre ambiental que nos rodea: ríos y mantos acuíferos contaminados, basureros sin ton ni son, deforestaciones de las que ninguna autoridad se da cuenta, relleno de lechos lacustres (donde después hay inundaciones), falta de respeto a zonas protegidas, proyectos mineros que destruyen ecosistemas irremplazables, pasividad de quienes tendrían que velar por recursos naturales que no tienen repuesto.
 

Eso es lo que va a afectar a los veracruzanos – sobre todo a los veracruzanos pobres y paupérrimos – más que ninguna otra cosa. Poco se ha hecho para proteger nuestro ambiente. Como siempre, la responsabilidad ha sido de otros. Eso tiene que comenzar a cambiar dentro de treinta días. Ya, sin excusa ni pretexto.
 
Hablar sin haber leído
 
Lo que no cambia es la facilidad con la que algunos quieren imponer sus creencias sobre todos los demás. La prensa nos informa que José Manuel Suazo Reyes, vocero de la arquidiócesis de Xalapa, declaró que la Ley de Voluntad Anticipada "es confusa y ambigua (...) tendiente a autorizar la eutanasia".
 

Inmediatamente después de lanzar sus palabras al viento, el religioso admitió: "Desconozco bien todavía el dictamen pero lo estamos estudiando y lo vamos a estudiar y vamos a dar nuestra opinión al respecto, lo peligroso de todo esto es cuando se habla de la calidad de vida de una persona".
 
La ley – que se publicó en la Gaceta Oficial en agosto de este año con una gramática accidentada y pedregosa – es clara: cada quien tiene derecho a decidir qué hace con su vida...